Una parte significativa del cuerpo social se está dejando invadir por una actitud de indiferencia ante el destino institucional y político del país, y prueba de ello es la apatía ciudadana frente al actual proceso constitucional. “Fatiga constituyente” se ha denominado a ese desinterés que mezcla decepción, ignorancia y desconfianza en este segundo intento por dotar a nuestro país de una nueva Carta Fundamental.
Para este segundo proceso se designaron expertos para la redacción del anteproyecto, se reestableció el voto obligatorio y se llamó a elecciones para un Consejo Constitucional con candidatos y candidatas elegidas por los partidos políticos con representación en el Congreso. Todo muy diferente al primero, y sin embargo lo que se ganó en racionalidad no ha tenido suficiente correlato en el interés de la ciudadanía, lo que es un gran problema, pues un texto constituyente sin respaldo ciudadano es solo de papel.
Y para revertir aquello, es condición sine qua non tener instancias para que quienes quieran participar puedan hacerlo, en este caso a través de cuatro mecanismos: audiencias públicas, iniciativas populares de norma, diálogos abiertos y consultas ciudadanas.
Estos mecanismos son coordinados por las principales universidades del país, donde se han realizado las audiencias públicas solicitadas previamente por personas y agrupaciones, que recogen las opiniones de ciudadanos y ciudadanas respecto de una amplia gama de temas, considerados o no en los distintos capítulos del anteproyecto de nueva Constitución redactado por la Comisión de Expertos. En el caso de las audiencias realizadas en Chillán, destacaron los derechos ambientales, derechos de los trabajadores del agro y soberanía agroalimentaria, entre otros temas.
Otra instancia de participación vigente hasta este viernes 7 de julio son las iniciativas populares de normas, que tiene por objetivo corregir, eliminar, reemplazar, modificar o sumar artículos al anteproyecto constitucional. Hasta el momento, lideran propuestas de grupos ligados a la oposición, asociadas a la propiedad de los fondos previsionales, la identidad nacional, la modernización del Estado y la seguridad ciudadana.
En total, se presentaron 1.309 iniciativas, menos de la mitad del proceso anterior, a lo que hay que descontar propuestas recicladas de aquel, de modo que el interés real en esta instancia fue bajo, al igual que en los otros tres mecanismos. Y si bien cantidad no es sinónimo de calidad, una de las tendencias preocupantes de la vida política y social chilena es la que nos indica que asistimos a un debilitamiento del espíritu de participación de la ciudadanía en la construcción de la sociedad y sus reglas de convivencia, dejando esa tarea a “los profesionales” de la política, una comunidad integrada por quienes se dedicarían, con frecuencia, a manejar o administrar los asuntos públicos en beneficio de sus intereses o de quienes respaldan económicamente sus carreras políticas.
Aquello nunca es aceptable, y menos para construir la nueva Carta Fundamental que Chile necesita.
