Con 34 votos a favor y 17 en contra, el pleno del Consejo Constitucional aprobó el viernes pasado la enmienda que terminaría con la corta vida de la reforma de 2020 que limitó la reelección de autoridades.
Lo votado a favor establece que “los gobernadores regionales solo podrán ser reelegidos en sus cargos una vez de manera consecutiva. Los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos en sus cargos de manera consecutiva hasta dos veces”. No obstante, se establece una condición para levantar estas restricciones: “La regla anterior no se aplicará en caso de que se postulen como candidatos en una comuna o región diferente a la que ocupaban previamente”.
La iniciativa, que generó críticas entre los consejeros del oficialismo, también fue cuestionada por comisionados expertos, quienes argumentaron que la enmienda podría permitir que algunas exautoridades se mantengan en el poder de manera indefinida.
¿Cuál es el objetivo?
Según la politóloga y académica de la U. de Concepción, Jeanne Simon, “en la última década se ha hecho una serie de cambios en la legislación buscando la renovación de la política y de los políticos. De permitir que los candidatos(as) se puedan cambiar de territorio, se favorecerá a los mismos de siempre por sobre nuevas propuestas. También podría favorecer la personalización de la política. Me parece un cambio en la dirección equivocada”, aseveró.
En la misma línea, el analista electoral, Rodrigo Landa, expresó que “la reforma Constitucional que impuso el límite a la reelección de autoridades fue promulgada el año 2020 por el Presidente Piñera, con el objetivo de renovar los cargos de elección popular y dar respuesta a una amplia y profunda demanda ciudadana. La discusión de fondo en aquel entonces giró en torno a dos posiciones iniciales antagónicas: quienes defendían la ‘libertad democrática’ de los votantes, de optar o no por una persona que llevaba varios períodos en el ejercicio de su cargo, o bien, quienes estaban en favor del límite a la reelección como señal de transparencia y oxigenación del sistema político. Esta última visión, que fue finalmente la que se impuso, además con efecto retroactivo, se fundamentaba en la necesidad de entregar una señal a la ciudadanía que se estaba cambiando una regla que era caldo de cultivo para el nepotismo, el clientelismo y, finalmente, la eternización de las personas en el poder, con todos los efectos que ello también implicaba en materia de probidad, riesgos de corrupción y en la propia eficiencia de la gestión pública”, resaltó.
Dado que este avance fue recién hace tres años, y que sólo ha sido aplicado en las elecciones del 2021, Landa cree que “resulta bastante curioso, por decir lo menos, que el Consejo Constitucional apruebe una norma para que las autoridades puedan cambiarse de comuna o de territorio una vez que hayan cumplido dicho límite. Quizás es una norma que responde más bien a una discusión filosófica sobre el valor de la libertad, tanto para el candidato como para el ciudadano. Sin embargo, esa misma libertad puede verse constreñida cuando los candidatos gozan muchas veces del monopolio del poder o de un posicionamiento instalado en la opinión pública, afectando el necesario ‘tiraje a la chimenea’”, argumentó .
Todos estos elementos, añadió, “ya fueron parte de la discusión que se abrió durante la tramitación legislativa de la norma el año 2020, quedando una disposición muy razonable, que incluso no impide a las autoridades en ejercicio postularse a un cargo distinto. Resulta, además, poco oportuno este cambio, a un año de las elecciones de gobernadores regionales, cores, alcaldes y concejales, y a dos años de las elecciones parlamentarias, lo que genera especulaciones que pueden dañar en algo la imagen de un proceso que ya está complicado”, aseveró.
“Es reírse de la gente”
Para la experta en Marketing Político, Paulina Pinchart, la enmienda aprobada por el Consejo Constitucional “es realmente nada, es más, es reírse de la gente, porque se supone que si hay una jurisdicción por la cual la gente se presenta para las elecciones, es justamente porque dentro de las características que tiene que tener ese político, está el conocimiento del territorio. En teoría debería ser así, pero sabemos que ni siquiera los alcaldes lo cumplen. Por ejemplo, Jacqueline Van Rysselberghe, toda su vida vivió en Chiguayante y era la alcaldesa de Concepción, y el que puedan cambiarse de territorio, para mí es simplemente buscar un resquicio ante la ley, es simplemente ayudar a quienes están en el último período y todavía piensan que arrastran votos para seguir, es nada más para los partidos, quiere decir que el hecho que la persona esté en un territorio u otro es irrelevante”, manifestó.
