La comisión especial investigadora (CEI) del denominado Caso Convenios decidió de forma unánime citar a declarar para el próximo lunes 6 de noviembre a Miguel Crispi en su calidad de jefe de asesores del Segundo Piso del Palacio de La Moneda.
Esta es la tercera citación que recae en el militante de Revolución Democrática (RD), aunque a las dos anteriores no concurrió.
Los parlamentarios revisan la situación de los contratos y traspaso de recursos públicos por parte de entidades del Estado a organizaciones privadas.
Juan Antonio Coloma, diputado de la Unión Demócrata (UDI) e integrante de la instancia, dijo a CNN Chile que la decisión también es para que Crispi acuda “como funcionario público, cuestión que fue lo que señaló el contralor en la presentación que hizo hace poco días”.
En tanto, el diputado del Partido De la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, comentó a CNN Chile que Crispi “tiene que dar las explicaciones como asesor“.
En cuanto a la citación, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que “el asesor en cuestión mostró disponibilidad frente a la insistencia de poder asistir”.
“Lo va a hacer en la fecha indicada. Nosotros pensamos que podría haber sido esta semana, pero va a demorar un poco más”, concluyó la ministra vocera de Gobierno.
La citación a Crispi, se da luego que el contralor Jorge Bermúdez confirmara que se ofició al Gobierno para que, en cinco días, de respuesta a la ausencia -en dos oportunidades- de Crispi en la instancia.
Irá a la sesión
El exdiputado de Revolución Democrática (RD) fue criticado por ausentarse tras ser requerido en dos oportunidades en la instancia presidida por José Miguel Castro (RN), lo que provocó que Contraloría le diera al Gobierno un plazo de cinco días para que explique los motivos de su inasistencia.
Sin embargo, tras ser citado por tercera vez, el el jefe de asesores de La Moneda respondió vía correo electrónico que comparecerá a la sesión.
El diputado Castro decidió invitarlo como jefe del segundo piso de La Moneda y no por su cargo anterior en la Subdere, todo en el marco de la indagatoria por cuestionadas transferencias de entes estatales a fundaciones u organizaciones sin fines de lucro (ONG).
