Se acabó el plazo. No más diligencias, interrogatorios, ni imputaciones podrán formar parte de las ya más de 3.500 páginas de la arista chillaneja que forman parte del “Caso Led” o “Caso Luminarias”, que investiga a nivel nacional la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, con colaboración titular de la fiscal adjunta de Chillán, Paulina Valdebenito.
Este próximo 6 de mayo se acaba el plazo para la investigación judicial de esta causa, y conforme a lo planteado por la fiscal Mansilla, el Ministerio Público no pedirá nuevamente una prórroga. Es más, adelantó que espera presentar acusación dentro de la última semana de abril, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, sede donde se conoce la causa desde el mes de septiembre de 2021.
El Caso Led, persigue demostrar delitos de corrupción, puntualmente de cohecho y sobornos cometidos entre funcionarios de diversas municipalidades del país, del Ministerio de Energía y los principales ejecutivos de la empresa Itelecom S.A., en el proceso de licitación para adjudicarse el recambio de luminarias públicas en 22 comunas de Chile.
La arista chillaneja tiene a tres personas formalizadas, además del dueño de Itelecom, el empresario Marcelo León Lefort, quien según los planteamientos fiscales, fue el ideador y principal ejecutante de este megafraude que pudo haberle significado a la empresa ganancias por sobre los $44 mil millones.
Estos tres imputados por cohecho, son el exasesor judicial del municipio de Chillán, Marcelo Campos, quien además era juez de Policía Local de la comuna ñublensina de Pemuco; Ricardo Vallejos, abogado, exadministrador municipal de Chillán y empresario. Finalmente, el entonces concejal por el Partido Comunista y reconocido dirigente vecinal, Víctor Sepúlveda, conocido ampliamente por su apodo, el “Cacharro”.
Sólo Vallejos y Sepúlveda han manifestado a través de sus respectivos abogados defensores, su total inocencia de los hechos que se les imputan y además, el completo desconocimiento de las tratativas ilegales ensayadas por Itelecom al interior del municipio para allanar la postulación de la empresa en el proceso de licitación.
Diferente es la posición de Campos. Tras ser seguido por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chillán, fue fotografiado y grabado mientras recibía –en Santiago- un maletín de las propias manos de Marcelo Lefort. Tras ser interceptado por la PDI cuando llegaba en su vehículo a la Región de Ñuble, se le incautó el maletín, comprobándose que contenía $30 millones de pesos.
Este sería el detonante para que, de manera paralela, se realizaran diversos allanamientos en las municipalidades de Chillán e Iquique, operativo que incluyó domicilios particulares de otros funcionarios municipales, los que finalmente no fueron detenidos. Y es así como se hizo público y conocido el llamado “Caso Led” en todo el país.
29 imputados
La arista de Iquique, por haber comenzado a investigarse casi un mes antes que la chillaneja, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott decidió que fuera la única que se investigara por un carril paralelo a la que seguiría en adelante el resto de la causa, que por decisión de esa misma jefatura, quedaría en manos de la fiscal regional de Ñuble.
En el norte, a la fecha, los imputados son en total 17, entre ellos, cuatro concejales. A ellos se suman otros dos en Coyhaique (su alcalde y un director municipal), y dos más en Negrete (alcalde y asesor judicial), todos ellos por el delito de cohecho, por tratarse de funcionarios públicos.
Finalmente, en el polo santiaguino, las imputaciones van desde el soborno a la de fraudes por contratos simulados. Aparte de Lefort, al gerente comercial, Ricardo Rodríguez Bizama; y al gerente de ventas, Pedro Guerra Guerrero. Los tres por el delito de soborno.
Además, la Ficalía también levantó cargos contra el exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco Quintanilla, por cohecho y violación de secretos y a su pareja, Javiera Correa, por supuestos delitos de lavado de activos, puntualmente por la compra de un vehículo Mazda y otro marca Porsche.
De esta manera, la causa suma un total de 29 imputados. De ellos, nueve quedaron en prisión preventiva, incluyendo a Lefort, Ricardo Vallejos, Marcelo Campos y los alcaldes de Negrete y Coyhaique, a quienes con el tiempo se les sustituyó esa cautelar por la de arresto domiciliario.
Tras la incautación del maletín con $30 millones desde el vehículo de Marcelo Campos, el pasado 4 de mayo de 2020, tanto el juez de Policía Local de Pemuco como Ricardo Vallejos y Marcelo Lefort, fueron detenidos y pasado a control de detención al día siguiente.
El 9 de mayo de ese año fueron formalizados y puestos en prisión preventiva, hasta que en mayo de 2021, Marcelo Campos consiguió que se le revocara la prisión preventiva, quedando con arresto domiciliario total.
Ricardo Vallejos, consiguió la misma modificación, en junio de ese año; y en julio, lo terminaría consiguiendo Lefort.
Hoy, no quedan imputados en prisión preventiva por este caso.
20 de noviembre de 2019
No es un misterio que el centro de la controversia judicial estará en poder convencer al tribunal de que los primeros acuerdos entre Lefort con los imputados por cohecho, se cometieron antes o después del 20 de noviembre de 2019.
Ese día se promulgó la modificación a la Ley Anticorrupción, y a partir de entonces, se contemplan penas de cárcel efectiva.
Si la defensa, logra demostrar que el concierto delictual se pactó antes, al tribunal no le quedará más opción que fallar de conformidad a la ley antigua, cuyas penas eran inferiores a los 3 años de cárcel, por lo tanto, se podían cumplir en libertad.
Los defensores, de manera unánime, aseguran que en toda la carpeta investigativa no hay nada que apunte a eso. En la Fiscalía, en tanto, dijeron a este medio que sí cuentan con la carga probatoria necesaria para poder sostener esa tesis.
