El juez Iván Santibáñez, del Juzgado de Garantía de San Carlos, declaró al tribunal incompetente para continuar el arbitraje del “Caso Led”, cuyas etapas procesales, desde su inicio en mayo del 2019, se han realizado en es misma sede.
Lo anterior, pese a que desde que estalló este caso, la Fiscalía Regional defendió la permanencia de la causa en ese juzgado, ante las constantes peticiones de las defensas para trasladar los litigios a Santiago.
La solicitud obedece a que la fiscal regional, Nayalet Mansilla, optó por agrupar las aristas de Chillán y Negrete en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que es donde nació la arista del caso que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Energía.
Conforme a la fiscal, es allí en definitiva donde radica el principio de ejecución de estos delitos de cohecho y violación de secreto, en los proceso de licitación para el recambio de luminarias del alumbrado público.
Para establecer esta nueva posición, en la Fiscalía argumentan que mediante la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los imputados representantes de la empresa Itelecom, decidieron como política de la empresa ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país.
Y uno de los primeros acuerdos que consiguieron los habrían realizado con funcionarios del Ministerio de Energía, que en esos años alistaba un programa de Gobierno con el que se buscaría un recambio de luminarias del alumbrado público de sodio (como las que había en Chillán) por otras de tecnología led.
Las especificaciones que el ministerio exigiría, de acuerdo a la Fiscalía, serían favorables a la empresa Itelecom, de propiedad del empresario Marcelo Lefort, uno de los imputados de la causa.
Único opositor
Respecto a esta decisión, “yo fui el único que me opuse”, dice el abogado defensor, Giovanni Gotelli, quien representa al exasesor jurídico de la Municipalidad de Chillán y exjuez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos.
Conforme al defensor, “creo que la Fiscalía siempre estuvo consciente de que el principio de ejecución no estuvo jamás en Ñuble, sino en Santiago, pero jamás sabremos por qué insistió en que la causa se mantuviera acá. Ahora, si me opongo es porque mi representado no tiene nada que ver con lo que pasó en Santiago, en Nacimiento, en Negrete o en ninguna otra parte”, dijo.
Para el abogado Juan Carlos Manríquez, representante del exadministrador municipal, Ricardo Vallejos, el cambio no le pareció inadecuada ni sorpresiva la petición, ante el entendido que las investigaciones penales de alta complejidad suelen ser dinámicas.
Pero advierte que primero, el 7º Juzgado debe aceptar la competencia, y que “es probable que algunos sostengan que si el principio de ejecución estaba en las oficinas de Itelecom, en Providencia, también pueda abrirse un segundo debate para que se haga cargo, entonces, la Fiscalía Metropolitana Oriente de esta causa”.
Desde el Consejo de Defensa del Estado, la procuradora regional, abogada Mariella Dentone, comentó que para ellos no reviste problemas el cambio posible de sede, ya que “el Consejo de Defensa del Estado es uno solo y el mismo para todo el país”.
Chillán, Santiago, Negrete
El caso “led” tiene más de una veintena de imputados si se toma en cuenta la arista de Iquique, que se hizo pública merced de una serie de detenciones e incautaciones de computadores desde los domicilios de concejales y directores de unidad, el 5 de mayo de 2019, mismo día en que aconteció lo propio en Chillán.
El detonante fue la detención de Marcelo Campos con un maletín con $30 millones que acababa de recibir de manos de Marcelo Lefort, arrestado esa misma jornada.
Por orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, se encargaría de toda la causa, salvo en su episodio iquiqueño.
En adelante se detuvo a los ejecutivos de la empresa Pedro Guerra Guerrero, Leonardo Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama, imputados por el Ministerio Público como autores de delitos de soborno.
Luego al empresario George Latrille Hucke, por proveer a Lefort de facturas ideológicamente falsas para esconder sus pagos de sobornos.
Solo en lo que respecta a la arista chillaneja, el monto de la fallida licitción alcanzó los $3.976.000 y la Fiscalía sigue investigando si hubo más casos en el país.
