Los miembros de la comisión de Fiscalización del Consejo Regional Cristian Quilodrán (PDG), Rodrigo Dinamarca (RN) y John Polanco (ind.-UDI) realizaron una presentación ante Contraloría Regional acusando “falta de cumplimiento de los deberes que la ley impone al gobernador regional en el ejercicio de sus funciones”, esto, en lo relativo a “la negativa para proveer el cargo de jefe de la Unidad de Control del Gobierno Regional de Ñuble”, según se detalla en el documento ingresado al organismo de control el pasado viernes.
La inquietud de los cores, en especial, de Cristian Quilodrán, fue manifestada hace varias semanas en el seno del Consejo Regional y ante la máxima autoridad del GORE, Óscar Crisóstomo.
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El cargo de jefe de la Unidad de Control se crea en el marco de la ley 21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización, junto con el del administrador(a) regional, y las divisiones de Fomento Productivo e Industria, Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transporte.
Según el core Quilodrán, el Gobierno Regional está obligado por ley a nombrar el cargo de jefe de Unidad de Control, sin embargo, este aún no se ha proveído, y las razones esgrimidas por el gobernador, a su juicio, no son justificadas.
“Él dice que no tienen los recursos, que la planta para dicho cargo fue ocupada durante la administración anterior, sin embargo, consultamos al Servicio Civil, y nos dijeron que el tema está en proceso, y el gobernador nos dijo lo contrario, nos mintió en la comisión. Hace más de un mes que a él le avisaron que se debía generar una comisión para elegir el cargo, integrada por alguien del Servicio Civil, alguien del GORE y alguien del CORE. A él le llegó ese correo y no avisó nada”, sostuvo Cristian Quilodrán, quien ha sido particularmente crítico de la gestión del gobernador Crisóstomo en este ámbito.
“Necesitamos una Unidad de Control para revisar todos los proyectos cursados, porque algunos están muy en la nebulosa, yo pido los antecedentes y no me los mandan; también para revisar procedimientos administrativos, hay oficios que el gobernador no responde, cargos que no están desarrollando bien sus funciones, y podrían generarse sumarios o acusaciones ante el Tricel o Contraloría. Por eso al gobernador no le conviene mantener este cargo activo”, sostuvo Quilodrán.
Quien también firmó la presentación ante Contraloría fue el consejero Rodrigo Dinamarca. “Creo que la Unidad de Control ya debería estar establecida, y aquí el gobernador elude y le echa la culpa a las administraciones anteriores por haber ocupado el cargo. La falta de presupuesto podría haber sido una excusa, si es que el gobernador no estuviera contratando funcionarios nuevos con sueldos millonarios”, sostuvo el core de RN.
Desde el sector más oficialista, el consejero DC, Alberto Jarpa respaldó al gobernador, y recalcó que los problemas presupuestarios del GORE se arrastran desde la creación de la región.
“El organigrama es una base administrativa de funcionamiento, acá la disposición existe, pero el problema es que cuando se crea la región, se hace de muy mala manera, con la mitad de los funcionarios, la mitad del presupuesto que se necesitaba para dar respuesta a los requerimientos de recursos humanos. Tenemos una región a la mitad, y cuando se tienen dos de las cuatro patas de la mesa, hay que funcionar con lo que hay. Lamentablemente, esto no se transparentó desde un inicio para que se entregaran los recursos necesarios”, aseveró.
Función del jefe de Control
Entre las funciones de la unidad de control del GORE están emitir informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas. Del mismo modo, debe dar respuesta por escrito a las consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de los consejeros presentes en la sesión en que se trate dicha consulta o petición, y podrá asesorar al consejo en la definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar.
También deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional. La unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.
Situación “heredada”
El no tener hoy una unidad de control, según explicó el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, “responde a una situación heredada de la administración anterior, la que se encontraba en el imperativo por ley de hacer el llamado a concurso de director de Control, no obstante, no lo hizo, destinando los concursos y otorgando prioridad a otros funcionarios.
Actualmente encargamos una auditoría interna de trazabilidad de cargos respecto de los concursos internos que se llamaron el año 2020-2021 en el Gobierno Regional, lo cual ha sido un tema muy complejo, y que incluso, lo hemos estado tratando con la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales”, dijo.
La autoridad sostuvo que el tema ha sido analizado también en conjunto con Contraloría, quienes están al tanto de la situación. “Dentro de un informe de este organismo se nos hace presente un sinnúmero de observaciones a los procesos internos que se vivieron y que nos encontramos regularizando. Sin embargo, por transparencia y como ha sido nuestro actuar, nos encontramos actualmente trabajando con el Servicio Civil, desarrollando las bases para el cargo de director de Control, con el objeto a llamar en el más breve plazo a este concurso, actualizando los antecedentes, de modo tal que una vez que tengamos ese cargo, lo cubramos con el cupo correspondiente”, afirmó.
Crisóstomo enfatizó en que “a los consejeros regionales se les ha informado oportunamente de esta situación, y en consecuencia, han estado al tanto de todo este proceso. Lamento que estos consejeros, que representan una minoría en el Consejo, estén utilizando este tema con fines netamente políticos, y que solamente llama a la desconfianza y desinformación de la ciudadanía”, sentenció.
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