Si bien las preferencias han cambiado coyunturalmente a lo largo de la historia, ésta nos sugiere que la inmensa mayoría de los chilenos ha esperado y espera que el sistema político e institucional les permita progresar económicamente, pero en libertad y respetando la natural diversidad.
Solo una economía de mercado puede compatibilizar progreso material con libertad política. No obstante, también debe entenderse que para superar las manifiestas desigualdades que el modelo económico ha acentuado se requieren políticas públicas que suponen un mayor protagonismo del Estado para concebir e implementar estrategias de mediano y largo plazo que, ciertamente, deben respetar la iniciativa privada y el principio de libertad de emprendimiento, pero que también tienen por vocación ser un factor esencial del crecimiento económico y de la transformación productiva del país.
La defensa irrestricta del modelo económico identifica tales estrategias de mediano y largo plazo como sinónimo de trasnochada planificación socialista, pero ello supone un prejuicio que sería conveniente desterrar, como condición previa de un debate profundo y constructivo.
Los excesos o efectos perversos de la planificación económica no anulan su legitimidad. En efecto, en años recientes varios países de Latinoamérica se trabaron en excesos de estatismo y falta de libertades individuales e incorporar esa experiencia a nuestra discusión es importante, pero no de la manera como se ha acostumbrado abordarla hasta ahora. Intentando darle forma a un concepto, podríamos decir que se trata de “una planificación estratégica al compás de una economía de mercado” que le permita al Estado, por ejemplo, tomar decisiones en el ámbito energético, en el cual el país sufre un déficit estructural, o en la agricultura, donde la escasez de agua requiere también un enfoque con objetivos de mediano y largo plazo. En el ámbito educativo, donde las transformaciones se realicen por etapas, es también evidente su necesidad, así como en el campo de la política territorial, donde se requiere cambiar las tendencias de fondo que produce el centralismo en sus versiones nacional e intrarregional.
Igualmente, la necesidad de una mayor sustentabilidad de cara a la problemática ambiental, la segregación en las ciudades, la demanda por seguridad y los otros varios temas que atañen a la calidad de vida, introducen una razonable duda en cuanto a que no parece que, por tener más, necesariamente vivamos mejor.
A muchos podrá espantar una insinuación de esta naturaleza, pero al observar los temas y preocupaciones que mayoritariamente movilizan a los ciudadanos, se confirma que tan importante como preocuparnos por los niveles en que crece nuestra economía, es también la dirección en que lo hace.
En medio de la anomia constitucional, es inevitable que nos interroguemos por el futuro y la ausencia de debates tan profundos como actuales, de cuyos resultados depende la manera en que el país se organice en aspectos claves para sus posibilidades de desarrollo. Esa discusión está en pausa, esperando interlocutores.
