Al menos 600 civiles murieron en una “masacre” cometida el 9 de noviembre en la región disidente etíope del Tigré por grupos locales, informó este martes un organismo público, mientras la guerra en el país se encamina hacia una fase decisiva y aumentan los llamados a proteger a la población civil.
El informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos etíope (EHRC), independiente pero cuyo director es nombrado por el gobierno, acusó a una milicia informal de jóvenes de Tigré, así como a las fuerzas de seguridad locales, de la muerte de al menos 600 personas el 9 de noviembre en la localidad de Mai Kadra.
La oenegé Amnistía Internacional (AI) había informado previamente que “probablemente centenares” de civiles habían sido apuñalados o asesinados con hachas, el 9 de noviembre en Mai Kadra, la mayor atrocidad conocida desde el comienzo del operativo militar lanzado por el gobierno federal el 4 de noviembre contra las autoridades regionales del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF).
La ONU ha solicitado una investigación independiente para determinar qué fue lo que sucedió exactamente en Mai Kadra.
No obstante, habitantes de Mai Kadra que lograron huir de los combates hacia Sudán, al igual que otros 40.000 etíopes, acusaron a las fuerzas federales de haber cometido atrocidades en la localidad, controlada desde el comienzo del conflicto por las fuerzas gubernamentales.
La guerra también ha causado numerosos desplazamientos internos en la región, aunque se desconoce su magnitud.
Ninguna de las afirmaciones de las partes beligerantes ha podido ser verificada por fuentes independientes, puesto que Tigré está prácticamente aislada del mundo.
Tampoco hay un balance preciso de los combates, que han causado al menos centenares de muertos.
El primer ministro etíope Abiy Ahmed justificó el envío del ejército en noviembre al Tigré tras acusar al TPLF de haber atacado a dos bases militares federales en la región, lo que niegan las autoridades locales.
Desde 1991, tras derrocar a un régimen marxista en Adis Abeba, el TPLF llegó a controlar el poder en Etiopía durante más de 25 años, hasta ser progresivamente marginado Abiy, cuando éste llegó al poder en 2018.
Fase decisiva
La guerra se encamina ahora hacia una fase decisiva, según Adís Abeba, en el segundo día del ultimátum de 72 horas dado por Abiy a los dirigentes de la región disidente para rendirse.
El ejército federal etíope, tras haber progresado en varios ejes, dice estar en medida de lanzar la batalla de Mekele, la capital de la región, para expulsar de ella a los dirigentes del TPLF y reemplazarlos por una nueva administración.
El presidente del Tigré y jefe del TPLF, Debretsion Gebremichael respondió al ultimátum: “Somos un pueblo de principios, y estamos dispuestos a morir”.
La perspectiva de un asalto contra Mekele, que tiene 500.000 habitantes además de un número indeterminado de desplazados que se han refugiado ahí desde el inicio del conflicto, preocupa a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos
“Mientras las tropas federales etíopes se preparan para asediar Mekele, Amnistía Internacional recuerda a todas las partes que atacar deliberadamente a civiles (…) está prohibido por el derecho humanitario internacional y constituye un crimen de guerra” afirmó Deprose Muchena, responsable en África del Este y Austral de esta ONG.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se alarmó el martes de “la retórica altamente agresiva” de los dos bandos, temiendo que “desemboque en nuevas violaciones del derecho humanitario internacional”.
Divisiones en la ONU
En la ONU, europeos y africanos mostraron sus divisiones. La primera reunión del Consejo de Seguridad sobre el conflicto, organizada el martes a iniciativa de Sudáfrica, que preside actualmente la Unión Africana (UA), fue cancelada en un primer momento a petición de los países africanos, para dar más tiempo a la mediación.
Pero miembros europeos del Consejo –Bélgica, Alemania, Francia, Estonia, Reino Unido–, apoyados por Estados Unidos, anunciaron finalmente que la reunión se celebraría.
La UA, cuya sede se halla en la capital etíope, nombró a varios enviados especiales, esencialmente expresidentes africanos, para llevar a cabo una mediación.
Pero el lunes el portavoz de la célula de crisis gubernamental para el Tigré, Redwan Hussein, reiteró el rechazo del gobierno federal a abrir negociaciones. El gobierno solo “hablará con estos enviados (…) por respeto a los dirigentes africanos”, dijo.
Por su parte, Estados Unidos y Francia dijeron apoyar los esfuerzos de la UA.
