Luego que se informara que el Gobierno ha otorgado 296 pensiones de gracia a quienes denunciaron haber sufrido un menoscabo laboral producto de la supuesta acción de agentes del Estado, todo ello en el marco de las graves manifestaciones de 2019, el diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez, decidió oficiar al Ministerio del Interior para conocer los criterios que se han adoptado durante el proceso, sobre todo considerando que la actual administración decidió aumentar los montos de los subsidios, llegando incluso a los $515.672 mensuales.
Pero además de los criterios para otorgar las pensiones, el parlamentario gremialista también solicitó que se informe si entre los actuales beneficiarios existe alguno que esté formalizado o condenado por hechos de violencia, advirtiendo que “sería absolutamente vergonzoso e inaceptable que entre los favorecidos con las pensiones de gracia estén los integrantes de la primera línea o quienes durante meses se dedicaron a atacar a Carabineros y a incendiar nuestro país”.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]“El Gobierno tiene la obligación de explicar cuáles son los criterios que está aplicando para gastar casi $1.500 millones al mes en pagar pensiones de gracia a ciertas personas escogidas entre cuatro paredes. Lo lógico sería esperar la resolución de los tribunales de justicia para determinar si alguien sufrió algún tipo de vulneración en sus derechos, pero considerarlos a priori como ‘víctimas’ y otorgarles de la noche a la mañana una pensión de por vida, sólo por presentar una denuncia, requiere de una explicación seria por parte de las autoridades”, cuestionó Martínez.
En esa línea, el representante del Distrito 19 agregó que “vamos a ejercer todas las acciones que tengamos a nuestro alcance para saber si alguno de los beneficiarios participó de los graves actos vandálicos que se produjeron en nuestro país”, insistiendo en que “anteponer los intereses del octubrismo y de la primera línea por sobre los miles de comerciantes y locatarios que les saquearon o incendiaron sus puestos de trabajo, o de las cientos de víctimas de la violencia rural que a diario se producen en el sur de Chile, nos confirma lo alejado de la realidad que está el actual Gobierno”.
Por lo mismo, Martínez tampoco descartó solicitar la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, para justamente indagar si los beneficiados efectivamente sufrieron algún tipo de menoscabo laboral y no están involucrados en algún proceso judicial por hechos de violencia o delictivos, además de conocer los planes y programas que el Gobierno tiene para indemnizar a los locatarios afectados durante el estallido y las víctimas de la violencia rural.
“El Gobierno, de manera unilateral y con nula transparencia, no sólo está otorgando casi 300 pensiones de gracia a personas que nadie conoce sus antecedentes, sino que decidió aumentar los montos en medio de la grave crisis económica que estamos viviendo. Y todo ello, en desmedro de los comerciantes y víctimas de la violencia rural. Por lo tanto, vamos a ejercer todas las acciones que tengamos a nuestro alcance si no justifican bien esta decisión”, advirtió el diputado por Ñuble.
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