Mariella Dentone, procuradora del Consejo de Defensa del Estado, (CDE) Ñuble sufrió un accidente, mientras estaba en un actividad particular, que afectó los ligamentos de una de sus rodillas, durante el fin de semana pasado.
Por esta razón, a primera hora del lunes envió una solicitud a la Corte de Apelaciones de Chillán, para suspender la audiencia en la que se alegarían los recursos de nulidad interpuestos por el propio CDE y el Ministerio Público Regional, tras el fallo adverso (absolutorio) con el que el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán resolvió el juicio de fraude al Fisco y de subvenciones investigado en la Municipalidad de Chillán Viejo, la que tuvo a nueve funcionarios y exfuncionarios acusados de esa casa consistorial, más una empresaria particular.
Esto a solo a 48 horas de que se realizara esta audiencia en el Tribunal de Alzada regional.
Más allá de que la Corte de Apelaciones siempre acoge las solicitudes de suspensión hecha por una única vez, por alguno de los intervinientes (por tratarse de un derecho constitucional a hacerlo), el argumento para esta petición formulada por el CDE es que, a raíz de ese accidente, Mariella Dentone está con reposo absoluto y con su debida licencia médica.
La suspensión, se advirtió, podría extenderse aún más que un par de semanas, puesto que el nivel de la lesión sufrida por la procuradora, le significaría casi con total certeza, ser intervenida quirúrgicamente.
“Esto no nos afecta”
Consultada la contraparte de los persecutores, respecto a esta suspensión de los alegatos, más allá de lamentar la situación sufrida por su colega, dijeron no sentirse afectados mayormente.
“En primer lugar hay que entender que se está haciendo, sencillamente, de un derecho constitucional que todos los abogados tienen; y en segundo lugar, yo ya le había dicho a mi cliente que este tipo de situaciones eran normales y esperables en esta clase de casos”, dice Giovani Gotelli, representante del exdideco chillanvejano, Andrés León.
Pese a esto, Gotelli agrega que “espero que no se extienda mucho la suspensión, después de todo el Consejo de Defensa del Estado tiene más abogados que conocen la causa”.
Más escueto, su par Carlos Astorga, representante de Francisco Fuenzalida, dice que “ni a mí, ni a mi cliente nos afecta en los más mínimo la suspensión”.
Inhabilitación
Tangencialmente, esta suspensión dilató la resolución que debían tomar los ministros de la corte local, respecto a la solicitud hecha por el abogado Julio Díaz de Arcaya, defensor del suspendido alcalde, Felipe Aylwin, quien sugirió la inhabilitación de este tribunal, por conocer demasiado la causa, y -en aras de la transparencia- traspasarla a la Corte de Apelaciones de Concepción.
