Señor Director:
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó el ingreso del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones.
Las críticas al veto desde el punto de vista político son discutibles, desde que la Ministra piensa, contrariando la opinión del Congreso, que el proyecto, como estaba, se prestaría para vulnerar los derechos de las víctimas. Sin embargo, el veto naturalmente hará menos eficiente la disuasión en esta clase de delitos. Así, esta visión choca con la ciudadanía que espera que las penas funcionen como disuasivo en el comportamiento delictivo, dada la actual situación de violencia y pérdida del orden público en el país. También es discutible la visión del Ejecutivo desde que se hace necesario poner el énfasis en las mafias, que se dedican a realizar complejos loteos ilegales (se sabe que estos grupos están ligados con peligrosos carteles de narcotraficantes). Para dicha práctica se hubiese esperado un tipo penal especial, tanto para los autores de estos delitos, como para los eventuales compradores de terrenos usurpados (a ello se deberían unir multas, pero también penas punitivas). Nótese que una forma de disuasión evidente para estos delitos es penar ambas situaciones, es decir, al que realiza la usurpación, al que lleva a cabo el loteo y al que “le compra” al usurpador en un loteo ilegal. Tal vez una adición de esta clase hubiese de alguna forma tendido un puente entre el Ejecutivo y el Congreso, que es muy necesario en la actualidad.
Rodrigo Barcia Lehmann
Decano de la Facultad de Derecho UA
