A cuatro meses del plebiscito de salida, la opción de votar “en contra” de la propuesta de nueva Constitución que analiza el Consejo Constitucional lidera las preferencias, con un 60%, aumentando 16 puntos respecto de su medición el mes pasado, según datos de la encuesta realizada por VAR Constitucional, de la Universidad Diego Portales, junto a Feedback.
Datos que sin duda preocupan al mundo político, que no ha logrado instalar un debate transversal. Es más, los cuestionamientos hacia el Partido Republicano sobre cómo ha manejado su mayoría en el organismo ya no solo vienen desde el oficialismo, sino también desde Chile Vamos.
Durante la semana recién pasada, las cuatro comisiones del Consejo comenzaron el debate en particular de las enmiendas presentadas al texto entregado por la Comisión de Expertos (que superaron las mil).
Paralelamente, la Corte Suprema decidió rechazar el recurso presentado por consejeros de oposición, que buscaba invalidar la creación de nuevos capítulos en el texto. El máximo tribunal consideró que el Consejo Constitucional tiene la facultad para incorporar nuevos capítulos, como los dedicados a Fuerzas Armadas y Defensoría de las Víctimas, que propusieron desde la derecha.
Álgidas discusiones
Entre las enmiendas analizadas durante la semana recién pasada, la comisión de Derechos abordó las relacionadas con el derecho a la salud, las cuales proponen un plan de salud que contempla que “las personas serán libres para escoger la entidad, estatal o privada, a la cual entregar sus cotizaciones para procurar la cobertura de este plan, en conformidad a la ley”. Según representantes de Unidad para Chile, con esta redacción se estaría constitucionalizando el sistema de isapres.
En tanto, la comisión de Sistema Político analizó las enmiendas presentadas al capítulo sobre Representación Política y Participación, que es una innovación del anteproyecto respecto de la actual Constitución. Aquí se establece un protagonismo de los partidos políticos y la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formación de ley.
Desde la bancada republicana propusieron, mediante enmienda, que estos mecanismos sean de carácter “consultivo”. Al respecto, la consejera Beatriz Hevia (REP) sostuvo que la “participación ciudadana en el proceso de formación de la ley no puede ser vinculante”, ya que en el caso que lo fuera estaría alterando “todo el fin de la democracia representativa y el objeto por el que elegimos representantes en el Congreso Nacional”.
Por su parte, el consejero Christián Suárez (PS), precisó que la enmienda limita la democracia representativa, por lo que llamó a “romper con la idea de que solamente se le puede consultar a las personas. No es conveniente, damos una mala señal si es que nosotros hacemos referencia a que esa participación, en la elaboración de la ley, no obstante que la decisión final corresponda al Parlamento, sea solamente consultiva”.
La comisión de Sistema Político también abordó una enmienda del oficialismo, que establece escaños reservados para pueblos indígenas en el Congreso Nacional.
En la comisión de Principios, en tanto, continuó el debate en particular de los artículos 1 al 15 del capítulo sobre Fundamentos del Orden Constitucional del anteproyecto.
En una de las sesiones hubo diferencias en torno a la redacción del primer artículo del texto constitucional, particularmente en su inciso segundo que establece que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho”.
Desde la derecha, manifestaron sus aprensiones por dos enmiendas del oficialismo que buscan modificar su redacción, dejándolo de la siguiente manera: “Chile es un Estado social y democrático de derecho, intercultural, que reconoce derechos y libertades fundamentales”.
La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) comentó que en el caso de ser aprobadas, estas podrían ser objeto de reclamación ante el Comité Técnico de Admisibilidad, por ser una infracción a las bases institucionales.
Paralelamente, el control preventivo sustantivo volvió en forma de enmiendas a la comisión de Función Jurisdiccional. Respecto de esto, sectores de derecha buscan reponer esta facultad a la Corte Constitucional, órgano que reemplazaría al actual Tribunal Constitucional. Sin embargo, la propuesta fue criticada por representantes de Unidad para Chile.
Por otro lado, la comisión de Derechos se dedicó a discutir en torno al financiamiento del derecho a la educación. Sobre este tema, se encuentra la enmienda oficialista que propone establecer que “la educación superior será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley”.
Al respecto, la consejera Karen Araya (PC), explicó que la enmienda propuesta considera una implementación progresiva para la gratuidad para la educación superior, para eliminar “las barreras económicas que, a menudo, limitan el acceso de jóvenes talentosos y comprometidos a continuar con sus estudios”.
Por último, en su última sesión de la semana, la comisión de Principios debatió ampliar la paridad, a partir de las enmiendas presentadas por el oficialismo al artículo 4.2 del anteproyecto constitucional, las cuales generaron observaciones, dudas y críticas por parte de consejeras de la derecha.
Durante los próximos días, aún hay enmiendas que las comisiones deben discutir, por lo que se espera que esta fase dure hasta la próxima semana, para después abrir la etapa de votación en particular.
