Apruebo se inicia un camino de cuatro años para implementar reformas clave
La actual Constitución de 1980 establece en su artículo 142 que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito nacional Constitucional fuere aprobada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes (…) convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución Política de la República”.
Según constitucionalistas, la regla general respecto de la entrada en vigencia del nuevo texto es que ésta ocurre en el momento de su publicación, es decir, diez días después de su promulgación. Es decir, de ganar la opción Apruebo, aproximadamente dos semanas después del plebiscito (después del fin de semana largo de fiestas patrias), comenzaría a regir la Nueva Constitución Política de la República.
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Respecto del proceso de adaptación a la nueva cartamagna, la propuesta de nueva Constitución establece en su apartado de disposiciones transitorias la gradualidad con la que el nuevo texto se aplicaría.
Para efectos de la transición entre la actual y la nueva Constitución, en la segunda disposición transitoria se explica que “toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución”.
Actuales autoridades
En caso de ganar el Apruebo, la decimotercera disposición transitoria establece en su inciso primero que “el período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, día en que iniciará el próximo período presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 2025, según lo contemplado en el artículo 281 de esta Constitución”.
Cabe destacar que la nueva Constitución señala en su artículo 284 que quien ocupe el cargo de Presidente de Chile “durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir, de forma inmediata o posterior, solo una vez”. En el caso del presidente Boric, este no podrá reelegirse.
Sobre este punto, sin embargo, ya existe un acuerdo entre los partidos oficialistas con representación parlamentaria de impulsar una reforma para impedir la reelección presidencial.
Respecto del ordenamiento del Congreso Nacional, el inciso segundo de la decimotercera disposición transitoria aclara que “la legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026. Las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realizará en noviembre de 2025, donde serán elegidas las diputadas y diputados y representantes regionales que ejercerán sus funciones desde el 11 de marzo de 2026”.
Implementación de leyes
Respecto de los derechos sociales, la propuesta Constitucional prioriza el envío de leyes en materia de pensiones y seguridad social, salud, cuidados, educación y vivienda. De hecho, según las normas transitorias aprobadas, el Ejecutivo deberá presentar proyectos de ley en estas materias, en plazos máximos que van desde los seis hasta los 24 meses, desde la entrada en vigencia del nuevo texto fundamental. Además, las normativas también señalan la responsabilidad del Poder Legislativo en cuanto a la promulgación de las nueves leyes, puesto que debe concluir la tramitación de los proyectos de ley en un máximo de cuatro años, dependiendo de la materia.
Rechazo mundo político deberá definir si se impulsa un nuevo proceso Constituyente
El artículo 142 de la actual Constitución de 1980, que hace referencia al plebiscito Constitucional, señala en su último inciso que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.
Es decir, no hay ninguna disposición legal o Constitucional que realice algún cambio. Si gana el Rechazo, la decisión de iniciar un nuevo proceso Constituyente depende de que el Congreso promueva una modificación para ello.
Es por esto que desde el mundo político se han promovido medidas para enfrentar el caso hipotético en el que la opción Rechazo resulte vencedora en el plebiscito, como la reducción de 2/3 a 4/7 para las reformas constitucionales en la actual cartamagna, iniciativa que ya fue aprobada, promulgada y publicada en el Diario Oficial.
El Presidente Gabriel Boric, en tanto, ha sostenido que, en caso de ganar el Rechazo, abogará por el inicio de un nuevo proceso Constituyente, junto con una nueva elección de convencionales.
Respecto del método de redacción de una nueva propuesta de cartamagna, el mandatario sostuvo en entrevista con Chilevisión que “el pueblo de Chile ya tomó una decisión y lo hizo de manera muy mayoritaria. Repetir ese plebiscito (de entrada) me parece que sería redundante”.
Propuesta Rincón-Walker
Desde sectores del Rechazo, los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, presentaron un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 142 para habilitar un nuevo proceso constituyente, “que sea democrático y paritario”.
El documento plantea que este nuevo proceso “debe combinar la participación ciudadana con el conocimiento especializado en diferentes materias, y contar con un texto final que nos reúna en torno a un proyecto común con valoración transversal”.
La propuesta considera la revisión de trabajos previos, incluyendo la actual propuesta de nueva Constitución y el texto que emanó durante el gobierno de Michelle Bachelet, entre otros.
Grupo de expertos
Otra idea que ha circulado entre los partidario del Rechazo es convocar a un panel de especialistas, como lo que planteó el expresidente de la DC, Fuad Chahin, quien en entrevista con El Líbero sostuvo que “si gana el Rechazo debería generarse un procedimiento para que en seis meses se presente una nueva opción”.
En esa línea, el exconvencional propuso la creación de “un grupo de expertos conformado por personas del Ejecutivo, Legislativo y universidades”, para que trabajen sobre la base del texto emanado de la Convención”.
Una propuesta similar lanzó Mario Waissbluth, integrante de Amarillos por Chile, a fines de julio.
El Congreso
En tanto, desde la derecha y la ultraderecha, la idea de que el poder Constituyente regrese al Congreso es la más respaldada.
Incluso, desde el Partido Republicano sugieren mantener la Constitución vigente e introducirle reformas.
Según informó El Mostrador en julio, la mayoría al interior de esta colectividad estaría por focalizar sus esfuerzos en atender las urgencias sociales en diversas materias, como seguridad, salud, migración, jubilaciones, crecimiento económico, control de la inflación y empleo, de modo que estarían cerrados a un nuevo proceso constituyente.
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