La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Chile por la llamada “deuda histórica” contra los profesores y declaró al Estado responsable internacionalmente por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 docentes de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.
La denominada “deuda histórica” se originó en el contexto de la dictadura de Pinochet, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las Municipalidades del país. Este proceso implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado, por lo que no percibieron una asignación especial no imponible para el profesorado dependiente del Ministerio de Educación.
