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Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuenta con más de 3 mil inscritos en Ñuble

“Gracias a la voluntad transversal del Congreso y al compromiso de múltiples instituciones involucradas, hoy nuestro país cuenta con una mejor institucionalidad para el cumplimiento de las pensiones alimenticias. Esta institucionalidad ha generado un cambio de conciencia respecto a un problema histórico en Chile, como es el no pago, como es el abandono parental”, dijo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en el balance del primer año de funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA).

Según la información del Registro Civil, actualizada al 15 de noviembre, durante este año ingresaron 194.582 causas al registro, de las cuales hubo 19.229 cancelaciones, por lo que aún quedan vigentes 175.353 causas que corresponden a más de 166 mil deudores, ya que existen deudores con más de una causa.

“En la actualidad hay más de 166 mil inscritos con una deuda de 95 mil millones de pesos, y otra más en UTM, que todavía está siendo actualizada, por lo tanto, el monto es más alto”, dijo la ministra Orellana, quien agregó que “por cada 10 deudores que van ingresando al registro, hay 2,5 que pagan. Esto no es suficiente. Estamos hablando de recursos esenciales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y estamos hablando de miles de hogares que termina liderando una mujer sola, que no recibe el aporte que esos niños y niñas merecen y, por lo tanto, caen en el endeudamiento, el empobrecimiento”.

En Ñuble el número de inscritos de deudores vigentes es de 3.095 con una deuda que supera 2 mil 73 millones de pesos. La seremi (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Nicol Ulloa, recordó que “el 20 de noviembre de 2022 entró en vigencia la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el cual se crea con el propósito de promover el pago de las pensiones de alimentos. Al no pagarse la pensión de alimentos, se les está negando a las madres un recurso económico para poder fomentar la educación, crianza y cuidado de los hijos, y por tanto es un hecho de violencia, ya que al negarse la pensión de alimentos, se somete a la mujer a una responsabilidad que debería ser compartida”.

A nivel país, del total de personas deudoras, un 97% corresponde a hombres (161.115) y un 3% a mujeres, de los cuales 4.976 son reincidentes. A partir de esto, hay un total de 224.070 niños, niñas y adolescentes que no reciben pensión según este Registro. Respecto a esto último, cabe señalar que cerca del 76% de los deudores tienen causas por un alimentario, cerca del 19% por dos y cerca del 5% por tres o más.

Otro dato importante a destacar es que, hasta mediados de abril del presente año, casi no existían cancelaciones. En julio, por cada 10 Inscripciones de Registros de Deuda, había 1 cancelación y desde octubre, por cada 10 Inscripciones, hubo 2,5 cancelaciones.

¿Cómo funciona el Registro de Deudores?

Para ingresar al registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. La persona demandante debe solicitar al tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si este tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que este inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.

Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito y puede ser consultado por personas o instituciones que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.

Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.

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