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Gobernador y ‘amarres’: “Lo que aquí debe pasar es un proceso de buena lid”

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En febrero de 2018, ad portas que Sebastián Piñera iniciara su segundo mandato, diputados de la UDI acudían a Contraloría para denunciar lo que calificaban como un “apernamiento” de funcionarios públicos de última hora, supuestos operadores políticos a quienes se les estaba cambiando su situación contractual de honorarios a contrata.

Cuatro años después, surgen las mismas críticas, a solo semanas que llegue al gobierno Apruebo Dignidad, con Gabriel Boric a la cabeza.

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Mismo problema, distintos actores, lo que comprueba la necesidad de legislar en torno a los cambios contractuales de los funcionarios de gobierno en el último tramo de una administración.

Luego del triunfo del diputado magallánico de izquierda en diciembre pasado, la primera voz de alerta pública en la Región de Ñuble la dio la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Ñuble (Serviu), que a través de una declaración pública, denunció la renovación en el cargo del actual director regional del Serviu, Álvaro Pinto Morales, por tres años más.

Ayer, durante una ronda de reuniones, organizaciones como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Histórica del Servicio de Salud Ñuble) le dieron a conocer al gobernador regional, Óscar Crisóstomo, los problemas que los funcionarios públicos enfrentan con los cambios de gobierno.

Entre los temas abordados mencionaron los “movimientos” que se están realizando al interior de diversos servicios públicos, con el fin de permitir la continuidad y “dejar amarrados” a funcionarios de confianza del actual gobierno.

María Elena Hellman, presidenta de ANEF Ñuble, aseguró que “tenemos una preocupación bastante relevante respecto de lo que está ocurriendo en diferentes servicios públicos en la región; esto significa que hay nombres que están dando vuelta, que han sido renovados, tanto en el sistema de la Alta Dirección Pública, como en cargos de confianza. También en esta situación encontramos la mala práctica de estar cambiando de funciones a estas personas que tenían cargos de confianza para, en algún momento, hacer ejercer alguna garantía o algún cupo dentro de la dotación de cada servicio. El gobierno saliente está tratando de dejar mucha gente de su confianza”, aseveró.

La dirigenta gremial denunció que “esto no nos parece para nada una práctica adecuada, pues significa dejar amarrados a personajes que, si bien algunos de ellos podían cumplir funciones técnicas, en realidad son funciones que claramente van de la mano con la confianza del gobierno de turno -en este caso, el gobierno de Sebastián Piñera- gobierno saliente, que está tratando de dejar mucha gente de su confianza, lo que nos hace pensar que no va a ser un apoyo, sino que trabas a la posibilidad de que el nuevo gobierno pueda traer a su propia gente”, dijo.

Esta modalidad, aseveró Hellman, “siempre hemos dicho debe quedar regulada y establecida, no a través de estas leyes de la Alta Dirección Pública u otras similares que no han logrado cumplir con el objetivo que inicialmente pretendían; sino que regulando derechamente la posibilidad de que exista una fórmula legal en la que cada gobierno pueda tener un cupo menor de personas de su confianza o que realicen gestiones acordes al cargo”, sentenció.

Cabe recordar que quienes son nominados por Alta Dirección Pública y no cuentan con la confianza del gobierno de turno, pueden ser removidos pero indemnizándolos con altas sumas de dinero. Precisamente, la ADP ha sido fuertemente cuestionada en el último tiempo por mantener criterios políticos a la hora de designar altos cargos.

En tanto, desde la FENATS “Histórica” del SSÑ, su presidenta, Carol Poblete, catalogó como “grave” lo que está ocurriendo en algunas reparticiones públicas, ya que “es algo que no se había dado anteriormente como se está dando hoy día. Anteriormente las personas que llegaban con el gobierno se iban apenas terminaba su período, sin embargo eso hoy no se da y se están dejando a través de concursos que se están haciendo a última hora (…) Costará mucho sacarlos, porque además, hay que indemnizarlos con sumas millonarias” manifestó.

La dirigenta recalcó haber solicitado la reunión con el gobernador Crisóstomo para atender estas situaciones, ya que se trataría -dijo- de cargos “apernados” para la administración entrante.

“Como gremio no lo compartimos, porque son personas que llegaron políticamente con un gobierno y sabemos que entrando un nuevo gobierno debe tener su gente de confianza también, además que son personas que llegaron con grados mejorados, lo que perjudica el ambiente y las relaciones laborales dentro de la institución con los funcionarios de carrera”, precisó.

Buena lid

El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, acogió el planteamiento de los gremios señalando que “durante los meses que llevamos como Gobierno Regional hemos mantenido una buena relación con la ANEF y con distintos gremios, de quienes hemos recepcionado sus planteamientos en términos de la modalidad y de cómo se está haciendo este proceso de traspaso de un gobierno a otro”.

Según Crisóstomo, la región debe encauzarse de mejor manera, “con una visión descentralizadora, por lo tanto, lo que aquí debe pasar es un proceso de buena lid, donde el gobierno saliente entregue de buena manera el mando al gobierno entrante y hacerlo de manera ordenada según lo establezca la ley”.

Finalmente, Crisóstomo no dejó pasar la oportunidad para recordar su experiencia apenas asumió como gobernador regional.

“Me encontré con igual situación, con una serie de contratos de planta amarrados a última hora, a muy pocos días de asumir, lo que nos parece muy poco aceptable en una democracia como la nuestra” enfatizó.

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