Secreta. Incluso para los abogados defensores de los dos imputados por cohecho y violación de secreto, en la arista chillaneja del llamado “Caso led” que involucra además a las fiscalías de Santiago y Tarapacá.
Sí está claro que el común denominador de esas causas es la empresa Itelecom, del empresario León Lefort, también en prisión preventiva, por orden de la magistrado de San Carlos, Claudia Gómez, quien dictó la misma cautelar en contra de los abogados chillanejos Marcelo Campos (recientemente desvinculado como asesor del municipio de Chillán) y Ricardo Vallejos (renunciado administrador municipal de Chillán).
Pese al secreto de las causas, la Fiscalía asegura que Itelecom manejaba ciertos patrones en su proceder con otras municipalidades en donde también logró adjudicarse las licitaciones para el recambio del alumbrado público con tecnología led.
Esto tanto en las redacciones de las bases, en las propuestas y otros documentos que se confeccionaron en Iquique y en Chillán.
La Discusión obtuvo, a través del canal de comunicaciones del Ministerio Público de Tarapacá, la indagatoria que sigue el fiscal Gonzalo Guerrero, en la que se estableció que León Lefort habría pagado en promedio cerca de $10 millones a cada concejal de Iquique involucrado en esta situación, cada vez que se avanzara en las etapas de la licitación, materia que deberá probar ante el tribunal.
A diferencia de lo que sucede en Ñuble, en la Fiscalía de Tarapacá la investigación comenzó en 2018 y si bien la PDI logró registrar audiovisualmente algunos de esos pagos (todos en Santiago), se optó por no cortar la investigación en ese punto, para poder reunir antecedentes de mayor calibre y acreditar la participación de la mayor cantidad de involucrados.
Es por esta razón que los imputados sí alcanzaron a ocupar ese dinero, pasando de esta manera, del cohecho al delito de lavado de activos.
En Chillán, en cambio, la investigación habría comenzado en 2019. No se pudo establecer que existe lavado de activo y, por lo demás, no se ha podido establecer si hubo pagos anteriores al que fue incautado por la Bridec de la PDI chillaneja, el pasado martes 5 de mayo.
Sin embargo, la licitación chillaneja ya había pasado todas sus etapas. Estaba firmada.
Lo que se habría encontrado en el maletín que traía desde Santiago a Chillán, de acuerdo al relato de la Fiscalía, el abogado Marcelo Campos, eran $37 millones. El Ministerio Público no ha precisado el destino de ese dinero.
Pese a esto, “en la audiencia de formalización (del sábado en el Juzgado de Garantía de San Carlos) no se nombró ni se hizo mención a ningún otro funcionario público ni de la Municipalidad de Chillán, ni de ninguna otra”, aclaró el defensor de Ricardo Vallejos, abogado Ricardo Robles.
Hoy se discuten cautelares
Para la mañana de hoy se fijó una audiencia, siempre en modalidad de videoconferencia como medida de resguardo ante la pandemia del coronavirus, en la Corte de Apelaciones de Chillán, para discutir las medidas de prisión preventiva fijadas por el tribunal sancarlino en contra de ambos imputados.
Tanto Ricardo Robles, como el defensor de Marcelo Campos, abogado Giovanni Gotelli, esperan que se le modifique “por cualquiera del artículo 155 del Código Procesal Penal, en ese sentido estamos totalmente abiertos a que se la modifique por la de arresto domiciliario total”.
Hoy también, pero en la Corte de Apelaciones de Iquique, se realizará idéntica audiencia respecto a dos de los tres concejales puestos en prisión preventiva y otros dos funcionarios municipales por sobre quienes pesa la misma cautelar. León Lefort también está privado de libertad.
