La magistrado Claudia Aguayo, titular del Juzgado de Garantía de Bulnes, rechazó la solicitud planteada por las defensas de algunos de los imputados por el llamado caso “cuentas corrientes”, en orden de alzar el estado de secreta que el Ministerio Público impuso respecto a la investigación.
Tras desestimar los argumentos de los defensores Marco Montero (por el alcalde de San Ignacio, César Figueroa), Rodrigo Vera Lama (por Krysler Monroy, director de Salud Municipal de San Ignacio) y el de la abogada defensora pública, Javiera Delgado (por el jefe de gabinete Edgardo Suazo), la jueza se inclinó por las necesidades investigativas que requerían no ser reveladas, planteadas por la Fiscalía, y otorgó un plazo de 40 días para el alzamiento del secreto, que es el lapso máximo que admite la ley.
De esta manera, el secreto se mantendrá hasta el próximo 23 de mayo.
“No se puede levantar por piezas ni tampoco completamente el secreto de la misma. Esto para poder mantener la eficacia respecto a los antecedentes que se mantienen en investigación en estos momentos”, comentó tras la audiencia la fiscal (s) Johanna Irribarra.
Previamente, el abogado Vera Lama, en conversación con La Discusión, planteó que “una de las diferencias fundamentales que tiene el nuevo sistema procesal penal respecto del sistema antiguo, con los llamados jueces del crimen, es que antes existía el secreto del sumario, lo que hoy no existe, por lo tanto es excepcional que una investigación sea mantenida en carácter de secreta”.
Conforme a los reclamantes, tal situación afecta el derecho a la defensa al no conocer el contenido de la imputación.
“Cómo una persona se va a defender, si no sabe exactamente de qué se le acusa ni con qué pruebas se le acusa”, cuestionó el jurista.
Traslados y cautelares
No todas las solicitudes hechas por las defensas han sido desestimadas en este proceso que, con la de ayer, ya suma cinco audiencias entre controles de detención, formalizaciones y de alzamientos de secreto, en menos de una semana.
Tal como lo anticipó hace algunos días el jefe de la Defensoría Pública Regional, Marco Montero, se solicitó el traslado del alcalde Figueroa a la cárcel de Yungay, lo que fue aceptado por la Dirección Regional de Gendarmería ayer lunes.
De esta manera, y tras pasar los primeros días en prisión preventiva en la cárcel de Chillán, fue cambiado al penal de San Carlos, lugar en el que aún permanecen los otros tres imputados a quienes se les impuso la misma medida cautelar, es decir, a Krysler Monroy (imputado por cohecho), al empresario Rodrigo Carmona y a su asistente, Rodrigo Sandoval, ambos imputados por soborno y otros delitos.
De manera paralela, las defensas de estos cuatro imputados que mantiene esta causa que persigue delitos de corrupción en el marco de licitaciones municipales, presentaron solicitudes a la Corte de Apelaciones de Chillán para el cambio de medidas cautelares, por lo que las respectivas resoluciones del tribunal de alzada se deberían conocer mañana martes.
Respecto a las cautelares que pesan sobre los otro cuatro imputados, estas son las de arresto domiciliario total, con prohibición de acercarse a sus respectivos municipios y a comunicarse con otros imputados, impuestas al alcalde de Ñiquén, Manuel Pino; al su jefe de la Dirección de Educación Municipal; Carlos Fernández; y para el jefe de gabinete del alcalde César Figueroa de San Ignacio, Edgardo Suazo.
Solo el imputado Hugo Troncoso, jefe de la dirección de Finanzas de la Municipalidad de San Ignacio, quedó con una cautelar no privativa de libertad, consistente en el arraigo nacional, firma mensual, además de la prohibición de acercarse al municipio y contactarse con el resto de los imputados.
Todos ellos están formalizados por cohecho.
