El pleno de la Convención Constitucional aprobó el pasado miércoles un artículo que plantea que el Estado deberá tener un instrumento jurídico para la restitución de tierras a los pueblos originarios.
“La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”, señala el segundo párrafo del artículo 21 de la segunda propuesta de la comisión de Forma de Estado.
Si bien los siguientes textos no dejan claro cómo será el proceso de restitución de tierras, sí se obliga al Estado a realizar catastros, crear instrumentos jurídicos para la regularización, demarcación, titulación y restitución de las tierras.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]La aprobación de esta norma (que obtuvo 106 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones), fue ovacionada en el hemiciclo. Entre los convencionales por Ñuble, votaron en contra Martín Arrau y Margarita Letelier, de la UDI; se abstuvieron Carolina Sepúlveda, de Independientes por una Nueva Constitución y Felipe Harboe, del Colectivo del Apruebo; y aprobó el representante de Pueblo Constituyente, César Uribe.
Expropiaciones
Otro artículo aprobado durante esa misma jornada fue el número 20, sobre expropiación, en el cual se indica que el Estado deberá pagar un “precio justo” sobre la propiedad que se expropie, y que el pago se debe hacer antes de la posesión del terreno en cuestión.
Según lo aprobado, se indica que la expropiación sólo se puede realizar “por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”. “El propietario siempre tendrá el derecho a que se le indemnice por el precio justo del bien expropiado”, añade otro párrafo.
“El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley”, agrega el artículo en cuestión.
El término “precio justo” generó bastantes críticas entre convencionales de derecha, sin embargo, varios abogados salieron a explicarlo en redes sociales.
“El concepto de justo precio tiene arraigo dentro de nuestra legislación (lesión enorme). Sobre el particular se ha entendido que equivale al valor de mercado. A informarse bien”, tuiteó el abogado y académico de la U. de Concepción, Alfonso Henríquez.
La norma en cuestión fue aprobada por 122 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones, por lo que también pasó al borrador de nueva Constitución.
Entre los convencionales locales, Martín Arrau y Margarita Letelier se abstuvieron, y Carolina Sepúlveda, Felipe Harboe y César Uribe aprobaron.
Distintas visiones
Según el convencional, César Uribe, la restitución de tierras es un tema complejo, “sobre todo en este contexto de crítica y distancia respecto de lo indígena, lo que se ha instalado fuertemente en la Convención, asociado a los casos que suceden semanalmente en la Araucanía y en el Wallmapu. El conflicto en tierra mapuche se viene arrastrando hace 210 años o más, por lo tanto, nos preguntamos en la Convención ¿Cuáles son las demandas de los pueblos originarios? ¿Cómo podemos encontrar una solución pacífica, institucional y cívica? Esta Convención ha tratado de entregar una solución, y eso tiene que ver con diversas normas que se han aprobado: el pluralismo jurídico, el reconocimiento a los pueblos originarios sin caer en la caricatura de que dejamos de ser un solo país, eso hay que descartarlo, pues el Estado es uno solo, en fin, propuestas que se establecen a nivel constitucional, pero dejando a la legislación su implementación, algo clave, pues hemos tenido poco tiempo, y se están tratando de entregar herramientas para resolver una problemática de este tipo”, sostuvo.
Añadió que “el conflicto mapuche es un conflicto de tierras, y cuando se hace un comparado de las propiedades de las forestales en territorio mapuche con las de las comunidades, son cifras bastante desiguales, algo que se debe resolver. El convencional Adolfo Millabur mencionaba que tres familias en Chile tienen más de un millón de hectáreas en el Wallmapu, asociadas a la industria forestal, por lo tanto, entendiendo esta desigualdad, se puede avanzar en una solución. El conflicto no se soluciona con militares en el territorio, sino entregando propuestas concretas. Era nuestra responsabilidad, es un problema del Estado que la Constitución debía abordar”, planteó Uribe.
El convencional Felipe Harboe, quien se abstuvo en la votación sobre restitución de tierras, sostuvo que “se trata de una muy mala norma, de carácter identitario, que va a generar más inestabilidad, más focos de conflicto, pues levantarán reivindicaciones de tierras personas que nunca lo habían hecho, pues verán en esto una oportunidad. En los últimos años, se han restituido cerca de 200 mil hectáreas, y la pregunta es ¿Ha disminuido la violencia? Al contrario, aquí el problema no es solo de tierras, se requiere abordar el problema de los pueblos originarios, y claro, el convencional Millabur golpea la mesa, habla fuerte, y hay convencionales que se asustan y votan cualquier cosa”, manifestó.
En tanto, Martín Arrau se expresó en duros términos en sus redes sociales sobre la aprobación de ésta norma y la de expropiaciones.
“Los efectos sociales y económicos de estas diferencias son aún difíciles de dimensionar. Lo aprobado es de los temas más graves en lo que va de propuesta, y eso es decir mucho. Ya es habitual. Entre aplausos y auto felicitaciones, la Convención terminó de consagrar la desigualdad en Chile. Aprobaron un derecho de propiedad extremadamente débil para los chilenos, que no tendrán ‘el privilegio’ de ser parte de un pueblo indígena en el futuro país que escriben. Para la mayoría, las expropiaciones serán pagadas ‘al justo precio’ que determine la politiquería del momento. Adiós al valor de mercado, al pago en efectivo y al contado, al daño patrimonial. Se establecen ‘modalidades de pago’, para acentuar la incertidumbre e inseguridad. Pero, para los pueblos indígenas, el activismo de la Convención consagró esta norma todopoderosa que cualquier chileno común quisiera. ¿Cómo se potenciará el derecho a restitución de los pueblos originarios con la facilidad para expropiarle al resto? Ojo, ésta es una promesa de separatismo y odio en todo Chile. Por satisfacer el gustito de revancha y resentimientos de algunos activistas, vamos a extender y profundizar los roces entre chilenos a lo largo de territorios de todo el país. Recuerden los aplausos de hoy”, manifestó.
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