La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos, que ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para los abogados chillanejos Ricardo Vallejos (exadministrador municipal de Chillán) y para Marcelo Campos, juez de Policía Local de Pemuco y asesor externo del municipio de Chillán, a quienes el Ministerio Público persigue por los delitos de cohecho y violación de secreto, en el marco de la investigación por el llamado “caso led”.
La determinación del tribunal de alzada significa que Campos y Vallejos seguirán privados de libertad en la cárcel de San Carlos.
“Ahora, esto no significa que lo único que les quede sea esperar el término del proceso estando de privados de libertad”, dice el abogado Giovanni Gotelli, defensor de Marcelo Campos.
Plantea que seguirá recabando antecedentes que puedan demostrar que las imputaciones que el Ministerio Público Regional hizo en contra de su representado, carecen de la consistencia suficiente para que pese sobre él la medida cautelar más gravosa de la ley penal chilena.
“Sigo insistiendo en que hasta el minuto el Ministerio Público no ha mostrado nada que realmente permita concluir que esta vulneración de secreto que pesa sobre Marcelo Campos, signifique un grave daño a la cosa pública”, plantea.
Lo anterior, en relación a las pérdidas sufridas por la comunidad luego de que se esté ante la hipótesis de presunta corrupción al adjudicar una licitación de $3.900 millones en favor de la empresa Itelecom, de propiedad del santiaguino León Lefort, también en prisión preventiva, imputado por el delito de soborno.
“Pero la verdad, no veo dónde está ese gran daño público. Es más, tengo entendido, no solo que el proyecto no se alcanzó a ejecutar, sino que además, el dinero ni siquiera alcanzó a llegar de la Subdere. Lo único en que se gastó, entonces, fue en luz, papeles y tinta para la impresora”, ironizó el abogado Gotelli.
Solo metáforas
En el caso de Vallejos, su defensor, el penalista Ricardo Robles, se suma a lo dicho por Gotelli y afirma que “hemos visto muchas veces que se absuelve por falta de pruebas concretas a personas que estuvieron en prisión preventiva y creo que no se puede dejar en esa condición al señor Vallejos, solo teniendo en su contra dos grabaciones telefónicas de conversaciones que ni siquiera son explícitas respecto a algún delito, por eso la fiscalía solo habla de metáforas”.
Se espera que para la próxima semana se discuta en la Corte la competencia del Juzgado de Garantía de San Carlos para seguir conociendo de esta causa.
