Para mañana miércoles 6 de diciembre la corporación Villa Jesús Niño, a través del abogado Pablo Navarro, presentará ante la Contraloría Regional un oficio con el que se busca ejercer acciones que motiven una fiscalización al proceder del servicio regional de Mejor Niñez, ante el caso de incumplimientos laborales, contractuales y de arriendo por parte de la Fundación Vivo Inclusión, que en 2022 fue contratada para hacerse cargo del programa de protección para los menores con situación de discapacidad.
En detalle, el escrito especifica que, por ejemplo, se hallaron cuentas de servicios básicos por sobre $8 millones que quedaron sin cancelar y una deuda impaga de más de $20 millones por concepto de arriendo, en perjuicio de la dueña de los inmuebles, Villa Jesús Niño.
Esta situación ya había sido constatada meses antes por los diputados Felipe Caamaño y Marta Bravo, quienes por caminos individuales exigieron respuestas y acciones a Mejor Niñez, entidad a la que en el escrito destinado a la Contraloría, se la pretende presentar como codeudora por los incumplimientos de la fundación Vivo Inclusión.
Precisamente, tras diversas fiscalizaciones ordenadas por la actual directora de Mejor Niñez, Virginia Alvayay -quien aclara que el contrato con Vivo Inclusión se firmó antes que ella asumiera la dirección- comenzaron a descubrirse las primeras irregularidades que fueron subsanadas por la fundación con domicilio en Valparaíso. Posteriormente, se siguieron descubriendo más anomalías administrativas, por lo que se llega a un acuerdo de cierre bilateral.
Pero faltaba más. “Durante el primer semestre del 2023, a partir de las fiscalizaciones se tomó la decisión de hacer una sanción a Vivo Inclusión, porque tenía anomalías muy fuertes desde el punto de vista financiero, sanción que está siendo cobrada por la unidad de Jurídica Regional y el 30 de junio, hicimos un cierre unilateral de la residencia”, explicó la directora.
Vivo Inclusión suma, entre julio de 2022 y septiembre de 2023, un total de 53 sanciones por parte de Mejor Niñez en la totalidad de las regiones del país, salvo en la Región Metropolitana, que van desde las amonestaciones, pasando por multas y cierres unilaterales.
“A la luz de la última fiscalización se da cuenta de un monto muy importante, que no tiene comprobantes, que no tiene facturas que registren ese gasto. Lo que yo hago es una denuncia a la Fiscalía por el posible delito de malversación de fondos públicos”, detalló Alvayay.
De manera paralela a esta causa, los trabajadores de la villa también iniciaron gestiones legales en el Tribunal Laboral de Chillán, por remuneraciones y cotizaciones impagas, por parte de la fundación porteña, que por cierto, tampoco se hizo cargo del proyecto educativo para la que fue contratada.
Por lo anterior, Mejor Niñez, hace poco terminó con el proceso de reubicación de estos menores en otras entidades similares.
Las remesas ya se entregaron
El abogado Pablo Navarro advierte que, si por un lado hay certeza que Mejor Niñez realizó fiscalizaciones a Vivo Inclusión, “en ninguna parte se nos ha informado respecto a qué o cuáles aspectos fueron los que se fiscalizaron, no sabemos si los puntos por los que estamos solicitando claridad, fueron los que ellos tomaron en cuenta”.
Por lo demás, denuncia que las deudas no pasan solo por compromisos impagos, “acá hubo daños graves a la propiedad y sustracción de especies”.
Es por esta razón que espera que, al menos, en materia de los dineros correspondientes al ítem de arriendo, la Contraloría establezca que Mejor Niñez asuma un rol de deudor solidario.
Sin embargo, la directora del servicio explica que legalmente eso es inaplicable, porque “nosotros pagamos mes a mes todas las remesas, así nos mandata el contrato, por lo tanto, el que no se haya pagado es una relación entre privados, porque esas platas, por parte del servicio, fueron entregadas a Vivo Inclusión”.
