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Observaciones dilatan la evaluación ambiental del embalse Zapallar

Una inquietante demora exhibe la evaluación del proyecto embalse Zapallar en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Ñuble debido a las numerosas y reiteradas observaciones que ha recibido el estudio de impacto ambiental (EIA) ingresado por el Ministerio de Obras Públicas el 16 de septiembre de 2020, así como las dos adendas con respuestas a las observaciones.

Se trata de observaciones y consultas técnicas hechas por servicios públicos consultados, como el SAG o la Seremi de Medio Ambiente, y también de consultas y aprensiones de los habitantes de los sectores afectados, como San Vicente Bajo y Zapallar-El Pedregal.

El proyecto embalse Zapallar es un viejo anhelo de los agricultores de la cuenca del Diguillín, pues constituye una obra pendiente del Canal Laja-Diguillín, cuya construcción concluyó en 2008.

Considera una inversión total de US$349 millones (incluyendo la red de canales) y se ubicará en el río Diguillín, 12 kilómetros aguas abajo de la confluencia con el río Renegado, en el límite de las comunas de Pinto y El Carmen.

Con una capacidad de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos de agua, el Zapallar beneficiará a los agricultores de la zona al proporcionar, en conjunto con el canal Laja-Diguillín, una seguridad de riego del 85% a aproximadamente 44.630 hectáreas que son regadas gracias al canal y dotar de nuevo riego a 10 mil hectáreas de las comunas de San Ignacio y El Carmen, es decir, 54.630 hectáreas en total.

Sin embargo, así como sus beneficios son grandes, también lo son sus impactos ambientales, en el suelo, en la flora, en la fauna, en el paisaje y en el medio humano, entre otros. De hecho, el espejo de agua inundará 315 hectáreas de terrenos agrícolas, forestales y de bosque nativo, en una zona de alto valor natural, que es parte de la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja.

En total, la obra ocupará 385 hectáreas, aunque su área de influencia es mucho mayor, dependiendo de los impactos; mientras que la superficie total a expropiar alcanzará las 489 hectáreas distribuidas en 80 lotes, con distintos porcentajes de expropiación, que van desde un 100% hasta un 1,7% de la superficie del lote.

Los propietarios se pueden clasificar en tres categorías: empresas, sociedades anónimas e inmobiliarias; sucesiones familiares y agrupaciones de lotes familiares; y lotes con propietarios únicos; y dentro de los lotes a expropiar existen diversos usos económicos de gran escala, como plantaciones forestales, empresas turísticas y empresas agrícolas; existiendo también numerosos usos económicos agrícolas y ganaderos de pequeña escala, destinados a la comercialización local y al autoconsumo.

En cuanto al medio humano, el EIA identificó impactos como la alteración de los flujos de comunicación y transporte de las familias que residen en la zona de influencia, la relocalización de la población, la pérdida de viviendas y de terrenos agrícolas por expropiaciones y la modificación del actual uso de los terrenos.

Tramitación

La tramitación ambiental no ha sido lo expedita que se anticipó hace algunos años, de hecho, éste es el segundo estudio de impacto ambiental del embalse que se ingresa al SEA. El primero, que se presentó en septiembre de 2019, fue retirado dos meses después por la Dirección de Obras Hidráulicas (el titular), para resolver las numerosas observaciones presentadas al proyecto por 15 servicios públicos.

Entretanto, la oposición al proyecto, que antes se reducía a un pequeño número de familias sin voz y agrupaciones ambientalistas, ha sumado adherentes en San Ignacio y El Carmen, que incluso, han realizado manifestaciones en la vía pública.

Este segundo EIA, desarrollado por la empresa Gestión Ambiental Estratégica Consultores Ltda., ha enfrentado muchos más cuestionamientos. En la primera etapa, 17 servicios públicos consultados presentaron observaciones, entre ellos, el SAG, la Conaf, la DGA, las seremías de Medio Ambiente y Agricultura, y los municipios de El Carmen y Pinto, entre otras, lo que dio origen al primer Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA (Icsara), el 16 de diciembre de 2020.

En junio de 2021, el MOP solicitó la extensión del plazo para responder el primer Icasara, hasta el 30 de julio, tras lo cual el 29 de julio presentó la adenda N°1 con las respuestas.

Pero la adenda no dejó conformes a 11 servicios públicos: las seremías de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, el SAG, la Conaf, la Conadi, la DGA, el Consejo de Monumentos Nacionales, Sernatur y los municipios de Pinto y El Carmen.

Luego se abrió un nuevo proceso de participación ciudadana, en que se reiteraron las aprensiones de la comunidad y se generó un segundo Icsara en noviembre de 2021; por lo que el MOP presentó el 10 de marzo una adenda complementaria con las respuestas.

En esta nueva rueda de consultas, nueve servicios públicos presentaron sus observaciones a la adenda (SAG, Conaf, Sernatur, Municipalidad de El Carmen, Medio Ambiente, Conadi, Municipalidad de Pinto, Agricultura y Consejo de Monumentos Nacionales), las que fueron condensadas en el tercer Icsara el 19 de abril pasado.

Entre las observaciones más recurrentes al estudio de impacto ambiental, destaca la afectación del medio humano como consecuencia de la presa, el embalse y el trazado de los canales.

Llama la atención la gran cantidad de observaciones de los servicios públicos consultados, relativos a la falta de información relevante en el estudio, a la definición del área de influencia, a la estimación de los impactos, a la afectación de flora, fauna y el medio humano.

En tanto, los vecinos opositores al proyecto sostienen que en varios casos el trazado de los canales y el camino partirán en dos sus pequeños predios, obstaculizando severamente el normal desarrollo de sus actividades productivas, y en el caso de la zona a inundar, a las familias afectadas se les pretende relocalizar en zonas con un suelo de menor calidad.

Vecinos afectados

Organizaciones sociales y ambientalistas como Somos Diguillín, Diguillín Aguas Libres, Diguillín Libre o el Comité Unión Diguillín, entre otras, se han conformado en San Ignacio, Pinto y El Carmen para levantar la voz contra el proyecto. Activistas, familias afectadas y vecinos han realizado manifestaciones y han contribuido con sus consultas y observaciones al estudio de impacto ambiental en las instancias de participación ciudadana, sin embargo, sienten que no han sido oídos, que dichas instancias son meramente informativas y que las autoridades los ignoran.

Patricia Troncoso vive en el sector San Vicente Bajo, a orillas del río Diguillín, en la comuna de El Carmen. Será afectada directamente por el proyecto, ya que afirmó que será expropiada porque vive en la zona de inundación. Otros, agregó, serán afectados porque el futuro canal matriz Zapallar y sus caminos adyacentes cortarán sus predios en dos, como si pasara una carretera (35-40 metros de ancho), lo que limitará sus actividades agrícolas y ganaderas de pequeña escala.

Troncoso también es dirigente del comité Unión Diguillín, por lo que ha participado en el proceso y conoce la realidad de los demás vecinos afectados.

“El embalse inunda la zona más pareja, que son las mejores tierras para sembrar, y las casas que están en los cerros van a perder todo el sitio, no van a tener donde hacer su chacra, ya no podrían tener animales”, relató.

“A los desalojados (expropiados) les ofrecen otros terrenos con suelo de menor calidad y sin acceso a agua. Les ofrecen hacer pozos puntera para regar a goteo, y mejorar el suelo, en circunstancias que en sus actuales tierras hay agua en abundancia y suelo de buena calidad, luego les ofrecieron agua a través de canales, pero no hay claridad sobre eso, porque todavía falta la segunda parte del estudio, y ahí sabremos por donde pasan los canales”, criticó la vecina.

Según explicó Patricia Troncoso, “el trazado del canal afecta mucho, que va a pasar justo por donde la gente tiene sus sistemas de agua, entonces, las tierras les quedan divididas, afecta sus modos de vida y eso no está detallado en el estudio. En el último estudio dijeron que a las familias por donde pasa el canal les darían agua, y había familias que recibirían media hectárea de riego, es una vergüenza. El canal pasa por donde ellos siembran, y ellos tienen sus animales, entonces, ¿dónde les va a quedar para sembrar? Estamos hablando de predios pequeños, nosotros somos pequeños agricultores, uno siembra para vivir y lo que sobra, lo vendemos, criamos animales y obtenemos agua de las vertientes”.

Aseveró que “a las familias esta solución no les sirve, porque no les va a quedar tierra para sembrar. Además, va a pasar el canal y luego ¿cómo accede la gente a la otra parte de su predio, a la parte del cerro, donde tienen leña, donde van los animales, donde van a recolectar frutos silvestres? Nadie acá está a favor del proyecto, porque nos cambiaría nuestro modo de vida, porque nos desalojarían de nuestro hogar, y además, las compensaciones no son justas, pues la ley dice que las personas afectadas deben quedar mejor o igual que antes del proyecto, pero con todo esto que le digo está claro que vamos a quedar peor, falta mucha información”.

Errores del proceso

Desde la Seremi de Obras Públicas en Ñuble señalaron que “el proyecto Embalse Zapallar se encuentra en la cartera de embalses del Plan Nacional de regulación y embalses, que busca potenciar la infraestructura de riego. Actualmente, se encuentra en tramitación en el SEA, el estudio de impacto ambiental del embalse, en su primera etapa, que considera el embalse, canal matriz, camino de acceso a la presa y camino de borde. La Dirección de Obras Hidráulicas prepara la adenda 3 en respuesta al Icsara, cuyo ingreso se propone en julio de 2022, quedando aún pendiente el desarrollo del EIA de los canales. Posteriormente, viene una segunda parte del Estudio de Impacto Ambiental, que considera los canales secundarios Los Santos y El Carmen”.

Fuentes del sector aseguran que se han cometido errores importantes en este proceso, como la decisión de dividir el proyecto en dos estudios de impacto ambiental: el primero, con el embalse y algunas obras, y el segundo, con la red de canales. Se ha planteado que dicha estrategia no solo terminará retrasando más el proyecto, sino que podría costarle su aprobación ambiental.

Otras críticas apuntan al “pobre” trabajo de sociabilización del proyecto con la comunidad, y particularmente con las familias afectadas, quienes perciben que con la construcción del embalse su situación empeorará, pese a las medidas de compensación y mitigación.

Asimismo, también hay una visión crítica respecto del trabajo técnico de la consultora a cargo del estudio ambiental, pues a las falencias en el trabajo de relacionamiento con la comunidad se suman las carencias develadas por los servicios públicos a través de sus consultas y observaciones, que luego de dos adendas, muchas de ellas persisten.

Regantes beneficiados

Particularmente críticos del trabajo de la consultora han sido los regantes de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, los beneficiarios directos del embalse Zapallar.

Juan Carlos Villagra, presidente de la organización, recordó que “en el Gobierno anterior sostuvimos reuniones en el Ministerio de Obras Públicas a nivel central, planteando la gran cantidad de observaciones y ofrecimos apoyo y soluciones reales a muchas de ellas, pero las autoridades del MOP nos indicaron que estuviéramos tranquilos, que tenían todo cubierto y garantizado, asegurando que la consultora era de prestigio, por lo cual no pudimos hacer mucho”.

También se mostraron contrarios a la idea de fragmentar el proyecto en dos estudios de impacto ambiental y reafirman que ello traerá consecuencias negativas para la evaluación ambiental. “Fue una preocupación desde el inicio del estudio, quedaron en incorporar el estudio de la red de canales a inicios del año 2021, después respondieron en el estudio que lo realizarían durante el año 2021 y nada ocurrió. Vemos un problema de falta de voluntad política”, aseveró el dirigente.

Respecto al rechazo de los vecinos, Villagra apuntó los dardos al trabajo de relacionamiento con la comunidad y a las deficiencias de las instancias de participación ciudadana.

“Al parecer, no se produjo un proceso adecuado de comunicación y confianza de los profesionales a cargo, con los lugareños, que es lo que se comenta en Zapallar. Estimamos que en ese aspecto de comunicaciones se podría mejorar mucho. También hemos visto una suerte de activismo de supuestos ecologistas, que se oponen por principio a los embalses y que crispan los ánimos, lo que no colabora a un análisis mesurado de los pro y contras de la obra”, afirmó.

Respecto a las consultas y observaciones de la comunidad, advirtió que “hay de todo: desde lo trascendente a lo banal, que es lo habitual en estos casos”. Y consultado sobre la percepción de los afectados de que las compensaciones no son justas, Villagra manifestó que “para construir estas obras de riego hay que compensar a todos los que resultan afectados, no solo a los predios del sector de inundación o los que están en el trazado de los canales, y pese a que en ello son otras las autoridades que tienen competencia, creo que hay que actuar con creatividad y participación de las comunidades. Estas obras permiten, por ejemplo, áreas de turismo, como se hizo en el embalse Angostura, de Colbún, que siempre menciona el experto en este tipo de obras, el Dr. José Luis Arumí, de la Universidad de Concepción. Se pueden dar mejoras en los caminos adyacentes y otros beneficios colaterales. Nosotros y el grupo pro-embalse de San Ignacio, también estamos dispuestos a que las compensaciones, no solo sean justas, sino que mejoren la vida de los habitantes de ese sector, donde la vida es dura y hay mucha pobreza”.

El timonel de la Junta de Vigilancia del río Diguillín defendió el proyecto por sus beneficios para toda la sociedad, particularmente en un contexto de crisis hídrica. “El embalse Zapallar beneficia a dos de las comunas más pobres del país, como San Ignacio y El Carmen; ahora, con la nueva legislación, el embalse debe garantizar primero el suministro del consumo humano y el saneamiento, preservación ecosistémica, y producción sostenible que en este caso se dan, por cuanto en su gran mayoría son pequeños agricultores que transformarían sus tierras de secano a riego para producir alimentos”.

Añadió que “a modo de ejemplo, de haber existido el embalse Zapallar al momento de ocurrir las precipitaciones acontecidas en los días de Semana Santa, se podría haber llenado con aproximadamente 35 millones de metros cúbicos de agua, es decir, el 30% de su capacidad. Pensando en la sequía predominante, podría haber sido un importante soporte para garantizar el abastecimiento de agua en la próxima temporada”.

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