Con la sesión plenaria número 105 en el puerto de Mejillones, la Convención Constitucional culminó ayer su salida a terreno en la Región de Antofagasta, ocasión en la que se constituyeron las tres últimas comisiones, que le darán forma al texto que actualmente cuenta con 499 artículos.
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Se trata de las instancias de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias. Solo en la primera, cuyo objetivo es revisar aspectos de forma del borrador y velar por la concordancia de sus normas, participan convencionales ñublensinos: Felipe Harboe, del colectivo del Apruebo, y Martín Arrau, de Chile Libre.
En la última sesión, desarrollada el jueves, se aprobaron las correcciones de tipo formal, correspondientes a la capa nuclear propuesta por Claudia Poblete, doctora en Filología, y asesora técnica de la Secretaría Técnica de la Convención.
También se votaron y deliberaron las indicaciones ingresadas a la estructura propuesta por la Secretaría Técnica.
Al respecto, Felipe Harboe quedó conforme con lo aprobado en la comisión.
“Hubo un amplio acuerdo, y eso es importante. En general, quedó una buena estructura para el nuevo texto constitucional, el haber partido con principios y disposiciones generales, luego incorporar nacionalidad y ciudadanía dentro de los derechos fundamentales y garantías, creo que fue un acierto; y distinguir los derechos de las personas de los de la naturaleza también es importante. Donde sí tengo una observación y la manifesté, fue que en vez de haber dejado en igualdad de condiciones la función legislativa, la ejecutiva y la judicial, se optó mayoritariamente por la idea de poner al poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y Sistemas de Justicia, entonces aparece como que la justicia no fuera un poder o una función igualmente relevante que las otras, algo complejo, porque en democracia, la institucionalidad encargada de defender los derechos, e incluso de aplicarlos, es la justicia. Pero todo el resto me pareció que quedó bastante bien”, afirmó.
Martín Arrau, en tanto, cree que debió conservarse el orden convencional presente en otras constituciones.
“Se debieron poner consideraciones políticas y derechos de las personas por sobre otras cosas, como los derechos de la naturaleza. Pero bueno, se decidió darle otro ordenamiento bien poco convencional a este borrador, que espero, no dificulte la lectura. Invito a las personas a leer el borrador que ya está en las diferentes plataformas, con sus 499 artículos, para que se vayan formando su propia opinión de lo que allí se propone en el fondo más que en la forma”, manifestó.
El orden de estos títulos aprobados aún no está definido por la comisión, trabajo que se realizará durante las próximas semanas.
Tammy Pustilnick (INN), coordinadora de la comisión, señaló a LaNeta.cl que con esta decisión queda zanjado el primer desafío “de salir de Calama con la estructura base de la nueva Constitución”, ya que esto les permitirá distribuir cada uno de los 499 artículos en las secciones aprobadas el jueves.
Para Pustilnick, terminada la distribución de las normas constitucionales, comenzará el tercer gran desafío de la comisión.
“Una vez teniendo estas secciones con nombres, ordenados los artículos en cada una de estas secciones con subcapítulos y, también estableciendo el orden de estos capítulos, vamos a entrar a armonizar respecto de incongruencias, incompatibilidades que detectemos en el texto constitucional. Y se podrán hacer indicaciones respecto de estos artículos”, sostuvo la coordinadora de la comisión.
El próximo martes 24 y miércoles 25 de mayo, en tanto, la instancia recibirá a distintos expositores y expositoras.
Preámbulo y Normas Transitorias
Respecto del avance de las otras comisiones, Preámbulo deliberó en torno a las cinco propuestas que serán parte del texto base del prólogo.
Algunas de ellas replantean el 18 de septiembre como fecha de unificación nacional; otras, incorporan en su primer párrafo a todos los pueblos originarios y a su historicidad en el territorio chileno; apelan a la diversidad de orígenes y reconocen la diversidad; aluden a la naturaleza, o mencionan la importancia de enfrentar el cambio climático.
También se estableció el cronograma de funcionamiento y de protocolo de la comisión para la próxima semana, fijándose la votación en particular para el próximo jueves 26 y viernes 27.
A su vez, se aprobó la estructura de texto del preámbulo, que contará con criterios de flexibilidad, además de un lenguaje sencillo y didáctico.
Normas Transitorias, en tanto, recibió a instituciones del poder constituido, las que presentaron sus recomendaciones para el proceso de elaboración de artículos.
De aprobarse la propuesta constitucional, y tras 10 días de promulgada su victoria, en teoría, se deroga la actual Constitución. Sin embargo, el ministro de Segpres, Giorgio Jackson, quien expuso ante la instancia, expresó que “es importante entender que hay también muchas cosas que están actualmente en la Constitución y la pregunta es cómo algunas entran en vigencia inmediatamente, o algunas pueden tardar un poco”.
En ese sentido, desde la cartera de Gobierno vislumbran algunas opciones para resolver este conflicto normativo sobre la continuidad de la función pública.
Una de las propuestas es “incentivar” al congreso para que cumpla con los plazos establecidos, por ejemplo, para dictar normas complementarias, proponiendo que entre las normas transitorias se establezca la posibilidad de que el gobierno legisle por la vía de los decretos con fuerza de ley, si es que el Legislativo no cumple los plazos estipulados. Esto, sin embargo, no fue bien recibido por sectores de la oposición.
Comisión de Implementación
Otro punto presentado por el ministro se trató de la recomendación del Ejecutivo de crear una comisión de Implementación de la nueva Constitución. De acuerdo con su explicación, el rol de este espacio sería elaborar una hoja de ruta con propuestas de legislación, de adecuación normativa y distintas recomendaciones de políticas públicas que tengan que ser implementadas en el proceso de nueva Constitución.
Se sugirió la posibilidad de mandatar al Poder Ejecutivo que constituya esta comisión a través de una norma transitoria, entregándoles autonomía para operar y contemplar la posibilidad de que el Ejecutivo preste apoyo financiero, técnico y administrativo, como también la definición de un plazo para su funcionamiento. Respecto de este último punto, el ministro indicó que “cerca de seis meses podrían ser más o menos para que tengan una hoja de ruta que tenga fuerza vinculante, de tal forma que el Ejecutivo tenga que seguir esos lineamientos y todos los otros órganos también”.
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