El Juzgado de Garantía de Bulnes dejó este viernes 22 de septiembre sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse la Municipalidad y comunicarse con los coimputados, al director de Control del municipio de Portezuelo, Juan Pablo Santos Riquelme, imputado por el Ministerio Público por el delito de violación de secreto. Ilícito que se habría perpetrado en el marco del proceso de licitación de cuentas bancarias realizado al interior del municipio durante 2022.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 1520-2022), la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó la libertad del imputado
Además, el tribunal fijó en siete meses el plazo de investigación de la causa, que rige desde el 18 de abril del presente, fecha de la primera formalización asociado a la causa.
Según el ente persecutor, mediante una investigación se logró detectar que, desde abril del 2022, el imputado Santos Riquelme, previo a la publicación de la licitación sobre estudios financieros y proyección de ingresos de la Municipalidad de Portezuelo, inició conversaciones con el coimputado Rodrigo Carmona Olivares, dueño de la empresa Gestión Global SPA.
En ese contexto, el 1 de julio del mismo año le informa que la licitación está lista y que pronto será publicada, lo que se concreta el 7 de julio donde nuevamente informa y entrega el id correspondiente a Carmona Olivares. El 11 de julio, en tanto reveló un secreto de la licitación al entregar al coimputado la respuesta exacta a la pregunta realizada a través del sistema de Mercado Público, lo que a juicio de la Fiscalía le otorgó ventajas en el proceso.
Imputados
Cabe consignar que en la misma causa que investiga el Ministerio Público han sido formalizados con anterioridad el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Ríos, Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza y el jefe de proyectos del Departamento de Administración de Educación de Bulnes, Salvador Marcelo Lavagnino Humeresel, como autores de los delitos de soborno y cohecho, además del empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares, imputado como autor de los delitos de cohecho, soborno y fraude al fisco, su colaborador, el exconcejal Rodrigo Sandoval Terán, por el delito de estafa, soborno y cohecho, el alcalde de la comuna de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt; y el funcionario municipal Edgardo Antonio Suazo Jiménez, imputados como autores de los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y fraude al fisco. El alcalde de Ñiquén Manuel Pino Turra, imputado por el delito de cohecho
El funcionario público Krysler Sebastián Monroy Castillo, imputado como autor de los delitos de cohecho y fraude al fisco; Hugo Basthian Troncoso Salazar, imputado como autor del delito de cohecho y el funcionario de la Municipalidad de Ñiquén, Carlos Bernabé Fernández Aedo, imputado por los delitos de violación de secreto y cohecho.
