La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley este martes el proyecto que castiga con penas de cárcel efectiva -presidio menor en sus grados mínimo a medio- a quienes sean sorprendidos portando líquidos combustibles en el contexto de manifestaciones.
El texto, que contempla penas de hasta 540 días de presidio, está inserto en la agenda de seguridad consensuada entre el Gobierno y el Parlamento, según reveló radio Cooperativa.
Desde el oficialismo han criticado que la propuesta cambie la idea matriz del proyecto original del Ejecutivo, que sólo buscaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles, pero luego la oposición presentó la norma a fin de aumentar las penas.
Producto de esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo reserva de constitucionalidad de parte del Ejecutivo y adelantó un posible veto. Sin embargo, ha trascendido que a raíz del veto presentado al proyecto antiusurpaciones La Moneda no tendría mucho espacio para acudir al Tribunal Constitucional (TC) o vetar otro proyecto.
