Un grupo de diputados de la DC, PS y PR ingresaron un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de instalar en las cárceles sistemas para inhibir el funcionamiento de teléfonos celulares y similares, con el fin de terminar las estafas y bandas criminales que operan desde el interior de esos recintos.
El diputado por Ñuble, Felipe Camaño, solicitó a las empresas de telefonía que se hagan cargo del bloqueo de la señal de celulares en las cárceles o simplemente que el Ministerio de Justicia ordene la instalación de antenas para suspender el funcionamiento de los aparatos.
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“Esta ley establecerá que las empresas de telecomunicaciones deberán, en el marco de su responsabilidad social y el resguardo de la seguridad pública, colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico-operativo instalen antenas o medios por los cuales se anule o cancele de manera permanente la señales de telefonía celular, transmisión de datos o imágenes dentro del perímetro que comprendan centros de reinserción juvenil cerrados, centros de detención o cualquier otro penitenciario”, explicó
El parlamentario sostuvo que se sancionará severamente el ingreso y uso de elementos prohibidos en las cárceles. “Si el autor del hecho ostentare la calidad de abogado, funcionario de Gendarmería o funcionario público será sancionado con presidio menor en su grado máximo y la suspensión del cargo u oficio degrado máximo”, agregó Camaño.
Por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) comentaron que es necesario contar con sistemas de inhibición de señal que realmente funcionen, ya que aunque se han intentado instalar sistemas anteriormente estos no han tenido éxito, sobre todo por el creciente aumento de grupos de narcotráfico dentro de los penales, así lo manifestó el presidente regional de la ANFUP Ñuble, Cristian Montecinos.
“Hoy en día se hace imperioso contar con el servicio de inhibición entendiendo como ha ido en aumento exponencial el crimen organizado, las bandas narco-criminales que operan desde el interior de los recintos carcelarios y direccionan el mercado del narcotráfico hacia el exterior. La última cifra de Departamento de Inteligencia Penitenciaria teníamos hasta el 2021 cerca de 856 bandas narco-criminales detectadas, y hoy en día van más de 800 que operan desde el interior de las cárceles y eso es grave porque deja leer entre línea que muchos reclusos no están viendo la cárcel como un castigo penal sino como una oportunidad de negocio”, subrayó.
Según datos de Gendarmería, se requisan al menos 25 mil equipos móviles al año en distintas cárceles del país, aparatos que son ingresados a los penales a través de distintas formas. El presidente regional de la ANFUP, indicó que existen tres maneras comunes de ingresar los equipos a las cárceles.
“Una puede ser por lanzamiento aéreo donde no tan solo se lanzan sustancias psicotrópicas o estupefacientes sino que muchas veces van equipos celulares, también se ha encontrado munición y una serie de elementos ilícitos. También puede ser mediante la visita, generalmente las cavidades albergan este tipo de elementos prohibidos, tenemos funcionarios que son permeables a la corrupción y cuando han sido pesquisados por el servicio soy uno de los primeros en decir que se tienen que ir porque trabajan con códigos distintos a los que trabajamos con apego irrestricto a la probidad administrativa.
Este proyecto nace tras la preocupación que ha generado el uso de los celulares dentro de las cárceles, ya que con estos se han logrado organizar motines, estafas y otros delitos desde el interior de los recintos penitenciarios.
Texto: Ignacio Oyarce
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