Concejo de Chillán Viejo votó recurrir al TER para destituir a alcalde

Por: Isabel Charlin Fotografía: Mauricio Ulloa 09:10 PM 2018-05-23

El alcalde, Felipe Aylwin, se ausentó, pese a que fue él quien citó a la sesión.

Un voto político que hace años debieron efectuar -según ellos mismos expresaron-, emitieron este martes cinco de los seis concejales de la comuna de Chillán Viejo, por medio del cual aprobaron recurrir al Tribunal Electoral Regional (TER) del Bío Bío para solicitar la destitución del alcalde Felipe Aylwin (PS).

Susana Martínez (RN), Alejandra Martínez (PS), Jorge del Pozo (PR), Patricio San Martín (PR) y Pablo Pérez (PPD) presentarán de esta forma, en un plazo de 30 días, un escrito ante el TER, en el cual pedirán la remoción del jefe comunal por contravención grave a la probidad administrativa y notable abandono de deberes, de acuerdo a lo expresado en el artículo 60 de la ley 18.695.

La moción para presentar el requerimiento ante el TER fue presentada el pasado 15 de mayo por los concejales Susana Martínez, Pablo Pérez, Jorge del Pozo y Patricio San Martín, quienes solicitaron poner en tabla la discusión y votación para la sesión ordinaria del próximo 5 de junio.

Sin embargo, fue el propio alcalde Aylwin quien adelantó la reunión, fijándola para ayer, situación que extrañó a los ediles ya que el jefe comunal no asistió, excusándose por estar en cometido en Santiago.

LA DISCUSIÓN intentó obtener una reacción de Aylwin, sin embargo, el alcalde declinó referirse al tema.

Los ediles actuaron conforme a una resolución de Contraloría del 12 de febrero -la cual recién llegó a sus manos el 8 de mayo, razón por la cual acudieron a

Contraloría para determinar eventuales responsabilidades por el retraso-, la cual acredita responsabilidad administrativa del alcalde Felipe Aylwin en actos de proselitismo político (regalo y despliegue de pendón en dependencias municipales en favor de la entonces candidata a concejala, Alejandra Martínez, y visita del ex ministro de Segegob al edificio consistorial con fines políticos), e infracción a la legalidad del gasto (pago de horas extra no realizadas al entonces funcionario, Nelson Ferrada); y mandataba al concejo para que se pronunciara sobre el particular.

Solo el concejal Nelson Ferrada (PS) se ausentó de la sesión, la cual fue presidida por el edil, Jorge del Pozo.

Mea culpa

Un sentimiento común caracterizó las alocuciones de los concejales chillanvejanos este lunes reconocieron que la decisión de ayer debieron haberla tomado mucho antes; que por momentos “se desentendieron de su labor fiscalizadora”; que fueron “muy prudentes”, pero que el hecho de no haber actuado hace años, cuando comenzaron a conocerse dictámenes de Contraloría que acreditaban irregularidades en el municipio; no implicaba que hoy no pudieran tomarse medidas.

“No hemos sido lo suficientemente rigurosos en algunas oportunidades, ya sea por llevar la fiesta en paz, no tener desaveniencias con personas o con la gestión, en fin, son muchos motivos. Pero como dijeron algunos colegas, hoy (ayer) había que hacer la pega. La Contraloría, además, nos estaba emplazando derechamente. Creo que el diálogo y el tono fue el correcto, esperábamos que estuviera el alcalde y faltó un colega, pero llegamos cinco concejales, todos con altura de mira, realizando un mea culpa, y preparándonos ahora para enviar este escrito al TER en forma, aquí no se trata de remitir algunos papeles, sino que se debe enviar toda la documentación necesaria, y allí, en dicha instancia, el alcalde tendrá la oportunidad de defenderse”, sostuvo Jorge del Pozo.

Susana Martínez fue más allá. “Apoyé a Felipe Aylwin en su gestión, pero hoy debo hacer un mea culpa. No puedo quedarme al margen. Si hoy llegamos a esta votación es por todos los ilícitos y desórdenes administrativos que pensamos que en algún momento se iban a arreglar o aclarar. Pero hoy la situación que rebasó el vaso fue esta explicación del secretario municipal de que no vio el documento que llegó el 15 de febrero al municipio, sino hasta el 8 de mayo.

Es muy difícil pasar por alto estas cosas”, asumió la concejala de RN, refiriéndose a la tardanza con la que los concejales se enteraron de la resolución de Contraloría.

Sobre este punto, Jorge del Pozo manifestó que “hubo ocultamiento de información respecto de materias que revisten gravedad absoluta. Aquí se escondió el documento”.

El concejal, Pablo Pérez, reconoció que el mea culpa obedeció al hecho que “siempre pensamos que acá se podía mejorar. Pero esto ya es la guinda de la torta, cuando vemos que no ha habido voluntad durante años, y hoy estamos en un escenario en que Contraloría acredita plenamente la responsabilidad administrativa del alcalde; y por otro, tenemos un proceso abierto en los tribunales de justicia. Lo peor de todo es que hoy tenemos claridad absoluta que hubo ocultamiento de información, el secretario municipal lo dijo, la resolución fue remitida el día 12 de febrero, llegó al municipio el día 15 de febrero, él estando con vacaciones llega el 21 de febrero, y sin embargo, se le entregó el mismo día en que lo conocimos nosotros, el 8 de mayo. Y la documentación la recibió el administrador municipal. No sabemos qué pasó, y Contraloría tendrá que investigar este hecho, ya que no veo la intención del municipio respecto de aclararlo”, sostuvo.

Alejandra Martínez, quien en su alocución aclaró que no se inhabilitaría de votar -es mencionada en la resolución de Contraloría como receptora de un regalo de parte del alcalde, Felipe Aylwin, cuestionado por el organismo-, recordó que la principal misión de los concejales es fiscalizar, y que hacerlo, “no es sinónimo de deslealtad. Siento que estoy cumpliendo el mandato de la ciudadanía por el cual fui elegida concejala, poder fiscalizar en torno a lo que la ley establece, y la Contraloría fue clara en determinar que teníamos que analizar los antecedentes, y remitirlos al TER, si ésa era la decisión de este cuerpo colegiado”.

Patricio San Martín, por su parte, destacó el hecho que son varios los dictámenes de Contraloría que han detectado iregularidades, desde hace a lo menos, cinco años.

“Esta sesión debimos haberla tenido hace mucho tiempo. Es un momento histórico el de hoy (ayer) para Chillán Viejo. Hemos sido noticia local, e incluso nacional, en varias oportunidades por cosas negativas, por lo que mi voto es absolutamente favorable a que el TER investigue esta situación”, manifestó.

Presiones

Los concejales Susana Martínez y Jorge del Pozo denunciaron durante la sesión de Concejo haber recibido presiones para no asistir a la votación.

“Me duele haber recibido mensajes de funcionarios municipales, gente que trabaja acá, que me pedía que votara ‘cuerdamente y no con el estómago’. Gente que en cierta forma quiso chantajearme para que yo no viniera a votar. Creo que eso es lo más bajo que puede hacer alguien, sobre todo, porque yo he sido súper leal con esta administración, siempre he apoyado lo mejor para la comuna”, advirtió.

Jorge del Pozo, en tanto, también denunció haber recibido presiones. “Hace unas semanas, el alcalde tuvo un gesto conmigo, en pos del buen ambiente y el bien de la comuna. Pero después, una vez conocida la resolución de Contraloría, se me pide no votar. No, aquí tenemos que tener pudor. Prefiero renunciar a ser concejal, que mirar al cielo y no tomar posición”, reconoció el edil.

Lo que viene

Dentro de 30 días los concejales enviarán el escrito al TER. 

El proceso, en el cual ambas partes -el alcalde y los concejales- deben ser representadas por un abogado, puede durar entre ocho meses y un año. Cualquiera sea el fallo del TER, este es apelable, por lo que es el Tribunal Calificador de Elecciones el que entrega la determinación final. 

En caso que el TER destituya al alcalde, este es separado inmediatamente de sus funciones, aunque haya apelación al Tricel.

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