Hoy se cumplen dos años del llamado estallido social, episodio que marcó la vida política y social del país como ningún otro en la historia reciente, y cuyas consecuencias aún están por dilucidarse, toda vez que su principal legado es un proceso de cambio constitucional en marcha.
El 18 de octubre de 2019 marcó el fin de un régimen político que se configuró a partir de los ochenta en la dictadura y que fue tanto responsable de los avances económicos que muestra Chile en las últimas tres décadas, como también del malestar social acumulado con el Estado y la clase política, por su permanente incapacidad de brindarle a la ciudadanía la protección a sus derechos esenciales.
De hecho, hoy nadie duda que la solución de la crisis que sufre el país solo se resuelve con cambios paradigmáticos, como es el compromiso de implementar un sistema de servicios sociales de derechos garantizados que reaccione eficientemente ante situaciones de vulnerabilidad, como las existentes en la sociedad chilena actual.
A nivel local, se puso en primer plano la desigualdad urbano-rural, un tema altamente sensible para una Región donde el 30% de su población vive en zonas rurales y que se traduce en problemas de conectividad, transporte y de acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad e internet, entre otros. Son precisamente las respuestas a esta desigualdad que ha perpetuado la pobreza y el aislamiento rural, la gran promesa del estallido social en Ñuble y deberían ser la prioridad de la Región, pues diferentes estudios, algunos muy recientes, muestran un alto centralismo intrarregional, donde Chillán concentra la mayor atención y recursos, en desmedro de las comunas rurales, cuyos habitantes hace un año también decidieron marchar, reclamando la misma atención que los núcleos urbanos.
Sin duda, uno de los grandes logros del estallido social en todo Chile fue crear conciencia de que la desigualdad tiene que resolverse multidimensionalmente, lo que incluye no solo equiparar ingresos, sino que también privilegios territoriales, las diferencias de género, étnicas y culturales. Pero para que aquello sea más que retórica vacía, tiene que haber un diálogo amplio, donde la élite política y económica esté dispuesta a ceder parte de sus privilegios –algunos incluso obtenidos en tiempos de la dictadura- donde la educación y la salud sean un derecho garantizado desde la niñez a la vejez, donde la dignidad humana esté al centro de las decisiones colectivas del país.
En 2019 Chile despertó para exigir el fin de una democracia digitada por minorías que han antepuesto sus propios intereses al bien común, y para reclamar un nuevo pacto social: el mismo que no puede ser construido sino a través de un proceso de cambio constitucional que justamente comienza escribirse hoy, cuando los convencionales den inicio al trabajo de fondo para la redacción de la nueva Carta Magna.
Hoy, a dos años del estallido social, comienza a escribirse la nueva Constitución que debe sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo, que luego oriente una política fiscal que sustente las reformas estructurales que el país necesita.
