Deficiencias en la gestión administrativa reveló una auditoría externa realizada en el municipio de Coihueco, cuyos resultados fueron entregados en la última sesión de Concejo Municipal.
El análisis realizado al Departamento de Administración y Finanzas, a solicitud de tres concejales, estuvo a cargo de la empresa consultora Fortunato y Asociados Ltda, abarcando el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2021. Una vez conocido el resultado, el alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, instruyó un sumario interno para clarificar cada uno de los puntos observados. “La auditoría externa no establece que exista alguna falta o pérdida de recursos económicos de las arcas municipales, los cuales están bajo cautela de nuestro Departamento de Administración y Finanzas”, precisó el municipio a través de una declaración pública.
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La entidad edilicia solicitó al director de Administración y Finanzas, para que en un plazo de cinco días hábiles, entregue un plan de acción al corto, mediano y largo plazo, que permita subsanar todas y cada una de las observaciones planteadas; entre ellas, incorporar aquella documentación que en esta auditoría se informó como no existente, elaborar manuales de procedimientos, habilitar plataformas informáticas y capacitación, entre otras.
Respecto de la auditoría, el concejal Luis Améstica afirmó que los temas que se revisaron deben ser abordados con prontitud por parte de la administración municipal. “Me llama la atención y resulta de gran preocupación la revisión de conciliación bancaria, del libro de remuneraciones, el análisis de los Bienes de Uso Depreciables e Intangibles, la confección de planillas y hojas de trabajo, la verificación de información de terceros y entrevistas con personal, entre otras cosas”, dijo.
Para el concejal Juan Guillermo Arteaga, “hay una falta de apego a la normativa vigente y a las resoluciones de Contraloría en nuestros procesos contables y financieros. Además, me llama mucho la atención la imposibilidad de conocer a ciencia cierta el patrimonio real del municipio, los pagos millonarios sin un debido respaldo, el no cobro de patentes, la no recuperación de pagos de licencias médicas y presuntas deudas previsionales”.
Su par, Wilson Palma, afirmó que “existe una boleta por $24 millones de compra de combustible del año 2019 la que debería haber sido una factura según las normas contables y no se pudo demostrar el pago de este compromiso”.
Además, Palma apuntó a una supuesta falta de transparencia en el Departamento de Administración y Finanzas, el cual, según expuso, “no ajusta sus procedimientos a las instrucciones de Contraloría, por lo tanto, recurriremos a esta entidad para dar más claridad a los hechos”.
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