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Contraloría ordenó al municipio cobrar los más de $507 millones en multas a Dimensión

Todo parece indicar que algunos funcionarios activos de la exadministración de la Municipalidad de Chillán, y el Ministerio Público Regional, coincidirán nuevamente en tribunales, por supuestos delitos de corrupción. Esos mismos delitos que suelen llamarse “desórdenes administrativos” para suavizar el carácter de las imputaciones.

Tal es el parecer del propio alcalde chillanejo, Camilo Benavente, y de diversos concejales, luego que se hicieran públicos los resultados de una de las tres auditorías en curso realizadas al consistorio, en específico, la de la Contraloría General de la República, cuyo informe final tuvo cuatro destinatarios, entre ellos a la Fiscalía Regional de Ñuble.

Multas millonarias no cobradas; presuntos conflictos de interés entre el entonces alcalde subrogante y exadministrador municipal, Ricardo Vallejos, y algunos proveedores; más de dos millones de dólares en cuentas impagas; un inventario incompleto e inexacto de los bienes muebles e inmuebles totales del municipio; gastos sin comprobantes que certificaran su justificación, son solo parte de las 77 conclusiones que arroja la investigación.

A ellas se suma una escandalosa entrega de ayudas sociales, por parte de la Dideco, a personas que están registradas como fallecidas en el Registro Civil.

Esta auditoría, como la que realiza paralelamente la Subdere y una de carácter interno mediante una empresa licitada, tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.

“Teníamos la necesidad de conocer el real estado financiero de la municipalidad, pero además, era urgente conocer cómo se estaba procediendo en los contratos y las licitaciones, porque nos estaban dando, históricamente, muchos problemas”, explicó Benavente.

Asimismo, se realizó un examen de cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, con motivo del Covid-19, considerando que hubo muchas suspensiones de cobros –por ejemplo en patentes comerciales- para evitar la quiebra de los comerciantes locales debido a las cuarentenas y toques de queda que implica el Estado de Emergencia.

“En efecto, se hicieron varias concesiones, lo que es natural, pero luego acá también queda en evidencia que hubo una desprolijidad y falta de gestión municipal, porque estamos hablando de más de $1.900 millones de pesos en cuentas no cobradas”, apuntó el concejal César Riquelme.

$507 millones en multas

Ya trascendió durante la semana pasada que la administración anterior dejó multas sin cobrar por un total de $507.540.716 a la empresa Dimensión SA, encargada de la recolección de la basura.

Se trata de 17 notificaciones, entre las que se especifican faltas como no contar con la cantidad de vehículos ofertados ni equipados; no presentar todos los antecedentes de aprobación de la infraestructura, maquinaria, equipos, vehículos; no proporcionar los uniformes dentro de 10 días hábiles antes del inicio de cada temporada; no utilizar los implementos de seguridad cuando el trabajo lo amerite.

También se consignan otras infracciones por mantener personal con uniforme en mal estado; por usar uniforme perteneciente a otro servicio o por cambiarse de uniforme en la vía pública; barrido incompleto o realizado deficientemente; contar con un número inferior de trabajadores ofertados, sin justificación.

Finalmente se detallan otras multas por el uso de vehículos no registrados ni autorizados por la unidad técnica; no cumplir con los plazos, horarios y/o rutas establecidas en las bases y/o programas de trabajo; ausencia, falla o desconexión (accidental o voluntaria) de GPS en vehículos titular o reemplazo; mantener en la base de operaciones camiones cargados después de la hora del término del servicio; incumplimiento de lavado y sanitizado de camiones recolectores.

$1.980 millones sin cobrar

Conforme a la auditoría, se comprobó que existen cuentas sin cobrar por $1.980.083.641 y una deuda flotante de los años 2020 y 2021 subvalorada en $196.318.812 y $229.537.910, respectivamente, debido a que el municipio incumplió el principio de devengado en las operaciones.

Se detectó un desembolso de $3.073.770, por concepto de servicios de coctelería, los que fueron cargados a gastos de representación, protocolo y ceremonial, sin que en los expedientes de pago se acreditara la invitación o en su defecto la asistencia efectiva de autoridades superiores de gobierno o del ministerio correspondiente. Asimismo, la entidad edilicia aportó listado de asistentes duplicado.

Sin embargo, respecto a cada una de estas multas y cuentas impagas, “la Contraloría dio plazos específicos para que se inicien los cobros, es decir, de ninguna manera es plata perdida. Ahora, habrá que estar atentos a la eficiencia con que esto se haga, porque además, la Contraloría le exige a la Municipalidad que le informe cómo va a realizar esos cobros”, comentó el concejal César Riquelme.

El edil explicó que parte de la importancia de cobrar esas multas y deudas radica en que “cuando el municipio proyecta el presupuesto para el año siguiente, contempla estos dineros adeudados, pero la realidad demuestra que no se los pagan, muchas veces por falta de gestión”.

Finalmente, respecto al posible conflicto de interés, este involucra al exadminsitrador Ricardo Vallejos (imputado por el Caso Led) con la sociedad de Taxibuses Chillán Viejo, por más de $24 millones, figurando su hermano entre los socios.

Ayuda social a fallecidos

Uno de los puntos más sensibles fue la evidencia que durante el periodo de pandemia, desde la Dideco se repartieron cajas de alimentos a personas que, hechas las indagaciones, figuraban como fallecidos en el Registro Civil.

De más de siete mil cajas repartidas por la Dideco, (por lo tanto, más de 7 mil rut) solo se hizo seguimiento a 350.

De ellas, un total de 22, presentaban esta irregularidad.

“¿Qué pasaría si se revisan los 7 mil rut? Debemos profundizar en ese tema, ver quiénes son los responsables y aplicar las sanciones”, cuestionó la concejala Quenne Aitken.

Añadió luego que “hay que ver qué responsabilidades tuvo el ITO, los funcionarios a cargo de la repartición de las cajas por parte de la Dideco, que no tuvo la rigurosidad que vimos en otras entidades que también hicieron repartos contra carné de identidad y escaneos de documentos. Ya sabíamos de funcionarios que ya se había dicho que estaban en ciertas ilegalidades, por lo que no se entiende que sigan trabajando en la Municipalidad”.

Considerando que uno de los objetivos de estas auditorías es poder mejorar los procesos administrativos, la concejala  propuso que en lo sucesivo, “debe haber cambios en las formas en que se hacen las fiscalizaciones internas. Quizás, debería ser un fiscalizador de otra municipalidad o alguna manera de evitar que nos autofiscalicemos, porque es así como surgen las ilegalidades”.

Acceso más expedito

Si bien los concejales, en especial los que estaban en el cargo durante la administración pasada, hicieron un mea culpa respecto a la fiscalización insuficiente en estos temas, por otra parte, acusan que durante la administración pasada (y en ocasiones, todavía), los informes que solicitan, no siempre llegaban.

“Recién ahora nos estamos enterando del resultado de una de las auditorias. Hubo otras a las que nunca tuvimos acceso”, explicó Brígida Hormazábal.

“Se nos entregaba la información muy sesgada. Si no se tiene lo necesario en mano es difícil plantear la acusación de abandono de funciones. Si no hay una evidencia o la documentación, no se puede hacer mucho. Y nosotros lo pedimos y nunca nos llegó”, agregó.

Al respecto, Quenne Aitken insistió en que “hoy día es muy necesario que nos entreguen los preinformes y las respuestas que se entregó por parte de la Municipalidad. Hay jurisprudencia que dice que estos deben ser entregados una vez que se completen, y esa es la única manera si la Municipalidad ha estado haciendo su trabajo”.

Respecto al reparto de cajas sociales, que también muestra entrega a personas que no presentaban condiciones económicas apremiantes y en ocasiones, más de una caja a un mismo destinatario, los concejales exigieron una investigación y un sumario.

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