El tema de los asaltos a casas habitadas está instalado desde hace mucho tiempo entra las preocupaciones de la opinión pública local, pero ha cobrado especial vigencia por estos días, a partir del violento asalto que afectó a una mujer y a sus 4 hijos en Parque Lantaño, el miércoles pasado.
Injusto sería decir que Chillán es una ciudad donde campea el delito, pero la repercusión de hechos como ese va configurando una sensación de indefensión que se ve confirmada en las estadísticas policiales.
En efecto, la sensación de inseguridad que vive la población no es infundada ni pasajera, ni tampoco el resultado de la difusión que de los hechos policiales efectúan los medios de comunicación, que a nivel local han registrado este año, con agobiante frecuencia, noticias que tienen que ver con el aumento de los delitos violentos, como lo muestran las cifras publicadas por Carabineros.
Según la página del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, en la capital regional de Ñuble, desde enero a la segunda quincena de junio, se han denunciado 1.560 delitos violentos, tales como violaciones (9), robos con violencia (60), robos con intimidación (136) y quitadas de vehículos (16). En todos ellos hay un incremento respecto de 2022.
Sin embargo, es uno de los delitos que peores consecuencias sicológicas y morales genera entre las víctimas, el robo en lugar habitado, el que lidera las denuncias del STOP de Carabineros. En efecto, los asaltos a las personas dentro de sus casas, catalogados por el sistema como “robos con fuerza” es el delito que más se ha denunciado este año en Carabineros de Chillán, con un total de 354 casos durante los primeros 5 meses de este año, es decir, más de dos casos diarios. El año pasado, en igual fecha, las denuncias eran 230.
Este preocupante cuadro, que se repite en todo Chile, ha llevado a estudiar un incremento de las penas, e incorporar una agravante de responsabilidad criminal, iniciativa que actualmente se discute en el Congreso. En concreto, se analiza el aumento de la pena asociada a este tipo de delito -actualmente de 5 a 10 años de cárcel, según lo previsto en el artículo 440 del Código Penal- a fin que se fije entre 10 a 15 de años, es decir, aumentar la pena a presidio mayor en su grado medio. Además, propone modificar el artículo 12 del Código Penal, referido a las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, para establecer que en el delito de robo con fuerza en las casas la presencia de un menor de 18 años, de un adulto mayor, de una mujer embarazada o de una persona en situación de discapacidad, constituye una circunstancia agravante.
Sin duda, el endurecimiento de las sanciones debería contribuir a desincentivar a los delincuentes, pero como ocurre con otros delitos, la unión y coordinación de acciones y medidas de prevención entre la sociedad civil y las instituciones (Carabineros y PDI) adquiere una importancia superlativa, aunque el círculo no se completa sin un eficiente accionar del Ministerio Público y de los tribunales de justicia.
Si bien los datos de una realidad delictiva que nos alarma como son los robos en lugar habitado están limitados al primer semestre de este año, se trata de un comportamiento alcista que debería convocar la mayor atención de todos los que vivimos en la capital de Ñuble.
