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PDI incauta más de 14 kilos de droga en domicilio tras acudir por denuncia de amenazas en Chillán

Cristian Cáceres

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro), en virtud a un procedimiento policial por amenazas con armas de fuego, lograron la detención de un imputado que además, en una bodega ubicada en su domicilio de Chillán, camino a Pinto, mantenía más de 14 kilos de droga, avaluada en casi $190 millones de pesos.

El jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Gastón Herrera, señaló que “los detectives realizaron primeras diligencias en torno a una denuncia por amenazas con arma de fuego, y en el proceso investigativo ubicaron al imputado y el vehículo en que se transportaba, por lo que se coordinó con el Ministerio Público el procedimiento en que fue detenido y además, al revisar la bodega de su domicilio, fue encontrada la droga y otras especies de interés criminalístico. Estamos hablando de alrededor de 7,7 kilos de cocaína, 6,7 kilos de cannabis y una pistola, munición, además de otra arma de aire comprimido.

 El oficial general destacó que el imputado no tiene antecedentes policiales, y entre las especies incautadas también hay 107 mil pesos en dinero en efectivo, además de una balanza con la que dosificaba la droga, de la que se presume, existe clorhidrato de cocaína de alta pureza.

 El delegado presidencial regional, Gabriel Pradenas, destacó que “cada vez que damos un paso adelante, retrocede la delincuencia. Frente a lo que estamos viviendo en Ñuble, sentimos miedo por las armas de fuego y drogas. Por eso, esto es importante porque es una incautación es más importante que toda la droga incautada por la PDI durante el año”.

 Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del juzgado de Garantía de Chillán durante la mañana de este martes, donde fue formalizado por la fiscal (s) Valentina Hormazábal, por los delitos de tráfico de drogas, amenazas de muerte, tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones. Por la naturaleza y pena del delito, y por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, la Fiscalía solicitó al tribunal su prisión preventiva, argumentos que fueron acogidos, decretándose dicha medida cautelar. Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

 

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