Luis Romero (74), miembro del Comité Verdad y Justicia de Ñuble, recuerda el episodio conocido como “Micro Niblinto” en que él y 14 miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR partieron desde Chillán a Minas del Prado para resistir el Golpe Militar. Luis, como todos los miembros del Comité estuvo en prisión en la Cárcel de Chillán durante más de cuatro años, condenado por la figura de Consejo de Guerra. Después se fue al exilio en Holanda y regresó en democracia. 46 años transcurrirán este próximo 11 de septiembre desde que se inició la dictadura y también de la muerte del hermano de Luis en el operativo de Minas del Prado.
“Tenía 22 años, junto a otro compañero los detuvieron los campesinos de la zona, Carabineros les dijo que si no los ayudaban, iban a bombardear el pueblo. Los golpearon más de 25 hombres y los ataron en un galpón. A la salida de Minas del Prado los mataron y arrojaron en el Puente Niblinto. Él luchó por una sociedad más justa, en eso estaba y se le fue la vida. Fue el único de los ocho hermanos que fue a la universidad”, relata.
El 2 de septiembre pasado la Corte Suprema estableció que las sentencias condenatorias en Ñuble, vulneraron el debido proceso, conclusión a la que ya había llegado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenando al Estado chileno a anular las sentencias impuestas.
“Este grupo cumplió casi cinco años en prisión. Cuando regresamos a nuestro país siempre fue la idea que nuestros papeles que estaban manchados a causa de este Consejo de Guerra se pudieran limpiar, porque cada cierto tiempo íbamos a sacar el Certificado de antecedentes y aparecía que habíamos sido condenados. La abogada de DD.HH., Patricia Parra estuvo analizando los antecedentes y detectó que la gran mayoría de las declaraciones y las inculpaciones que nos hacían, habían sido bajo tortura, por eso presentó el recurso de revisión”, explica Jorge Vera, miembro del Comité.
Luis Romero recalca que 46 años del Golpe, su lucha se centra en “involucrarnos también en pedir una reparación. Se supone que si ya fue anulado el Consejo de Guerra, el Estado debería indemnizarnos”. Juan Zúñiga, miembro del Comité, precisa que “tenemos 113 caídos en Ñuble. recién se ha ido abriendo la posibilidad de que el daño ocasionado a quienes sobrevivimos al exterminio, puedan ser compensado. No hay ningún uniformado que producto de los crímenes cometidos de su dinero haya tenido que pagar algo por haber sido criminal o torturador. Algunos están en Punta Peuco, otros salieron de ahí, y otros se pasean por las calles de Chillán”.
Derechos humanos en la nueva región
Como todos los años, este miércoles el Comité Verdad y Justicia conmemorará a los detenidos desaparecidos con la exposición de sus fotografías en la Plaza de Armas. Este año solo llevarán los rostros de mujeres: Carla Rubilar, Alba Ojeda y María Elena González serán algunas de ellas. “Un dato muy específico del nivel de represión que hubo en Ñuble es que del 11 de septiembre al 10 de octubre éramos 250 presos políticos; del 11 al 30 de septiembre en la entonces provincia había 26 muertos entre detenidos desaparecidos y ejecutados; y del 1 al 30 de octubre, 30 muertos. Aquí no hubo resistencia que pudiera justificar la detención de alguien, sino que era detener, matar, y torturar por pensar diferente”, enfatiza Jorge Vera.
“No es solo la represión sistemática de quienes ellos consideraban que eran sus enemigos más peligrosos, sino que el nivel de brutalidad general era tan tremendo que se puede concluir que la gente en Ñuble no tiene memoria, porque aquí hubo un montón de cosas que se presentaron principalmente por la realidad campesina”, analiza Juan Zúñiga.
Y agrega: “Los DD.HH. son un concepto bien grande, la cesantía ni siquiera con el hecho de ser región ha disminuido; el derecho a un trabajo, a la educación, a un sueldo y salud digna, esos también son derechos humanos. Se ha avanzado mucho, pero aún no es suficiente”.
El Comité asegura que el futuro está en los jóvenes. Actualmente alumnos de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Biobío realizan una investigación de ellos. “Nosotros como jóvenes debemos continuar esta reconstrucción, es nuestro deber y responsabilidad encontrar la verdad y justicia, sobre todo en esta ciudad en que está todo muy olvidado, donde la gente que no participa de algo social, no tiene idea de lo que pasó en Ñuble”, sostiene la alumna Catalina Poblete. Su compañero, Sebastián Jara añade que “hay una carencia en educar en torno a los derechos humanos. No nos hacemos cargo de las míseras pensiones, de los conflictos socioambientales que también implican una violación de derechos, también replicamos el modelo de dictadura al no respetarlos. Eso no se enseña ni en la escuela, ni menos en la educación superior, por eso no hay concientización de esto. ¿Por qué si tantos jóvenes llegan a la universidad no han logrado cambiar Chile?”.
En la mesa alargada donde están reunidos, Luis se sienta frente al cuadro en que se ilustra a dos jóvenes colgados en un galpón mientras son torturados. Uno de ellos es su hermano, cuyo cadáver arrojaron al puente Niblinto. Lo pintó otro de sus hermanos. “Es bueno recordarlo, cosa que el pueblo de esta región no ha hecho”, dice.
