Beneficios cuestionados

Por: 09:00 AM 2017-09-15

Las pensiones que el Fisco financia para los integrantes de las Fuerzas Armadas representan un importante gasto para el Estado. Entre 2012 y 2016 desembolsó 3,8 billones de pesos, cifra que equivale al costo de construcción de 30 hospitales como el que la región de Ñuble necesita.

De hecho, según información que entregó Capredena, el año pasado el organismo previsional repartió 911 mil millones de pesos en pensiones, de las cuales el 94% fueron por aporte fiscal. Otro dato: en los últimos 10 años más de 3 mil uniformados pasaron a retiro, con montos que promedian 2,3 millones de pesos mensuales e incluso hay 17 ex militares con pensiones por sobre los 4 millones de pesos.

Y si ya son discutibles tales cifras, que marcan enormes diferencias con los jubilados por vejez en las AFP, cuyas pensiones promedio solo llegan a los 192 mil pesos, más lo son si se comprueba que parte de estos millonarios recursos son destinados a cubrir pensiones para ex uniformados condenados o procesados, como ocurre con el diputado Rosauro Martínez, quien desde 1987 recibe mensualmente 1 millón 200 mil pesos, por una pensión de inutilidad de segunda clase, que se entrega a quienes padecen una enfermedad invalidante de carácter permanente.  

Tal incapacidad, sin embargo, no le impidió ser alcalde de Chillán y luego parlamentario (por RN), cargo del que hoy se encuentra desaforado en el marco de una investigación por el asesinato de tres miembros del MIR en 1981, en Valdivia, cuando era capitán de Ejército. De hecho, el diputado sigue recibiendo más de 6,5 millones de pesos líquidos al mes por concepto de dieta parlamentaria, pese a que desde 2014 no asiste a las sesiones de la Cámara, ni actúa como legislador.

Martínez, a través de una declaración pública, se defendió diciendo que no hay ilegalidad en su proceder y argumentó que “Contraloría estableció que dicha pensión es legal, pues sus beneficiarios únicamente se encuentran impedidos de ejercer cargos remunerados en las instituciones dependientes del Ministerio de Defensa, incompatibilidad que no se aplica a los casos en que estos perciban sueldos u honorarios en otros organismos de la Administración del Estado”.

Y tiene razón. El dictamen 65.163 del órgano contralor, del 2 de noviembre de 2010, así lo establece. Sin embargo, este asunto debe apreciarse desde una óptica que va más allá del tenor literal de normas imperfectas en su esencia, incorporando en el análisis la ética que debería regir la función de los representantes políticos.

Ante el usufructo de tal nivel de privilegios, es comprensible el mal humor que exhibe la ciudadanía a través de ese democratizador foro que son las redes sociales y que también reflejan cómo hechos de este tipo van horadando, hasta romper, los lazos entre la sociedad civil y la política. 

La actual crisis de representación que existe en nuestro país no se resolverá simplemente con el desplazamiento de las figuras políticas más desacreditadas. Para recrear la confianza perdida se impone concretar reformas legales que corrijan situaciones como las expuestas. Pero más prioritario aún es tener en cuenta que ninguna reforma será suficiente si no se cambia de raíz el concepto de lo que significa la acción política como acto de servicio, y si no aparecen signos fehacientes de renovación moral.

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