En total fueron cerca de 30 mil cartas con notificación de cobranza, que hace unas semanas la Municipalidad de Chillán había despachado a todas las personas que se encontraban morosas con el pago por retiro de la basura domiciliaria, cuyo arancel es de aproximadamente 20 mil pesos trimestrales.
Esto, porque según las estimaciones municipales, menos del 30% de las 38.752 familias a las que se les cobra a través de la entidad consistorial cancelan la deuda. Y el resto o nunca o casi nunca.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Sin embargo, Correos no alcanzó a distribuir ni 15 mil de los cobros y por orden de la misma Municipalidad, suspendieron la entrega. ¿La razón?, esta semana muchos representantes de estas familias se acercaron a explicar que no contaban con los recursos y, considerando que se trataba de cobros acumulados que podían superar los 200 ó 300 mil pesos, hubo casos en que adultos mayores, solicitaron créditos para poder ponerse al día.
“Entonces, lo que decidimos fue hacer una ordenanza, la que fue aprobada por unanimidad por el Concejo, para ampliar las condiciones de exención de estos cobros, de tal manera que gracias a esto, a cerca de 35 mil familias de la comuna no se les seguirá cobrando”, explicó el alcalde, Camilo Benavente.
Sin embargo, lejos de tratarse de un mero beneficio social, hay otras razones de peso que motivaron al Concejo en pleno a aprobar esta nueva regla.
“Cuando se hacen los cálculos por cobros, se estima que si todos pagaran por el retiro de la basura, el municipio recibiría cerca de 1.600 millones al año. El problema, es que cuando se hace el presupuesto anual se deben considerar esos 1.600 millones para nuestros proyectos y, la verdad es que sólo se recaudan 300 millones, lo que al final nos termina generando un desorden, entonces lo mejor que podíamos hacer era transparentar y asumir que estamos hablando de 1.300 millones que son incobrables”, añade el jefe comunal.
Por otro lado –explica- el no cobro de estos montos le puede significar problemas judiciales al municipio, con la Contraloría General, ya que la recaudación de estos pagos es obligatoria.
Nueva carta
La municipalidad ya confeccionó una nueva carta que, prontamente, comenzará a llegar a estos 35 mil hogares que en adelante estarán exentos de pago.
En ella se explica, por ejemplo, que se dejará de cobrar a los mayores de 60 años (antes era de 65), que pertenezcan a Fonasa A,B, C o D, ni a quienes se encuentran a categorías similares en Isapres.
No se seguirá cobrando a la familias dentro del 70% más vulnerable según Registro Social de Hogares.
Se eximirá a usuario con pensión de vejez o pensión básica solidaria, a familias con algún miembro de la familia con enfermedad catastrófica, menores de 60 años que pertenezcan a Fonasa A o B, beneficiarios del subsidio de Agua Potable.
También se ayudará a quienes tengan dificultades económicas, previa presentación de informe de la asistencia social de Dideco.
El concejal Rodrigo Ramírez aclara que “aunque nominalmente, la Municipalidad se queda con 1.300 millones menos, la verdad es que ese dinero nunca llegaba, así que en concreto no se pierde nada”.
De todas formas, su par, Patricio Huepe añade que “es importante dejar muy en claro que esto no es un perdonazo a las deudas ya existentes. Éstas hay que pagarlas de todas formas, sólo que ahora se estarán dando facilidades para quienes estén más atrasados”.
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