La falta de dotación de funcionarios públicos en la Región de Ñuble, a cinco años de su creación es de 1.565 personas. Es decir, nuestros servicios públicos funcionan con apenas un 10% más de personal que cuando éramos una provincia de no más de 350 mil habitantes. Hoy la nueva región supera las 500 mil personas.
Por otro lado, cada región del país cuenta con cerca de 90 servicios públicos, pero en Ñuble las oficinas son cerca de 80. “Pero la realidad es que algunas de estas reparticiones son tan minúsculas que la gente ni siquiera sabe que existen; funcionan con uno o dos empleados y a veces hay dos de estos servicios en una misma casa. Es decir, existen sólo para que no se diga que faltan”, explica la presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), abogada María Teresa Hellman.
La dirigente se retrotrae a aquellos meses en los que ya era inminente que Ñuble se convertiría en región y les explicaron que para funcionar administrativamente con esta nueva administración territorial, se añadirían 1.300 funcionarios más. “Pero de esas 1.300 personas apenas contrataron 300. Y los que se quedaron han tenido que trabajar por esas mil personas que faltan”.
Es por esto, que hay servicios como el Senadis que cuenta con apenas tres funcionarios para atender las necesidades de todos los discapacitados de la región (necesitan 24); Injuv Ñuble, cuenta con dos personas, otras dos en el IPS y en la Conadi Ñuble, hay un solo funcionario.
¿Cómo impacta esto al vecino común? La respuesta la entrega la propia dirigente. “Con la demora en la entrega de sus tramitaciones, en la cantidad de viajes que aún deben realizar desde otras comunas a Chillán, con una cantidad impresionante de personas que se van malhumorados porque no les resuelven sus problemas, demoras para obtener permisos y, en algunos casos más dramáticos, en la demora de entrega de garantías que, por lo que sabemos, tiene a un par de empresas particulares muy complicadas”, añade.
400 funcionarios más en 2024
El camino para conseguir mayor dotación tuvo un trazo prestablecido.
Las primeras solicitudes fueron realizadas a los respectivos directores de servicio. Como era de esperar, las soluciones no se iban a encontrar en esta instancia.
Por lo tanto, los funcionarios acudieron a las respectivas seremías. Posteriormente, se reunieron con el delegado presidencial, Gabriel Pradenas y al no conseguir mayores respuestas, viajaron a Santiago para conversar con Enrique Inostroza, jefe de división del Gobierno Interior.
Todo lo anterior en medio de una serie de paros realizados por diversos servicios en la región y que depusieron recién la semana pasada, tras acordar que en un plazo de tres años, la dotación necesaria estaría completa, conforme el compromiso adquirido desde la Dipres en Santiago.
Acuerdo que si bien no dejó muy conformes a los solicitantes (sobre todo porque ya en 2018 se dijo que estaría todo en regla en dos años), al menos les dio para bajar la guardia puesto que les prometieron que los primeros 400 empleados se contratarían este 2024.
“Estos procesos de instalación son paulatinos y de una u otra manera tienen que propiciarse en cada rincón de Ñuble, urbanos y rurales, especialmente cuando tenemos brechas de conectividad, brechas sanitarias y otras más que tenemos que ir superando. Sabemos que no siempre se puede cumplir con el 100% de las solicitudes, pero al menos lo que buscamos es seguir constantemente mejorando”, apuntó el delegado presidencial Pradenas, una vez que el pasado jueves ya todos los servicios que se habían adherido al paro regional, volvieron a sus funciones habituales.
“Solo gente capacitada”
El conocido chiste del “Fin del Mundo” original del humorista Hermógenes Conache y popularizado por el Bombo Fica, relata el ir y venir, el subir y bajar de una persona intenta conseguir un permiso municipal para tener un bunker en su domicilio.
Con ya millones de visitas en Youtube, la historia asienta en la conciencia local la idea de funcionarios públicos flojos, poco diligentes y aplicando siempre la ley del menor esfuerzo.
Este es, sin dudas, uno de los motivos por lo que “hay gente que no entiende de qué se trata esta demanda. Creen que estamos pidiendo más plata, nos tratan de flojos y que queremos sacar la vuelta”, se lamenta María Teresa Hellman.
Otro golpe a la moral de los trabajadores es el concepto de “grasa estatal” que apunta a una gran cantidad de funcionarios públicos que fueron contratados sólo por compromisos de campaña o para contar con operadores políticos al interior de los servicios.
“De eso hay, eso yo lo sé. Pero son más bien en las reparticiones políticas, no en estas direcciones de servicios. Acá lo que estamos pidiendo son personas con un perfil técnico, gente que sepa hacer la pega, profesionales que vengan a llenar cargos que realmente hagan falta y no otro tipo de gente”, añadió.
Por otro lado, este concepto de “grasa estatal” desaparece en estos servicios técnicos cuando se revisan las estadísticas, “y los números no mienten. Yo soy economista, y mi mundo son las cifras. Y las cifras dicen claramente que si en Biobío hay cerca de 260 funcionarios para el MOP, en Ñuble no hay más de 90, entonces es imposible decir que lo que se requiere es reducir la cantidad de servidores públicos cuando vemos que hay empresas que pueden incluso arriesgar perjuicios económicos irreparables por falta de personal para realizar algunos trámites urgentes”, dijo el economista Pablo Easton, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, tras el último seminario sobre productividad en Ñuble.
Y la empresa a la que hace alusión es a la constructora Remfisc Chillán, una de las dos firmas locales que realiza grandes obras para el MOP Ñuble y que, por demoras administrativas causadas por la falta de personal en esa seremía, tienen retenida boletas de garantías por cerca de $1000 millones y los bancos no tienen los mismos plazos que los mnisterios.
En conversación con LA DISCUSIÓN, el gerente de Remfisc Chillán, Carlos Sierra, explicó que “sabemos que el seremi, Paulo de la Fuente y todo el personal del MOP han tenido la mejor intención de hacer las cosas, lo mismo que la gente de Vialidad, la cantidad de trabajo que tienen es mucho para tan poca gente, sin olvidar que muchas personas que son parte de esta dotación trabajan, por ejemplo, en las maquinarias y no en lo administrativo, lo que reduce mucho la gestión”.
Remfisc fue la encargada de pavimentar la Ruta N335-447, en el sector de Moticura, que une San Carlos con Nahueltoro, paralelo a la ruta a San Fabián.
“Allí teníamos una boleta de garantía adicional, la que por reglamento, se devuelve una vez que se hace la recepción provisoria de la obra, recepción que todavía no se oficializa por falta de personal administrativo. Cuando a uno le deben plata, uno también debe y como tenemos la mayoría de las obras del MOP, el problema para nosotros es realmente grande”, advirtió.
Pero el MOP no es el único servicio “grande” que ha tenido problemas graves debido a un funcionamiento deficiente por falta de personal. Otra repartición igual de sensible para una región como la de Ñuble que ha acusado muchas dificultades es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
De acuerdo con lo que manifestaron de manera pública cuando el pasado 11 de septiembre se adhirieron al paro de la Anef, cuentan con 128 funcionarios y no con la dotación de 167 que requieren.
Como no por esto las exigencias son menos, ya se ha evidenciado un desgaste físico, lo que se traduce en licencias médicas, muchas de ellas psiquiátricas, porque se sobrecarga a quienes quedan en las oficinas, generando un efecto dominó con el resto.
“Esto también dificulta entregar respuesta a requerimientos específicos como por ejemplo en la Dirección Regional, por no contar con un ingeniero forestal en el área”, explican.
Es en esa necesidad de responder ante urgencias que hay personas que deben trabajar incluso los domingo, por si por ejemplo, hay un llamado para rescate de fauna.
La dirigente gremial del SAG, Ingrid Godoy, acusa que “nosotros estamos cubriendo la función de dos o tres personas cada uno, entonces estamos tan estresados que cae una persona con licencia, y cuando vuelve, caen dos más. La cantidad de público que se atiende es grande y, por ejemplo, en cuanto a los trámites de las subdivisiones prediales, que no debería tramitarse en más de 60 días, está demorando de seis a ocho meses”.
De esta manera, si una persona tiene urgencias por vender un predio, en las condiciones actuales en que opera la región, más le vale entender que debe planificar la venta con más de un semestre de anticipación.
Además, acusan la falta de $15.000.000 para cumplir con las comisiones de servicio comprometidas para terminar este año 2023.
“Nuestra infraestructura es añosa y deficiente, lo que ha provocado colapso de alcantarillado en la Oficina Chillán y Laboratorios Regionales, el que desde mayo del año pasado nos ha dejado con déficit de servicios higiénicos para la dotación existente, teniendo un solo baño propio, además del evidente hacinamiento en las oficinas”, advierten.
La oficina SAG Bulnes, se encuentra en un edificio de madera que data de los años 60, con aislación deficiente, deterioro en sus pisos, con goteras en pasillos y oficinas. El hacinamiento también es evidente.
En la de San Carlos, como el resto de las oficinas mencionadas, adolece de mantenimiento, incluso el espacio de atención de público es reducido, por lo que requieren ampliar un alero, para proteger a los usuarios de las inclemencias climáticas.
El presupuesto mínimo que se le asigna al SAG Ñuble, muchas veces no permite pagar los servicios básicos, debiendo recurrir a recortes en otros bienes y servicios para cumplir con las funciones que nos mandata la Ley.
“A veces no tenemos presupuesto para la adquisición de los EPP, así como los insumos de oficina necesarios para el funcionamiento, como tintas, materiales de aseo, materiales de escritorio, etc”, publicaron.
El SAG Ñuble carece de inmuebles propios y debe arrendar las oficinas, lo que en total llega a cerca de 8 millones de pesos, factor que encarece el ya escuálido presupuesto regional que los hace mirar con recelo a quienes, en cambio trabajan en los ministerios. “Ellos manejan otros presupuestos, muy diferentes a los nuestros”, apuntó Paola Godoy.
En los autos propios
La falta de logística, también es un factor que ha ido mermando la salud mental de los funcionarios.
Así lo explica Paola Vera, dirigente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, quien dijo a nuestro medio que “antiguamente, nosotros teníamos recursos para desplazarnos a las 21 comunas y eso ya no está disponible. Yo atiendo a 36 establecimientos lo que significaba que teníamos que hacer unas seis veces al mes, pero ahora sólo podemos hacer tres, y esas salidas son para orientar y para verificar los planes de mejoramiento, lo que es muy complicado y es una obligación legal”.
Para cumplir, deberán trabajar de manera simultánea con más de una escuela, lo que va en detrimento con la calidad del proceso.
Por lo demás, la dirigente explica que “no contamos con vehículos para estos viajes, en toda la repartición apenas tenemos uno solo que es un jeep y la seremi tiene una camioneta, así que tenemos que viajar en nuestros propios autos o en micro”.
Si bien a ojos comunes, esta dirección no es “vital” como Salud, el MOP o el SAG, para Paola Vera, “nosotros somos vitales a largo plazo, porque nuestro trabajo es mejorar la calidad de la educación de las personas”.
¿Quién hace los caminos?
La frase “esta región partió al revés” ya se ha hecho todo un comodín en los debates sobre las necesidades regionales.
Una postura masiva apunta que se debió haber partido por la infraestructura, caminos, puentes y redes de energía y agua, antes que por la conformación del servicio público.
“Bueno, pero y ¿quién hace los caminos y los puentes? Vialidad, pues, es decir, el servicio público”, replica María Elena Hellman.
La dirigente regional añade que otra de las dificultades que tienen como servicios de atención, es “que hay mucho desconocimiento por parte de las personas. No saben muy bien ni dónde ni cuándo hacer sus trámites, entonces vienen a la Comisión Nacional de Riego, cuando tenían que ir a la DGA. Uno les aclara, y se van muy enojados creyendo que simplemente no se les ayudó por mala voluntad”.
Para superar estas visiones “basadas en la ignorancia”, como acusa, han tratado de realizar charlas explicativas con apoyo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
“Pero nos pregunta la gente si les vamos a regalar algo y como no tenemos nada que regalarles, salvo conocimiento, no se interesan y no van”, comentó.
Lejos de rendirse, se hará un tercer intento con las juntas vecinales.
En la ocasión se le hará entrega a los dirigentes, una guía “muy didáctica, tipo cortapalos, sobre qué servicios existen, cómo funcionan y para qué sirven cada uno. Es muy sencilla de entender, basta con saber leer y no es necesario manejarse en lo digital ni usar Internet”, adelanta.
Todo esto, en razón a la conclusión final de este conflicto, y que apunta a que los reales perjudicados con estas carencias en los servicios públicos, al fin y al cabo son las personas, los propios vecinos de la ciudad.
El presidente regional de la Asociación Nacional del Servicio de Impuestos Internos, William Cerda, detalla al respecto que “a nosotros nos habían dicho que como región partíamos en 2019 y nos preparamos para eso. Después nos salieron con que había que partir en 2018, pero no estábamos listos, no teníamos ni la infraestructura ni el personal ni en lo logístico. Andar corriendo ha sido la única solución, sobre todo porque después vino el problema de las manifestaciones, después la pandemia y eso a los emprendedores de la zona les afecta directamente, sobre todo a los que no viven en Chillán”.
La posibilidad de contar con servicios online no es, realmente, una solución para las personas de los sectores rurales por sus bajos conocimientos sobre el uso del Internet.
“Ver personas molestas, decepcionadas o que se van de mal humor es cosa de todos los días. Pero se van decepcionadas del sistema, no se van enojados con nosotros, ya que entienden que no estamos pidiendo un aumento de sueldo, sino el poder trabajar con las condiciones mínimas para poder entregarles un buen servicio”, concluyó.
