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Las opciones de Felipe Aylwin de seguir como alcalde tras el juicio

El juicio por fraude al Fisco en Chillán Viejo, “sí o sí termina en la Corte de Apelaciones”, aventura el abogado Julio Díaz de Arcaya, representante del alcalde Felipe Aylwin, uno de los diez acusados en esa causa.

Causa que se presentó en cuatro hechos, relativos a contrato simulado (hecho 1), y los otros tres por falsificación de instrumento público, fraude al Fisco y colusión. Pero es solo en el primer hecho en el que se acusa al suspendido alcalde.

“Lo que pasa es que estamos seguros que en caso que absuelvan al alcalde, la Fiscalía va a recurrir de nulidad; y en caso de condena, evidentemente, nosotros haremos lo mismo”, adelanta el defensor.

En toda esta investigación, en la que el Ministerio Público estima haber encontrado evidencias de colusión, fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, al alcalde se le acusa de simulación de contrato.

Hecho 1, que comparte con la supuesta beneficiaria, Lya González y el exadministrador municipal, Ulises Aedo y por la que el fiscal Álvaro Serrano pidió una pena de 5 años (presidio menor en su grado máximo), mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la pena de 5 años y un día (presidio mayor en su grado mínimo).

Esto con las accesorias correspondientes de inhabilitación para ejercer todo cargo u oficio público mientras dure la condena.

Los escenarios del alcalde

Felipe Aylwin, por estar en calidad de acusado en una causa penal, se encuentra suspendido de su cargo.

En caso de ser absuelto, lo que sigue es que de forma automática, el Tribunal Oral en lo Penal alzaría todas las medidas cautelares que pesan en su contra, por lo que podría volver a ejercer normalmente.

En caso de condena habría más opciones, pero difícilmente alcanzaría a esperar las próximas elecciones en el máximo sillón consistorial.

“Ya sea se condene por lo que pide la Fiscalía o el CDE, habría que revisar las atenuantes, y sin duda destaca la irreprochable conducta anterior, por lo que las penas, automáticamente, bajarían en un grado”, explica Díaz de Arcaya.

De esta manera, si se aplican las penas pedidas por el CDE, más la atenuante, la condena resultante sería la de tres años y un día.

En caso de considerarse el castigo solicitado por el fiscal Serrano, la pena sería de 541 días, plazo en que no podría ejercer ni postular a cargo público alguno.

Ese casi año y medio que estaría impedido de realizar funciones públicas, dejaría a Aylwin totalmente fuera de carrera puesto que las próximas elecciones municipales son en octubre de 2020.

Finalmente, en caso de absolución y la consiguiente recusión fiscal, el juicio podría anularse y realizarse de nuevo, aunque sea solamente por el hecho 1. “Y si la corte acoge el recurso de nulidad, el nuevo juicio sería por lo menos a fines de septiembre, y de ahí hasta el final del nuevo juicio, el alcalde seguiría suspendido”, aclara Díaz de Arcaya.

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