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Caso Led: Fiscalía de Ñuble por primera vez imputa delitos de lavado de activos

Cristian Cáceres

Una nueva persona formalizada dejó el caso led, luego que en la mañana de ayer, la Fiscalía Regional de Ñuble formulara cargos al exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pachecho Quintanilla (ya formalizado antes), y a su conviviente Javiera Correa Neira, empleada de esa misma cartera.

La audiencia, desde que los tribunales de Ñuble se declararon incompetentes para seguir con la causa se realizó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y a diferencia de las otras formalizaciones, en esta oportunidad -por primera vez- se imputaron cargos de lavado de activos, los que conforme a la Fiscalía, son reiterados.

Según dispuso el tribunal como medida cautelar, ambos deberán cumplir arresto domiciliario total mientras dure la investigación, tal como lo solicitó el Ministerio Público.

Conforme a lo expuesto por la fiscal Paulina Valdebenito, integrante del equipo de la Fiscal Regional de Ñuble, “desde 2017 y hasta 2020, los imputados a sabiendas que determinados dineros provenían directa o indirectamente de conductas de cohecho por parte de la empresa Itelecom, realizadas por Pacheco (formalizado el 16 de abril, realizaron en la ciudad de Santiago), diversas maniobras tendientes a usar dichos dineros”.

Según la Fiscalía, la empresa Itelecom le pagó a Pacheco sobornos por más de $170 millones durante 2017 y 2020, dineros que usó para comprar un automóvil por cerca de $80 millones y una vivienda en avenida Chamisero de Colina, con un costo de 11.654 UF.

Además, ambos imputados, el 23 de junio de 2020, realizaron una transferencia de derechos sobre el inmueble que habían comprado, “con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los dineros con que se pagó parte del precio de compraventa del inmueble”, expuso la fiscal Valdebenito.

Si bien la defensa de Javiera Correa argumentó que su representada no tenía conocimiento de los actos ilícitos de su pareja, el juez de Garantía estimó que “el mero sentido común” da cuenta que una persona que es funcionaria público, conviviente, integrante de una familia de hecho con el imputado y con un sueldo que no les alcanza para el estándar de vida que tenían, debió haber estado al tanto que estaba siendo beneficiada con dineros provenientes del cohecho del que fue parte su pareja.

Para el 6 de enero

Los abogados de los imputados en la arista chillaneja de esta causa de corrupción en los procesos de licitación para el recambio de luminarias, explicaron que esta formalización no es en lo absoluto atingente a su caso.

Y aunque esperaban que tras la formalización se discutiera la solicitud fiscal de ampliar el plazo de investigación una vez más, esta quedó fijada para el próximo 6 de enero, fecha en que además se pedirá el cambio de cautelar que pesa para el exconcejal Víctor Sepúlveda, con arresto domiciliario total.

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