Dos plebiscitos y dos elecciones de Constituyentes habrá vivido Chile desde 2020 hasta fines de este año, cuando el 17 de diciembre culmine este segundo proceso Constituyente, con el plebiscito de salida.
Con un proceso fallido entremedio, no ha sido un camino fácil, y sin duda, el aspecto positivo a resaltar ha sido el entendimiento y los acuerdos a los que ha llegado el mundo político, cediendo en algunos casos más de tres décadas de férrea defensa de la actual Constitución de 1980, instaurada en dictadura.
La palabra “Constitución”, deriva del latín, y significa establecer en conjunto con otras y otros. La Constitución, también llamada Cartamagna o Carta Fundamental, corresponde a la ley más importante de un Estado y regula los aspectos fundamentales de la vida política de una nación. Asimismo, reúne los principios jurídicos y legales que ordenan el funcionamiento de un país.
Luego del estallido social del 18 de octubre de 2019, la tensa situación del país obligó a las fuerzas políticas a sostener intensas conversaciones. Finalmente, parlamentarios del oficialismo y representantes de gran parte de los partidos de oposición, elaboraron un itinerario con los principales puntos para un “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”.
El 25 de octubre de 2020, en plena pandemia del Covid-19, casi un 80% de los electores determinó en el plebiscito nacional aprobar una nueva Constitución mediante una Convención Constitucional paritaria, conformada por 155 miembros -17 de ellos pertenecientes a pueblos originarios-, quienes fueron elegidos en abril de 2021.
Sin embargo, en el plebiscito de salida del 4 de septiembre pasado, los chilenos decidieron rechazar el texto Constitucional propuesto por la Convención por un 62%, versus un 38% que lo aprobó. En Ñuble, el rechazo fue de un 74%, versus un 26% del Apruebo, convirtiéndose en la región de Chile donde menos apoyo concitó el texto. El voto fue obligatorio, sufragando en todo el país 13.021.063 personas.
El 12 de diciembre de 2022, las fuerzas políticas con representación parlamentaria nuevamente debieron ponerse de acuerdo, dando paso a la firma del “Acuerdo por Chile”, el cual definió el envío de un proyecto de reforma Constitucional para continuar con el proceso, estableciendo esta vez doce principios y bases generales, el cual fue aprobado.
Además, se crearon nuevos organismos: un Consejo Constitucional de 50 miembros, elegidos de manera paritaria por circunscripciones regionales (que votará el nuevo texto); un Comité Experto, compuesto por 24 personas elegidas por el congreso (que está redactando un anteproyecto), y un Comité Técnico de Admisibilidad, que zanjará disputas entre los órganos anteriores.
Cinco meses tendrá el Consejo elegido la próxima semana (a partir del 7 de junio) para culminar su tarea, la cual nuevamente será votada por la población en el plebiscito de salida del 17 de diciembre.
Los intentos por “democratizar” la Constitución
Nunca en la historia de Chile una Constitución fue escrita mediante un órgano elegido democráticamente.
El primer reglamento constitucional de 1811 es considerado el primer cuerpo legal de la historia política chilena con elementos de naturaleza constitucional.
Luego, durante el gobierno de José Miguel Carrera, se dictó el Reglamento constitucional de 1812, el cual incluyó diversos conceptos políticos modernos, tales como el de soberanía nacional, régimen representativo, división de poderes públicos y garantías individuales de las personas, entre otros. Es considerado el primer texto constitucional chileno, y fue derogado el 6 de octubre de 1813.
Varios textos se sucedieron en los siguientes años, siendo la Constitución de 1833, bajo el mandato de José Joaquín Prieto e ideada por Diego Portales, la que perduró por más tiempo.
Reformada en varias oportunidades, a partir de 1865, rigió hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1924.
El 18 de septiembre de 1925 fue promulgada por el Presidente Arturo Alessandri Palma la Constitución de 1925, la cual fue sometida a plebiscito el 30 de agosto del mismo año.
Ésta puso término al sistema parlamentario, estableciendo un régimen presidencialista, y a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, quedó subordinada al poder militar.
Esta Constitución se dictó en un contexto de crisis del orden oligárquico parlamentario y de ascenso de los sectores medios y populares, que tuvo su manifestación en la presidencia de Arturo Alessandri Palma, entre 1920 y 1925.
El 3 de septiembre de 1924, la intervención de las fuerzas armadas en la institucionalidad política, y el 12 de marzo de 1925, fecha en la que Alessandri retoma la primera magistratura luego de seis meses fuera del poder, son coyunturas históricas claves para comprender el origen del nuevo texto.
En tanto, transcurridos casi siete años desde el golpe militar de 1973, fue promulgada, la Constitución de 1980 -que nos rige actualmente-, durante el régimen militar del general Augusto Pinochet Ugarte.
Intervinieron en su elaboración la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, presidida por el abogado Enrique Ortúzar; el Consejo de Estado, y la propia Junta de Gobierno, integrada por los cuatro altos jefes de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros.
Mediante el Decreto Ley N° 3465, publicado el 12 de agosto de 1980, se convocó a un plebiscito sin registros electorales para el día 11 de septiembre de 1980, destinado a que la ciudadanía se pronunciara sobre la nueva Constitución, entrando en vigencia el 11 de marzo de 1981, y rigiendo hasta la actualidad.
Luego de las elecciones de consejeros Constitucionales del próximo fin de semana, se instalará el Consejo Constitucional, órgano que tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución emanada de la Comisión Experta, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada.
Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum.
Una vez terminado este trabajo, está programada la realización del plebiscito ratificatorio, el 17 de diciembre, que legitimará -o no- el trabajo realizado por los distintos estamentos. Para este proceso electoral, el voto será obligatorio. De aprobarse, la nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la Constitución de 1980 que nos rige actualmente.
