La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto por el director titular del Servicio de Salud Ñuble, Ricardo Sánchez Opazo, en contra del Ministerio de Salud, por solicitarle la renuncia no voluntaria mientras hacía uso de reposo laboral por licencia médica.
En el escrito, el recurrente, nombrado Director del Servicio en el año 2020, se defendió aludiendo a que fue despedido en marzo de 2022 mientras se encontraba con licencia médica tras ser diagnosticado en marzo de 2020 con Covid-19 lo cual le obligó a estar 28 días hospitalizado, pasando gran parte de ese período en la Unidad de Cuidados Intensivos, dada su condición grave de salud, lo que le generó secuelas que trata médicamente hasta el día de hoy.
El Ministerio recurrido solicitó el rechazo de la acción de protección, afirmando que esa cartera ministerial ha actuado conforme a las facultades que el ordenamiento jurídico le ha conferido, negando haber incurrido en ilegalidades o arbitrariedad, añadiendo que el artículo 58 de la Ley N° 19.882, faculta al órgano público a pedir la renuncia no voluntaria a aquellos funcionarios de exclusiva confianza por la pérdida de esta.
El Minsal, además, citó jurisprudencia administrativa de la Contraloría, para sustentar su postura respecto al hecho de encontrarse el actor aún con licencia médica, y asegura que la solicitud de renuncia no voluntaria es una facultad discrecional de la autoridad administrativa, que se puede ejercer en aquellos cargos de exclusiva confianza, sin que exista algún precepto que impida su aplicación durante el goce del referido descanso.
Finalmente la Corte de Santiago hizo lugar al recurso de protección. El fallo establece que, “sin perjuicio de la facultad discrecional de que está provista la autoridad para desvirtuar al alto directivo a que se alude precedentemente mediante petición de renuncia no voluntaria, la circunstancia de encontrarse el funcionario haciendo uso de licencia médica (y en este caso por enfermedad profesional) conocida de su jefatura, obsta al libre ejercicio de dicho derecho, alzándose como un límite al ejercicio discrecional de las facultades de la autoridad”.
Al acoger el recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio de Salud, la corte capitalina dejó sin efecto el requerimiento de renuncia no voluntaria que le había sido ordenada al funcionario, “manteniéndose la vigencia del cargo y función detentada por el recurrente, y todos los derechos derivados del mismo mientras este se encuentre haciendo uso de licencia médica por enfermedad”.
Problemas para designación de autoridades
Hasta ahora no ha sido fácil para el Gobierno completar su equipo de trabajo con directivos de confianza. Al caso del Servicio de Salud Ñuble se suma la vacante en la Seremía de Bienes Nacionales tras la renuncia al cargo de Cristian Ortiz (Partido Radical) el 21 de noviembre último.
La dilación en el nombramiento fue criticada la semana pasada por el senador Gustavo Sanhueza (UDI), para quien resulta “inexplicable, que tal como pasó cuando asumió el Presidente Boric en marzo, pase y pase el tiempo y el gobierno no designe a las autoridades de Ñuble”.
Sobre este caso, respondió el delegado presidencial, Gabriel Pradenas, quien manifestó la semana pasada a radio La Discusión que durante los primeros días de este año será nombrado el nuevo seremi.
Asumió nuevo directo del Serviu
Donde sí se concretó el arribo de una nueva autoridad en Ñuble, fue en el Serviu, luego que a inicios de la semana pasada el Presidente Gabriel Boric nombrara a “Roberto Grandón Monsalves como nuevo director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Ñuble, luego de analizar una nómina de postulantes seleccionados a través de Alta Dirección Pública”, informó el Gobierno.
Grandón es ingeniero comercial de la Universidad del Biobío, tiene un diplomado en Políticas Públicas y Territorio de la Universidad de Concepción y cuenta con 26 años de experiencia en temas de vivienda y urbanismo.
Según informó el Serviu, se recibieron 144 postulaciones a través del Sistema de Postulación en Línea. Tras las evaluaciones realizadas por consultoras externas especializadas, en noviembre el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a 8 candidatas y candidatos y elaboró la nómina de personas finalistas que fue propuesta al primer mandatario para efectos de su nombramiento.
