La diputada por Ñuble, Marta Bravo, anunció que durante la próxima semana buscará reactivar un proyecto de ley que la bancada de la UDI presentó en junio del año 2021, y que apunta a modificar el Código Penal para que los ataques y atentados cometidos contra los funcionarios policiales y militares sí sean considerados como vulneraciones a sus derechos humanos.
Al respecto, y tras el homicidio cometido en contra de tres efectivos de Carabineros en la comuna de Cañete, la parlamentaria explicó que la iniciativa en cuestión establece que “si se comete un atentado contra la autoridad, prevaliéndose de una organización delictiva, terrorista o paramilitar, con fines políticos, se considerará contrario a los derechos humanos”.
Para justificar lo anterior, Bravo no sólo aludió a la condición humana de los efectivos, sino que también a la propia Constitución Política, que en su artículo N° 9 indica que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”. Asimismo, la diputada UDI recordó un informe emitido por la Biblioteca del Congreso, en el que se señala que “el Estado también puede ser responsable frente a situaciones de violación a los derechos humanos de sus funcionarios, por acción atribuible a terceros particulares cuando no cumple su deber de garantizar y, en tanto, no actúa para prevenir y proteger de un riesgo real e inmediato a las víctimas”.
“A partir del grave atentado cometido en contra de tres efectivos de carabineros durante el último fin de semana, y que se suma a los constantes ataques y agresiones que vienen sufriendo los funcionarios policiales, pareciera de toda lógica que no sólo reconozcamos, sino que incluso establezcamos en el Código Penal, que sus derechos humanos también pueden ser vulnerados cuando se producen atentados como el que se registró en Cañete. La propia Constitución así lo establece, al igual que un contundente informe de la Biblioteca del Congreso, de manera que sólo resta la voluntad política de todos los sectores para que así quede consagrado en la ley”, sostuvo.
En ese sentido, Bravo incluso hizo referencia al Informe de Verdad y Reconciliación de 1991 -más conocido como Informe Rettig-, cuya comisión a cargo también estableció que “las violaciones a los derechos humanos no sólo (son) actos cometidos por agentes del Estado, sino que también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos”.
“Aprovechamiento político”
En tanto, Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, expresó su “consternación”, en entrevista con radio Futuro, y equiparó lo ocurrido en Cañete con episodios de dictadura.
Éste es uno de los más terribles asesinatos que yo haya visto, y esto es equivalente a lo que uno podría haber visto en plena dictadura. Sin embargo, una cosa es repudiar un hecho como éste, y otra es cómo mirarlo”, dijo.
La directora del Centro de Derechos Humanos criticó la iniciativa de la UDI, y precisó que sus parlamentarios tienen, al menos, un problema conceptual. Esto, debido a que universalmente, la vulneración de los DD.HH. proviene de acciones u omisiones de los Estados, sus instituciones y agentes, no de particulares.
“Hay una utilización política del lamentable suceso, e incluso, podría ser parte de una estrategia para avanzar en otras agendas legislativas. La utilización de un sector de la derecha, la utilización lamentable de esos funcionarios para ingresar otro tipo de iniciativas, como pudiera ser que todas las imputaciones por violaciones graves a los DD.HH. quedaran bajo una completa amnistía”, advirtió, en referencia a la presentación del proyecto que habla de amnistía general para todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad condenados, investigados o procesados en el marco del estallido social.
