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PDI realizó interceptaciones telefónicas y allanó seis casas

Foto: Mauricio Ulloa

Antes de concretarse las detenciones de los abogados Marcelo Campos, juez de Policía Local de Pemuco y asesor del municipio de Chillán; y de Ricardo Vallejos, administrador municipal de Chillán, la fiscal regional, Nayalet Mansilla,  había instruido que se le enviaran informes diarios respecto a la investigación por delitos asociados a corrupción que lidera el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez.

Para ese martes, cuando ambos fueron sacados con esposas de sus casas, apercibidos que se les arrestaba por los delitos de cohecho y violación de secreto, la investigación avanzó lo suficiente como para convencer a la jueza titular del Juzgado de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez, que diera una orden a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán, para proceder.

Y en total fueron seis los domicilios allanados. Todos en Chillán, correspondiendo a los de ambos imputados y otros cuatros funcionarios de la municipalidad de la capital regional.

De esas seis casas, más las oficinas municipales intervenidas por la Bridec y de las oficinas del Juzgado de Policía Local de Pemuco, allanamiento a cargo de la fiscal Paulina Valdebenito, se retiraron celulares y computadores en una cantidad que hasta hoy no ha sido revelada por el Ministerio Público, que declaró la causa secreta por 40 días.

Paralelamente, se repetían los mismos operativos en oficinas municipales de Iquique, a manos de la Fiscalía Regional de Tarapacá,  y en el domicilio del empresario Marcelo Lefort, en Santiago, por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Todo en el contexto de presuntos fraudes en los procesos de licitación para el recambio de luminarias con tecnología led para las comunas respectivas, y que se adjudicó la empresa de Lefort, Itelecom.

Los allanamientos, las detenciones y el que se haya solicitado tres días para ampliar la detención de los abogados en Chillán, fueron criticados por los defensores, Ricardo Robles (por Ricardo Vallejos) y Giovani Gotelli (por Marcelo Campos), quienes discutieron que por el tipo de delitos que se le imputaban, por ser personas públicas y por no contar con antecedentes penales en su contra, bastaba con una citación para asegurar su comparecencia a la audiencia.

Sin embargo, en la misma audiencia, el fiscal Pérez advirtió que había evidencia suficiente para justificar el procedimiento, la que sería revelada este próximo sábado cuando se realice la audiencia de formalización.

Según fuentes a las que tuvo acceso La Discusión, entre los antecedentes que posee el fiscal Pérez hay grabaciones de interceptaciones telefónicas con conversaciones que sustentarían la formulación de cargos en contra de ambos.

En ese contexto,  se espera que el sábado también se conozca  la lista de computadores y teléfonos que fueron incautados el pasado martes, lo que incluiría incluso a familiares de Campos y Vallejos.

Lavado de activos

El caso ha sido seguido de cerca por diversos abogados penalistas de Chillán. Todos coinciden en lo decidor que resulta el plazo de detención y el que ambos hayan sido arrestados en sus domicilios, con allanamiento incluido.

En Iquique, donde se investiga una arista del caso, el fiscal regional, Raúl Arancibia, informó públicamente que en sus investigaciones se encontró evidencia de lavado de activos, coloquialmente conocido como lavado de dinero. A nivel local se desconoce si ese delito será imputado a los dos detenidos.

Todos estos delitos han visto aumentada sus penas en los últimos dos años, con el espíritu de castigar con mayor severidad la corrupción en Chile.

Así, el delito de cohecho parte en los 541 días, desde noviembre del 2018.

Más compleja es la escala de penas del delito de violación de secreto. Si el perjuicio es considerado bajo, las sanciones podrían llegar a ser casi meramente administrativas.

Sin embargo, si el perjuicio público es considerado “grave”, las penas parten en los 5 años y un día de cárcel, la que debería cumplirse corpóreamente.

Determinar cuándo el perjuicio es “grave” o cuando no lo es, es facultad exclusiva del tribunal.

En caso de establecerse el delito de lavado de activos, será la Bridec la que deberá revisar el patrimonio, las adquisiciones y otros beneficios que pudieran entenderse como producto de dinero mal habido, incluyendo el pago de deudas propias o de terceros.

Se declaran inocentes

El día de las detenciones, a ambos se les solicitó una declaración ante el fiscal, “pero se acogieron al derecho de guardar silencio. Lo que pasa es que primero necesitamos escuchar la formalización”, dice el abogado Ricardo Robles.

Según el defensor, “Ricardo (Vallejos) está tranquilo porque no ha hecho nada malo, se han dicho muchas cosas que no son ciertas, lo mismo que con Marcelo Campos”, añade.

Ambos imputados han dicho estar ajenos a cualquier delito que se pudiera haber cometido en este proceso.

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