Por primera vez concejales deberán exponer sus intereses y patrimonio

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Fernando Villa 10:05 PM 2016-12-21

El próximo 6 de enero los concejales de Chillán tendrán que presentar una declaración de los bienes que poseen, así como de las cuentas bancarias a su nombre y otros antecedentes que forman parte de su patrimonio, en una política de probidad que se amplía para que estas autoridades comunales se integren a un modelo que busca transparencia total a nivel nacional.


Los ediles, además de tener que exponer sus antecedentes comerciales, están sometidos desde hace un tiempo a un control sobre sus actividades de representación ciudadana a través de la Ley del Lobby, que ya había generado discrepancias sobre su rol en el anterior Concejo Municipal.


Tanto control no parece inquietar mayormente a los actuales ediles de la ciudad, quienes ya iniciaron las gestiones para cumplir con lo que mandata la nueva Ley Nº 20.880 publicada el pasado 2 de septiembre de 2016 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.


En el municipio chillanejo existe un responsable y administrador del Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio, DIP, que es la plataforma que utilizan todos los funcionarios con responsabilidad administrativa y que necesariamente deben publicar sus bienes.


Daniel Fuentes, sociólogo, quien controla la página www.declaracionjurada.cl, expone que además de concejales, están obligados a registrar su patrimonios todos quienes tengan grados 10 y superiores, donde se incluyen incluso los fiscalizadores municipales.


Agrega que para que la ley funcione tal como se espera, han sido realizadas varias jornadas de capacitación, donde pudieron ser aclaradas todas las dudas que existieron,  de tal manera que están habilitados para que los ediles hasta el 6 de enero ingresen toda la información a la página web.


En el caso de los ediles, un primer paso que muchos ya dieron fue solicitar una clave única ante el Registro Civil, que les servirá para registrarse en la web y realizar las modificaciones de sus respectivos perfiles, que serán públicos.


Fuentes agrega que las autoridades y funcionarios deben entender que la ley se basa en un concepto global como es “la probidad administrativa, y existen tres pilares básicos, que son la oportunidad, que establece el plazo para realizar el trámite que vence el 6 de enero; la integralidad, que pide la entrega de la totalidad de la información; y la veracidad, pues toda la información será contrastada por Contraloría”.


El encargado del sistema agrega que “la ley introduce importantes cambios en la regulación existente sobre la materia, ampliando los sujetos obligados a declarar, el contenido de la declaración y la oportunidad en que esta debe presentarse”.


Especifica que según la normativa “Contraloría estará a cargo de administrar un sistema de información, que permite el acceso permanente de los declarantes a un Formulario Electrónico Único, a su contenido, a los campos requeridos y a las declaraciones efectuadas”.


Según el modelo implementado por la ley “este sistema de información también permite la interoperabilidad con las bases de datos del Estado que contengan la información requerida en cada declaración, en la medida en que esta se encuentre disponible e interoperable electrónicamente, además de la publicación de las declaraciones”.


Tranquilidad a nivel local
Entre concejales locales las declaraciones de intereses y patrimonio no les generan conflicto,  pues entienden que es parte de un modelo que apunta hacia la mayor transparencia posible y que le hará bien a la actividad que realizan. Además, aseguran que evitará suspicacias.


El marco legal vigente establece que las autoridades que asuman tienen como plazo máximo para entregar la información requerida treinta días desde que asumieron, por lo que el 6 de enero está marcado como en el que deben completar lo que la ley le pide.


El concejal Jorge Vaccaro (RN) sostiene que probablemente antes de la fecha fatal subirá todos los datos requeridos a la plataforma de respaldo, pues “es un ejercicio sano de transparencia y es importante que todos cumplamos con el nuevo estándar que se nos pide como servidores públicos”.


Desde esta perspectiva, expondrá la participación que tiene en empresas radiales, en la céntrica galería de Radio Ñuble, en la empresa ZEN que lleva la facturación electrónica de Entel, entre otras firmas además de bienes muebles y vehículos.


Juan López Cruz (PR), en tanto,  sostiene que “esta normativa es necesaria, pues debe revelar que al inicio del mandato las autoridades tengan los mismos bienes que cuando asumieron y no refleje un enriquecimiento que puede ser cuestionable”.


En su caso destaca que “no tengo más que un vehículo a mi nombre. Además estoy casado con separación de bienes y como soy austero no tengo grandes deudas ni ingresos adicionales que a ojos de algunos pudieran ser puestos en duda”.


Por su parte el concejal Víctor Sepúlveda (PC) explica que desde que ingresó a la política, lejos de enriquecerse, ha perdido pecunio. De esta manera, mientras antes oficiaba de contratista para diversas empresas, ahora está enfocado a su labor como edil.


“Vendí o me desprendí de muchas herramientas y tengo una casa en Lomas y una bicicleta. Todo ello quedará reflejado en mi declaración de intereses y de patrimonio que se nos pide ahora”, recalca el edil del PC.

 

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