El gobierno libanés quedó tambaleante este lunes tras la renuncia de cuatro ministros frente a la indignación de la población, que responsabiliza a la clase política por la mortífera explosión en la capital de un país que atraviesa una profunda crisis económica y social.
Casi una semana después de la explosión que provocó al menos 160 muertos y 6.000 heridos, las autoridades libanesas acusadas de corrupción e incompetencia por la ciudadanía aún no respondieron con claridad a la pregunta que se hace todo el mundo: ¿por qué una enorme cantidad de nitrato de amonio se encontraba almacenada en el puerto de la capital libanesa?
Fue un incendio en este depósito donde estaban almacenadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio desde hace seis años sin “medidas de precaución”, según reconoció el primer ministro Hassan Diab, lo que provocó la explosión.
Sin embargo, el presidente libanés, Michel Aoun, cada vez más criticado, se opone a una investigación internacional y las autoridades no comunicaron los resultados de su investigación.
Dos días después de las tensas manifestaciones del sábado, los ministros de Finanzas, Ghazi Wazni, y de Justicia, Marie-Claude Najm, anunciaron este lunes su dimisión, lo que eleva a cuatro las renuncias de integrantes del ejecutivo después del siniestro.
El domingo ya habían anunciado su marcha del ejecutivo la ministra de Información, Manal Abdel Samad, y el de Medio Ambiente, Damianos Kattar. Nueve diputados también renunciaron a su cargo.
“Las dimisiones de ministros no son suficientes. Deben rendir cuentas”, asegura Michelle, una joven manifestante que perdió una amiga por la explosión. “Queremos un tribunal internacional que nos diga los motivos de su muerte, ya que ellos (autoridades libanesas) quieren disimular lo que sucedió”.
Detienen la búsqueda de supervivientes
Según la prensa libanesa, otros ministros también contemplan abandonar el ejecutivo.
Si dimiten hasta siete ministros, esto comportaría la disolución del actual gobierno, pero el primer ministro aseguró que estaba dispuesto a mantenerse dos meses en su cargo hasta la organización de elecciones anticipadas.
En las protestas del fin de semana, reprimidas por las fuerzas de seguridad, los manifestantes clamaban venganza contra una clase política acorralada.
“Todos quiere decir todos”, gritaban los manifestantes que desconfían de la clase política en su conjunto y que no piden la convocatoria de nuevas elecciones en un país en que su sistema electoral y su tradición política comunitaria benefician a los partidos tradicionales, entre ellos el movimiento chiita Hezbolá.
En el lugar de la explosión, los socorristas perdieron la esperanza de encontrar a nuevos supervivientes. Quedan menos de 20 personas desaparecidas, según las autoridades.
“Exigimos que continúe la búsqueda de supervivientes”, afirmó en las redes sociales Emilie Hasrouty, cuyo hermano, de 38 años, trabajaba en el puerto y se encontraría bajo los escombros.
Más de 250 millones de ayuda internacional
Habitantes de Beirut encendieron velas el domingo por la noche para homenajear a las víctimas.
Al mismo tiempo se producían enfrentamientos violentos en el centro de la capital, por segundo día consecutivo, entre manifestantes y la policía, que lanzó gases lacrimógenos y balas de goma.
La tragedia de la semana pasada dio fuelle al movimiento de indignación que había surgido el 17 de octubre de 2019 en Líbano para denunciar la corrupción de la clase política, pero que desertó las calles con la pandemia del nuevo coronavirus.
La comunidad internacional, que exige desde hace años a Beirut reformas y luchar contra la corrupción, volvió a mostrar el domingo su desconfianza hacia las autoridades libanesas.
Una videoconferencia de donantes presidida por Francia y la ONU, recaudó 252,7 millones de euros (297,23 millones de dólares) de ayudas que serán distribuídas directamente a la población.
