Fue a raíz de una solicitud de un grupo de concejales de Chillán, que la unidad de Jurídica del municipio local evacuó un informe respecto a las cobranzas por rentas de patentes realizadas durante la presente administración y así tener claridad y precisión respecto al cuanto de esos recursos.
Sin embargo, el resultado de ese balance no sólo entregó cifras exactas, sino que reveló que los procesos judiciales de cobranza que se arrastran, desde administraciones anteriores superan los $6 mil millones, de los que al menos la mitad ya son incobrables debido al cumplimiento del plazo de prescripción judicial.
Considerando que la cobranza judicial se inicia a través de la persecución del cobro judicial por parte de la unidad jurídica municipal, (mediante certificados) y por solicitudes voluntarias realizadas por los propios contribuyentes morosos a fin de regularizar la deuda, ambas, se deben realizar concursando un procedimiento ejecutivo que exige una demanda que se encausa en un juicio, por lo que termina siendo el tribunal quien resuelve el monto máximo y la modalidad de pago que se le impondrá al deudor.
Sin embargo, la abogada de la Muncipalidad, Roxana Lizama, advierte que “muchas veces nos envían certificados de deuda (para iniciar un proceso de cobro) que se encuentran prescritos, por lo tanto ya no es posible perseguir el cobro mediante un proceso ejecutivo, porque ya prescribió el plazo que otorga la ley, que en el caso particular de las patentes es de tres años”.
Conforme a las estadísticas que maneja la unidad jurídica del municipio chillanejo, en 2021 se remitieron para cobros ejecutivos, un total de 934 certificados de deudas; en 2022, un total de 1019; y en 2023, 638 a falta de pocos días para el fin del año, es decir 2591 en total.
Uno de los ejemplos expuestos ante el concejo, muestra el caso de un particular quien desde el año 1999 al 2019, acumuló una deuda de más $526 millones, monto por el que la actual administración municipal resolvió realizar una demanda judicial.
“El tribunal nos dice en la resolución que sólo podremos cobrar lo adeudado desde el 31 de julio del 2018 al 31 de julio de 2019 y nos fija una cuantía del juicio de $1.891.330 y esto porque se declaró la prescripción del periodo anterior, por lo que más de $524 millones del total de la deuda ya no son cobrables”, detalló.
Otro caso, es el de un colegio cuya deuda se arrastraba desde 1993 al 2019, es decir la entidad en su calidad de contribuyente, no pagó su patente durante 26 años lo que se traduce a una deuda que supera los $1.786 millones. En este caso, el tribunal declaró prescrita la totalidad de la mora y los montos no pudieron ser cobrados.
De todas formas, como la unidad de cobranza comenzó con este proceso, ya han logrado que ese mismo colegio sí pagara un total de $32.310.000 correspondiente a las tarifas de patentes vigentes en los últimos dos años.
Deficiencias administrativas
Fue el concejal Juan Pablo López, quien entregó una planilla que daba cuenta que las contribuciones no pagadas entre 2021 y 2022 se acercaba a los $6 mil millones, sin embargo, calculando los reajustes y haciendo un análisis de aquellas moras declarables como prescritas, lo que puede realmente llegar a cobrar la municipalidad en la actualidad, son $3.027.472.383.
Para el alcalde, Camilo Benavente, “sería injusto culpar a alcaldes anteriores como Aldo Bernucci o Sergio Zarzar, porque este es un problema que se repite en todo el país y no por asuntos de buenismos o perdonazos, sino porque en general los sistemas administrativos municipales, en ese sentido, presentan deficiencias. Deficiencias que, en esta administración estamos tratando de superar”.
Benavente aclara que hoy, a política de esta administración ha sido la de recaudar la mayor cantidad de la deuda posible y eso se ve reflejada en lo que se ha podido recaudar en los últimos años, es decir $151.696.866 en 2021;y $303.419.370 en 2022.
“Hemos recaudado una cantidad nunca antes vista, más de 752 millones de pesos, porque por otra parte, eso es la que la ciudadanía nos pide, que nos hagamos responsables de manera eficiente de las arcas municipales. Por ejemplo, en el mercado hay locatarios que nunca pagaron su patente, por más de 20 años, y eso no puede seguir así
