La ventaja competitiva es un principio básico para el desarrollo de los sistemas económicos. De las ventajas competitivas, se deduce la especialización. De la especialización, se obtiene la riqueza. De la generación de riqueza, se sustenta la actividad económica. De la actividad económica, se generan las oportunidades. En las oportunidades, los hogares de Ñuble pueden avanzar en dignidad y justicia social.
En simple, en un sistema económico basado en ventajas competitivas las empresas participan en la cadena de valor sostenible, con margen de comercialización superior a los que se genera en la competencia. Este fenómeno es uno de las principales razones que explica el desarrollo de la capacidad exportadora de los territorios.
En el marco de la cadena de valor alimentaria sostenible, Ñuble ostenta importantes ventajas competitivas. La transición entre climas templados secos de la zona central y los templados lluviosos desde el borde sur de la cuenca del Itata, permiten a Ñuble disponer de tierra cultivable para la producción agrícola sostenible. La actividad agrícola es parte de la cultura, el patrimonio y la actividad económica del territorio y su gente. Existe claridad respecto de las inversiones mínimas requeridas para sostener la actividad agroalimentaria, como ocurre con el proyecto “Embalse Nueva La Punilla”. Existe un entorno propicio para asegurar el suministro de materias primas para abastecer la agroindustria. Se han comenzado a generar interés de los inversionistas para aumentar la capacidad instalada de almacenamiento en Ñuble. Se dispone de vías expeditas para la distribución de los productos hacia el mercado nacional e internacional. Finalmente, existe el know how exportador en el sector agrícola, con exportaciones anuales del orden de los 350 millones de dólares FOB.
Si existen tales ventajas competitivas, ¿qué se necesita para que se puedan aprovechar para apalancar el desarrollo económico y social del territorio?
Principalmente se requiere que los agentes locales se crean el cuento. Se necesita una fuerte correlación entre la cultura, el patrimonio, la actividad económica, y los planes de desarrollo de nuestra región, donde el mínimo común denominador sea la actividad agroalimentaria.
En este ámbito, se debiese priorizar y/o gestionar la inversión pública regional para dotar a la región de la infraestructura y tecnología que requiera la actividad agrícola; anualmente. La actividad agrícola debiese estar presente en la política pública local. Los organismos sectoriales debiesen transformarse en Grupos de Intermediación y Transferencia Tecnológica. Las instituciones de Educación Superior debiesen incorporar en su presupuesto el funcionamiento de Centros de I+D+i agrícola. La política económica debiese permitir franquicias tributarias que estimulen la inversión local en agroindustria. Se debiese implementar una política territorial que contribuya a preservar y/o recuperar tierras cultivables. Los grandes centros urbanos debiesen implementar estrategias para atraer oferta de productos y servicios financieros especializados para la agricultura. Los actores públicos y privados locales debiesen materializar inversiones para el desarrollo sostenible y la conectividad digital de la ruralidad; entre otras iniciativas.
En nuestras manos está la opción de ampliar las oportunidades para el mundo rural. Los invito a ejercer nuestro derecho a soñar, pero conscientes de nuestra responsabilidad en aprovechar nuestras ventajas competitivas para convertir dichos sueños en realidad.
