Para los regantes del río Ñuble, el 2022 fue un año perdido para el proyecto La Punilla. Para los opositores al embalse, en tanto, este año se logró que el Gobierno recogiera las demandas en materia ambiental y social que según plantean organizaciones ambientalistas y algunos líderes políticos, no fueron consideradas en la evaluación ambiental que concluyó con su aprobación en 2010. Este cambio se plasmó en la decisión de la administración Boric de someter el proyecto a una reevaluación por parte de un comité interministerial denominado Comité para la Transición Hídrica Justa, integrado por los titulares del MOP, Agricultura, Energía, Medio Ambiente y Ciencias.
Se trata del proyecto más importante de la región, con una inversión total estimada de US$500 millones, considerando la central hidroeléctrica. Además, La Punilla es la obra más grande del plan nacional de embalses, con una capacidad de almacenamiento de 540 millones de metros cúbicos, que una vez operativa, permitirá regar con seguridad del 85% más de 70 mil hectáreas de casi 5 mil agricultores.
Es segunda vez que se licita La Punilla, luego de una primera concesión que se adjudicó en 2016 la empresa italiana Astaldi y que enfrentó varios tropiezos que culminaron con el término anticipado del contrato solicitado por el MOP en 2019, proceso se extendió hasta 2021 debido a la emergencia sanitaria, para dar paso a un segundo llamado a licitación que se abrió el 18 de noviembre de 2021.
Según el calendario original, en marzo correspondía la recepción de las ofertas técnicas, sin embargo, en enero el MOP anunció el aplazamiento de este hito hasta mayo, con el objetivo de responder las consultas formuladas a la Dirección de Concesiones, y atendiendo la inconveniencia de realizarlo a pocos días de haber asumido Boric.
Luego vino la segunda postergación, informada en mayo, que extendió tres meses, es decir, hasta agosto de 2022, el plazo para la recepción de ofertas, lo que comenzó a inquietar a los agricultores, particularmente después de la visita del ministro Juan Carlos García a la región, quien marcó distancia del proyecto y dio las primeras luces del proceso de reevaluación.
Así, con 21 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la licitación, el MOP informó en junio el tercer aplazamiento, que movió la apertura de ofertas desde agosto a noviembre, como una forma de ganar tiempo para el trabajo de la mesa técnica instalada por el comité de ministros “para buscar distintas alternativas respecto de lo que debe ser un embalse, que cumpla condicionantes básicas y elementales para el Gobierno del presidente Boric, que son un componente de carácter social, pero también el carácter medioambiental, que no se encontraba configurado y no estaba dado en el proyecto original”, explicó el seremi del MOP, Paulo de la Fuente, rompiendo en noviembre el hermetismo sobre este proyecto y respondiendo a los cuestionamientos de los gremios de la región, que rechazaron transversalmente el cuarto aplazamiento informado el 14 de noviembre, un día antes de vencer el plazo para presentar las ofertas, postergando el hito para julio de 2023.
Regantes
“La evaluación que hacemos, de un año más sin contar con el Embalse La Punilla, no es positiva. Comenzamos 2022 con cierto grado de optimismo, con una licitación corriendo y a la espera de recibir ofertas durante el año (…) Lo que hay que analizar, con un proyecto tan relevante para Ñuble, que tiene una identidad y una dependencia agrícola, es que no se trata solo de un año más para un proyecto, sino un año más que se posterga un trabajo en medidas estructurales para combatir la pobreza en la Región, un año más que se posterga a la agricultura como actividad y otro año donde se limitan las posibilidades de seguir combatiendo los efectos de la megasequía de la última década, que golpea a Ñuble, una de las pocas regiones que no cuenta con obras de almacenaje. En definitiva, un año más de espera, un año más de postergación no solo para levantar el embalse, sino más bien para la vida de los ñublensinos y evitar la pobreza, la migración campo-ciudad y para poder levantarnos como una región eminentemente agrícola”, dijo Fernando Rueda, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.
Ñuble Libre
El Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, conocido como Ñuble Libre, ha valorado y respaldado las postergaciones, que considera “un acto básico de responsabilidad política, técnica y social, que no habíamos evidenciado en ningún gobierno anterior”.
“En gobiernos anteriores, a diferencia de lo que hoy observamos, se manifestó una disposición absoluta a concretar el proyecto, sin antes analizar las distintas variables sociales, ambientales y económicas que, no solo ha hecho fracasar una y otra vez la anhelada solución hídrica para los pequeños agricultores del sector, sino también ha generado traumáticos hechos en la zona, como el desalojo forzoso y la destrucción de viviendas a familias habitantes del lugar o el alto gasto público en pagos de consultorías e indemnizaciones a empresas finalmente desvinculadas del proyecto”, indicaron.
En esa línea, aseguraron que “esta nueva licitación no recoge las múltiples deficiencias que viene arrastrando el proyecto Punilla desde hace décadas y que hacen improbable su ejecución y funcionamiento”.
Detallaron que “estas deficiencias están ampliamente respaldadas; como la necesaria reevaluación ambiental del proyecto considerando que los estudios ambientales datan del año 2005 o que existe una formulación de cargos emitido por la Superintendencia de Medio Ambiente, referida, por ejemplo, a la no actualización del plan social y ganadero de los erradicados del embalse”.
