Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la entidad que, en 2016, ordenó a la Corte Suprema de Chile comenzar a revisar algunos de los más de 84 casos que fueron juzgados en un Consejo de Guerra, post golpe de Estado de 1973, instancias que terminaron con condenados.
Esto, ante un gran número de denuncias, entre ellas de varios integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden de la época, por negarse a participar de las acciones que siguieron al Golpe de Estado, en las que se aseguraba que hubo fallos condenatorios basándose en confesiones obtenidas en base a torturas y apremios ilegítimos.
Hasta la fecha van 10 fallos del máximo tribunal chileno que finalizaron con la nulidad, entre ellos, tres casos que se generaron en Ñuble, que en la década del 70 tenía su Consejo de Guerra en el Regimiento de Infantería “Chillán”, el que consistía en un organismo colegiado conformado solo por miembros de la oficialidad del Ejército.
Y son estos mismos integrantes del consejo quienes, por orden de la misma Corte Suprema, han comenzado a ser objeto de investigaciones penales.
De esta manera, es primera vez que los integrantes de entidades formales -y no clandestinas como la DINAo la CNI- comienzan a ser perseguidos penalmente.
Un primer análisis de esta situación que atañe a Ñuble la hace el exfiscal militar de Aysén, Rodrigo Vera Lama, quien apunta que “estos fallos traen como consecuencia que, en primer lugar, se limpien los antecedentes penales de todas estas personas que, hasta entonces, tenían en su extracto de filiación, antecedentes, por ejemplo, por terrorismo”.
Un segundo punto al que alude el experto es la posibilidad de que se generen nuevas demandas contra el Fisco, como se ha visto en otros casos de violaciones a los Derechos Humanos, que actualmente revisa el ministro Carlos Aldana para la Región de Ñuble.
“Ahora se conocen estas tres causas, pero deben ser muchísimas más y lo relevante desde el punto de vista procesal, es que hasta ahora se solía plantear como defensa que los condenados fueron sometidos a procesos formales y legítimos ante un ente colegiado, pero eso es una manera de disfrazar una ilegalidad como torturar a un interrogado”, asegura Vera Lama.
Resarcimiento moral
Los Consejos de Guerra siguen vigentes en la ley chilena, y suponen su constitución en situaciones excepcionales a nivel país, como una guerra o, como fue el caso de 1973 en adelante, cuando se decreta Estado de Sitio.
Pese a esto, en los fallos de la Corte se especifica que hubo interrogatorios con base a torturas, vejámenes y apremios ilegítimos, declarando los fallos posteriores al 11 de septiembre como “insalvablemente nulos”.
Patricio Robles, abogado de Derechos Humanos, dice que “es complejo que haya investigaciones muy claras por lo que ya hemos visto en las investigaciones de Derechos Humanos, iniciadas tantos años después. Lo importante es que se genera un resarcimiento moral para las víctimas y se demuestra que en esos años se hizo uso de una torcida aplicación del derecho y no juicios justos como dijeron por tantos años”.
