Fue en el mes de marzo de este año 2023 la última vez que el ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, dictó un fallo condenatorio dentro de un contexto de investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos, posteriores al 11 de septiembre de 1973, en la Región de Ñuble.
En específico, el ministro en visita condenó a exagentes del Estado por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Rolando Gastón Angulo Matamala, Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz y Ogan Esteban Lagos Marín, ilícitos perpetrados entre marzo y abril de 1974, en Chillán.
En el fallo se condenó al excoronel de Carabineros, Patricio Marabolí Orellana, a la pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos tres homicidios calificados; y a Arturo Manuel Alarcón Navarrete, a 10 años y un día de presidio, como autor del homicidio de Lagos Marín
En tanto, Luis Alberto Toledo Espinoza y Humberto Artemio Olmedo Álvarez fueron sentenciados a cuatro años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, como cómplices del homicidio de Angulo Matamala.
En la misma causa, resultaron absueltos los acusados Osvaldo Enrique Ortega Echeverría, Froilán Enrique Aguilera Domínguez, Luis Enrique Troncoso Verdugo, Pedro Blas Vergara Mieres, Hugo Enrique Villamán Salazar, Sergio Francisco Bustos Baquedano y Fanor Eduardo Aguilera Pizarro.
Las siete causas de Ñuble
La anterior, es una de las siete causas ñublensinas (46 sumarios abiertos), que llegaron al escritorio del ministro Aldana, luego que la Corte Suprema decidiera aunar las causas del país en manos de solo cinco jueces, correspondiéndole al magistrado penquista aquellas que correspondían a Ñuble y Biobío.
De esas siete, tres ya cuentan con un fallo: la querella por el homicidio calificado ocurrido en el sector de Niblinto el 14 de septiembre de 1973. Las víctimas son José Fernando Carrasco Lagos, 22 años, estudiante de Enseñanza Media y militante del Partido Socialista; y Bernardo Isaac Solís Núñez, de 20 años y miembro del Partido Socialista. Ambos fallecidos tras un enfrentamiento contra Carabineros en Niblinto.
Los otros dos casos, que se encuentran agrupados en una misma causa, son la querella por secuesto del profesor universitario, Francisco Sánchez Arguén, de 43 años (PS), quien desapareció el 1 de octubre del 73, tras ir a prestar declaración a la Segunda Comisaría de Chillán; y la querella por secuestro de Robinson Ramírez del Prado, de 36 años, exdirigente de la CUT, quien fue detenido en su taller de curtiembre, el 25 de septiembre de 1973.
Cuarta carpeta
Una cuarta carpeta investigativa que involucra otros cuatro hechos agrupados en la misma causa, se encuentra en etapa de plenario, que corresponde a la fase que sucede al sumario, por lo tanto ya se alza el secreto y se llega a las etapas de toma de declaraciones, reconstituciones de escenas y obtención de pruebas.
Estas son la querella por el homicidio calificado de Marcelo Gabriel Cortez Luna, hallado muerto el 18 de septiembre de 1973 en Chillán. Era estudiante de Segundo Año Medio de la Escuela Industrial de Chillan, y tenía 17 años de edad.
Fue detenido el 18 de septiembre, de 1973, desde su domicilio, por parte de Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillan, quienes habían llegado a su casa buscando a su hermano mayor. Todo lo anterior sin explicación, puesto que ni siquiera tenia una militancia política definida, en su corta edad.
Su cuerpo sin vida fue encontrado en el “Paso sobre nivel” ubicado en calle Maipo con Brasil, presentando impactos de bala.
Su cuerpo fue inhumado sin dar aviso a su familia. Transcurrido aproximadamente un mes, después de múltiples averiguaciones, su madre se enteró que su cuerpo estaba en una fosa común y realizó las gestiones para que fuera trasladado junto al de su esposo en el Cementerio General de Chillán.
Una segunda querella es por secuestro y aplicación de tormentos de Ricardo Troncoso León, fotógrafo y militante del MIR, detenido el 1 de octubre de 1973 por Carabineros acompañados de un civil, en su domicilio en Chillán.
Otra querella es por el secuestro del obrero agrícola y militante de la Democracia Cristiana, Gustavo Domínguez Jara, de 27 años, quien junto a otras personas fueron detenidos por Carabineros el 11 de octubre de 1973 en el asentamiento campesino Fundo Ránquil, comuna de San Nicolás.
La Comisión Verdad y Reconciliación consignó en su informe que los tres dirigentes fueron trasladados al “Puente El Ala” en donde se les habría dado muerte. En diciembre de 1973 fueron encontrados en las riberas del río Ñuble a la altura del puente a lo menos nueve cuerpos, de los cuales dos ó tres fueron identificados, los que resultaron ser detenidos por Carabineros.
Finalmente, se adosa la querella por el secuestro de Arturo Lorenzo Prat Martí, de 21 años, detenido el 1 de octubre de 1973 por Carabineros.
Estudiante de Enseñanza Media y miembro de la Juventud Radical Revolucionaria, aún sigue en calidad de desaparecido.
Aproximadamente a las 22.30 horas, de esa noche llegó a la residencial en la que se hospedaba, una patrulla de Carabineros al mando del suboficial mayor, Herminio Fernández, jefe del retén Schleyer de Chillán.
También se llevaron a José Retamal Velásquez y a Patricio Weitzel Pérez, dueño de casa.
Posteriormente, el 24 de diciembre de 1973, Mario Weitzel, padre de uno de los detenidos, encontró unos siete cadáveres en las orillas del río Ñuble, entre los que estaba el de su hijo, Patricio Weitzel Pérez, otro que estaba decapitado, al que le sacó un zapato y el cinturón.
El día 27 de diciembre de 1973, después de presentar una denuncia por inhumación ilegal en el 1er. Juzgado de Chillán, fue llevado al lugar por el juez y acompañados por un camión con militares, dos furgones de carabineros y uno de la policía civil. Logró identificar al capitán de Carabineros de apellido Duque y al detective Juan Fernández. En el lugar se constató que todos los cuerpos tenían perforación de bala en el cráneo. Retiraron los cuerpos y los llevaron a la morgue. El solo pudo enterrar privadamente a su hijo Patricio Weitzel. Su certificado de defunción señala como causa de muerte “anemia aguda. Perforaciones balísticas múltiples. Homicidio”.
El tercer detenido del grupo, Gregorio Retamal Velásquez, también fue encontrado en el Puente “El Ala” y sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad. Arturo Prat Martí permanece en calidad de detenido desaparecido.
En primera instancia o revisión
Un tercer grupo de causas a cargo del ministro Aldana, son las que ya se fallaron en primera instancia o se encuentran en proceso de revisión.
Entre las primeras está el fallo por la querella por homicidio de Rolando Angulo Matamala, Bartolomé Salazar Veloz y Ogan Lagos Marín.
Rolando Angulo, de 26 años y asistente social, trabajaba en el Ministerio del Interior y era militante del MIR.
Fue llevado por militares, el 19 de abril de 1974, hasta las dependencias del Regimiento N°9 de Chillán, desde donde se perdió su rastro, para ser encontrado sin vida y con evidencia de proyectiles balísticos en el fundo de Llamahuavida, el 27 de abril de 1974.
Bartolomé Salazar (PS) de 31 años, profesor de Enseñanza Media, había llegado hasta Chillán buscando refugio por las persecuciones de agentes de la DINA. Fue detenido el 17 de abril de 1974, llevado al regimiento de Chillán y hallado muerto el 27 de abril, con impactos balísticos, cerca de Quinchamalí, para ser sepultado como NN el siguiente 2 de mayo.
En cuanto a Ogan Lagos, militante del MIR y estudiante de Agronomía, fue detenido por efectivos de Investigaciones, llevado al Regimiento y luego a la cárcel de Chillán, desde donde fue retirado por orden del fiscal militar de Ñuble.
Su cuerpo fue encontrado en un sector rural con impactos balísticos el 27 de abril de 1974. Dos días después, el Ministerio del Interior evacuó una orden que lo dejaba en libertad.
Estas tres causas estuvieron a cargo del ministro Claudio Arias, de la Corte de Apelaciones de Chillán, quien procesó a ex agentes de la DINA y ex oficiales del Ejército: Fernando Gómez Segovia, jefe de la Brigada Sur de la DINA; Mario César Romero Godoy, fiscal militar a la época de los hechos; Osvaldo Enrique Ortega Echeverría; y los agentes DINA Froilán Enrique Aguilera Domínguez, Luis Enrique Troncoso Verdugo, Pedro Blas Vergara Mieres, Hugo Enrique Villamán Salazar, Patricio Orlando Marabolí Orellana, Humberto Artemio Olmedo Álvarez, Arturo Manuel Alarcón Navarrete, Fanor Eduardo Aguilera Pizarro, Luis Alberto Toledo Espinoza, y los empleados civiles Sergio Francisco Bustos Baquedano, Lincoyán Lagos Tortella y Héctor Soto Hermosilla.
En revisión
Respecto a las causas que se encuentran en revisión, son las querellas por homicidio de Reinaldo Jeldres Riveros, desaparecido el 19 de septiembre de 1973 desde el Regimiento N°9 de Chillán, donde se había presentado de manera voluntaria.
Funcionario del Indap y militante del MAPU, su paradero sigue siendo parte de numerosas contradicciones, quedando sol medianamente claro que se le internó por orden del jefe de zona de esa fecha, y de manera confidencial, en la cárcel de Chillán.
Su cuerpo nunca fue encontrado.
El ministro Aldana, en junio de 2019, condenó al coronel (r) del Ejército Abel Antonio del Carmen Arellano Avellano y al general de división (r) Guillermo Toro Dávila a 3 años y un día de presidio, en calidad de autor y encubridor, respectivamente, del delito de secuestro calificado de Reinaldo Luis Jeldres Riveros.
Ambos condenados fallecieron.
Está, también, la querella por la desaparición de Juan Mauricio Poblete Tropa, comerciante de 20 años y sin militancia política. Su cuerpo fue encontrado decapitado en el puente El Ala, siendo reconocido por su madre debido a un zapato y un cinturón que el padre de otro detenido sacó, precisamente para favorecer un posible reconocimiento.
También la qerella por secuestro de Mario Fernando Moreno Castro, 39 años y funcionario de la Corfo, quien fue detenido por una patrulla de carabineros el 2 de octubre de 1973 en Chillán.
El ministro Aldana encausó al oficial en retiro de Carabineros Patricio Jeldres Rodríguez, en calidad de autor del delito y ordenó su ingreso como procesado al penal Punta Peuco.
