Los compromisos programáticos del Gobierno requieren más de 70 proyectos de ley que el Presidente Gabriel Boric debiera enviar al Congreso durante los próximos 4 años, con una conformación de ambas cámaras que no le es favorable y en medio de una coyuntura muy compleja, para así cumplir el programa con el que fue electo.
Para el Gobierno, la prioridad legislativa es una reforma tributaria “bastante ambiciosa”, en palabras del ministro Mario Marcel. Y así sería, pues las metas de recaudación que plantea, de 5% del Producto en cuatro o cinco años, es más que la suma de las dos grandes reformas que hemos tenido desde el retorno a la democracia.
Otras propuestas legislativas prioritarias para el Gobierno son el aumento del salario mínimo; la reforma previsional; la reforma a la norma antielusión, una nueva ley de pago a las pymes. También contemplan ingresar un proyecto para la creación del sistema nacional de salud y la reforma de sistema universal de salud, la ley de salud mental integral y la nueva ley de drogas.
Además, se busca derogar la actual y controversial Ley de Pesca para sustituirla por una nueva; modificar y suprimir “leyes represivas” en cuanto al derecho a manifestarse; eliminar la figura del delegado presidencial, y “terminar con la lógica del Sename”, al fortalecer a las familias de acogida y derogar la norma de subvenciones.
En total, son 73 los proyectos de ley debería impulsar el Ejecutivo para cumplir su programa de Gobierno. Sin duda, una agenda legislativa maximalista que llama la atención por lo mismo, por su amplitud, pero que no debe perder de vista un aspecto esencial: la calidad legislativa.
León Tolstoi dijo que es más fácil hacer leyes que gobernar, y puede haber tenido razón, pues hacer buenas leyes puede resultar muy difícil. El análisis costo-beneficio de una iniciativa es un primer aspecto clave para todo proyecto de ley, aunque éste no implique gasto fiscal. Allí quedará de manifiesto si una norma que beneficia a un sector determinado puede perjudicar a otros o causar efectos secundarios en ámbitos diversos.
Un segundo principio que conviene revisar -aunque parezca obvio- es que la ley debe tener asidero en la realidad y en el sentido común. Se debe evitar el idealismo legislativo tan propio de nuestro país, de pensar que las leyes pueden solucionar todos los problemas de la sociedad o suprimir todas las desigualdades entre los ciudadanos.
Finalmente, resulta clave legislar con visión de largo plazo. Es perjudicial presentar proyectos de ley inmediatamente después de que ocurre algún episodio que genera atención pública. Actuar impulsivamente impide dimensionar los sucesos sin prejuicios y con visión de futuro.
Los principios de participación, costo-beneficio, realismo y largo plazo parecen muy obvios, pero muchas veces lo más fácil de decir resulta ser lo más difícil de hacer. Después de todo, hacer buenas leyes puede ser tan difícil como gobernar.
